La corrupción del periodismo


La «operación Enredadera», la última gran actuación contra la corrupción, no ha tenido demasiada repercusión fuera de Castilla y León, pero es mucho más grave que una simple trama local. No solo porque afecta a muchos ayuntamientos, hay un aspecto especialmente preocupante: que el periodismo se haya convertido en un eficaz instrumento de corrupción.

Siempre ha habido periodistas venales y empresas de comunicación que se han puesto al servicio del poder. Aunque sea inevitable, eso menoscaba la credibilidad de los medios, pero daña mucho más a la profesión que sean ellos los que corrompan a los políticos en beneficio de sus dueños. No tiene nada que ver con la legítima pretensión de influir en las decisiones de los gobernantes, o en la opinión pública, desde determinadas posiciones ideológicas, aquí el único límite ético sería el respeto a la verdad, sino que se trata de auténticos chantajes a los cargos públicos para que otorguen contratos a sus empresas, de sectores ajenos a la comunicación, y hagan la vista gorda con sus trapacerías.

No hay todavía sentencias, aunque algunos de los implicados estén en prisión, por lo que es necesario respetar la presunción de inocencia, pero las conversaciones grabadas que figuran en el sumario han sido realizadas por la policía con autorización judicial. Conduzcan o no a condenas, hay que presumir que son ciertas y, aunque en este país se confunda interesadamente, no es necesario que una conducta conlleve sanción penal para que sea ética y políticamente reprobable.

En una de las conversaciones publicadas por El Norte de Castilla y el diario digital Leonoticias puede leerse: «AL (Ángel Luis, 'El Patatero') [uno de los empresarios encarcelados, propietario de El Faro Astorgano] (asegura) que Silván [el alcalde de León] es el tonto útil de José Luis (Ulibarri) [el otro empresario, dueño de Diario de León y de un pequeño imperio mediático en la comunidad autónoma], que si se mueve un poco le pone en la puta calle. AL que él (AL) es la propiedad y que él (Silván) es un empleado como Joaquín, Pablo Lago o Santiago Sarmiento. Que él (Silván) sabe parte de la jugada de Ciudadanos en la Junta. AL (Ángel Luis) que ha estado con José Luis (Ulibarri) estos días y está todo ordenado, que es un empleado y que si no interesa en una semana lo echan, que es solo un empleado y va a luchar por conservar el puesto. AL que a él (Silván) se le invita a alguna comida, pero cuando hay algo que tal va Joaquín o Pablo, que es un tonto útil, como los alcaldes de Palencia, Astorga o Ponferrada».

La imagen de los alcaldes convertidos en «empleados» o «tontos útiles» queda seriamente dañada. Podría tratarse de una baladronada, pero la conversación, también publicada por diversos medios, en la que el alcalde de León informa a Ulibarri sobre la adjudicación de un concurso público es ya un hecho concreto, que ha llevado al PSOE a anunciar que presentará una moción de censura contra él. Un concejal del PP ha tenido que abandonar sus responsabilidades a causa de su imputación. En otros periódicos se han publicado conversaciones en las que el empresario ordenaba a directores de sus medios que presionasen a políticos o que los tratasen adecuadamente. El extraño desplazamiento por el PP del anterior alcalde leonés, Emilio Gutiérrez, que no contaba con las simpatías del diario de Ulibarri, puede dar pábulo a las sospechas. Las últimas informaciones señalan que incluso pretendió influir en la designación del sucesor de Juan Vicente Herrera.

Este remedo castellano y leonés de Randolph Hearst, implicado también en el caso Gürtel, posee cuatro periódicos, la mitad de la televisión regional, millonariamente subvencionada por la Junta, y emisoras de radio, pero sus negocios residen en la construcción, que le hizo rico, y otras empresas de servicios. A diferencia del original, parece que no utiliza sus medios para defender a ultranza una ideología, o su promoción política personal, sino sus intereses empresariales. Ese es el motivo de que haya políticos investigados de tres partidos distintos, aunque la mayoría pertenezca al PP, el hasta ahora hegemónico en la comunidad autónoma.

Para los políticos chantajeados la amenaza es seria, su imagen o su labor pueden ser destrozadas por una campaña de prensa contra la que difícilmente podrían defenderse. Es cierto que deberían plantar cara y denunciar las presiones, aunque eso supusiese el final de su carrera ?en las conversaciones se comprueba que hubo quien se resistió?, pero también es fácil comprender que alguno hubiera podido ceder, incluso sin haber obtenido lucro personal; habrá otros casos en los que la colaboración sea voluntaria, hasta entusiasta, como el de Sadat Maraña, de Ciudadanos, según informa Ileón. El juicio dilucidará actitudes y responsabilidades, aunque, insisto, una cosa son las penales y otra las éticas.

Veremos cómo y cuándo se resuelve este caso, la justicia es lenta, pero el problema principal reside en que ha sacado a la luz una grave amenaza para el periodismo. Es delicado, pero por el bien de la profesión y de la democracia, para la que es imprescindible, quizá debería impedirse que empresarios que contraten con la administración puedan poseer medios de comunicación, salvo que esos contratos estén directamente relacionados con la información, la edición, la educación o la divulgación.

Puede discutirse sobre si es o no necesaria la existencia de medios públicos y en qué condiciones, sobre si se debe limitar la concentración en pocas empresas, pero lo indiscutible es que para que cumplan su función deben ser profesionales y tener como objeto la información y la opinión, pero nunca convertir su influencia en una herramienta para corromper la sociedad. El periodismo es demasiado importante, este caso debe ser una llamada de atención, no puede ser soslayado.

Valora este artículo

15 votos
Comentarios

La corrupción del periodismo