El antifranquismo, el real, era otra cosa


Estoy lejos de creer que sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos sea, ni de lejos, una prioridad de este país. Pienso más bien que esa medida, como otras (la, al parecer, urgente supresión del masculino genérico de la Constitución) son en realidad una manifestación de la política de humo con la que ahora Sánchez, como antes Zapatero, mantiene entretenida a una parte de su hinchada, sin duda la más propensa a fijarse en los cambios aparentes en lugar de en los que suponen avances reales para el bienestar de España.

Es cierto, claro, que en toda política de gestos cabe distinguir los que, aún siendo humo, pueden estar justificados, de aquellos que suponen una actuación sectaria incompatible con el respeto a la igualdad ante la ley, propio de las sociedades democráticas. Y este es el caso de lo que acontece últimamente con Franco, por un lado, y con parte de su familia, por el otro.

Existe, así, una diferencia sustancial entre mantener enterrado a Franco en un lugar público destacado en el que reposan, además, miles de víctimas de la Guerra Civil que con su sublevación provocó el futuro dictador -lo que justificaría trasladar sus restos a otra parte- y el lamentable espectáculo que ha organizado la mayoría gobernante en el Ayuntamiento de Ferrol al haber tomado dos decisiones a cada cual más arbitraria: expropiar la tumba en la que reposan los abuelos paternos del dictador, una tía y una hermana; y negar permiso a su familia para enterrar a Franco en la ciudad donde nació, si su exhumación de Cuelgamuros llegara a producirse.

Aunque el alcalde ferrolano justifica la primera de esas decisiones en que «a unidade de todos os demócratas debe imperar para eliminar calquera vestixio do franquismo e do fascismo que tanto sufrimento trouxo ao noso país», no parece que tal impulso, que comparto, deba afectar a la familia del tirano. Esta, como la de cualquiera, no lo es por elección, a menos que estemos dispuestos a restaurar una institución medieval: que las penas por las fechorías que alguien hubiera cometido también las pague su familia. Sobre la segunda decisión -negar, 43 años después de su fallecimiento, el eventual entierro de los restos del dictador en la tumba donde reposan sus abuelos- sería una vendetta impropia de una sociedad regida por las reglas del derecho. Tan es así que el propio alcalde ferrolano reconoció, antes de la rectificación que le impuso el BNG, que nada tenía que decir el consistorio sobre lo que él consideraba, con buen criterio, una decisión estrictamente privada de los Franco. Como pueden imaginar, soy plenamente consciente de que escribir este artículo desatará las iras de la jauría que se esconde en la Red tras el anonimato, que me llamará de todo menos bonito. Pero ese es el precio que pagamos los que, habiendo luchado contra Franco, seguimos, como entonces, haciéndolo contra la arbitrariedad de los que mandan.

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El antifranquismo, el real, era otra cosa