Lo enredado se está desenredado

OPINIÓN

22 ago 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

Si la corrupción no fuese endémica en nuestro país y sus consecuencias para las arcas y empresas públicas tan desastrosas, la trama llamada «Enredadera» y sus consecuencias en los diferentes ayuntamientos implicados, sería para tomárselo en broma. ¿Cómo puede ser de otra manera cuando el líder de la trama tiene por apodo «el Patatero» y padece de incontinencia verbal, por lo menos telefónica?

Probablemente, más que un simple personaje de tebeo digno de Ibáñez, el dicho «Patatero», de su verdadero nombre Ángel Luis García Martín, al igual que todos los cabecillas corruptos en las diferentes tramas existentes se haya creído intocable, llegando así la conclusión de que podía actuar impunemente. La trama «Enredadera» toca decenas de municipios en diferentes comunidades, y como no podía ser de otra manera, la nuestra, Asturias, está entre ellas. Como también lo están -entre las decenas de municipios investigados- el de Oviedo y el de Gijón.

Naturalmente, tanto el gobierno del Principado, como los ayuntamientos implicados, desmienten que haya habido contactos por parte de los cabecillas de Enredadera con ediles o personas destacadas de dichas instituciones para obtener adjudicaciones amañadas. Aunque la Consejería de Servicios Sociales haya reconocido la existencia de dichas adjudicaciones, ésta mantiene que todo lo que ha sido adjudicado se hizo dentro del marco impuesto por la ley.

No quiero aquí hablar de las implicaciones a nivel nacional de la trama, sin embargo, como ciudadano de Gijón quiero saber qué consecuencias dicha trama tuvo en mi región y en mi ciudad. Leyendo la prensa me encuentro con que «el principado contrató con dos empresas de la trama dentro del periodo investigado», titular de La Nueva España. Una de ellas, Aralia Servicios Sociosanitarios, empresa de José Luis Ulibarri, hoy día en prisión, obtuvo dos contratos de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado: la gestión del servicio de centros de día para mayores dependientes y la intervención técnica especializada con menores alojados en centros.

De por sí, esta información ya levanta sospechas. Pero cuando salió a la luz que el ayuntamiento de Gijón adjudicó el Servicio de Ayuda a Domicilio a Aralia, ya casi esas sospechas se transforman en certitudes. Y claro está que uno no pude evitar que por su mente pase la hipótesis de que quizás hoy tengamos la repuesta del porqué, una vez votada la resolución de remunicipalización del Servicio de Ayuda a Domicilio en un pleno, la corporación se echó posteriormente para atrás en otro.

Que no se extrañen aquellos, que al amparo de los «famosos estudios» realizados por los servicios técnicos del Ayuntamiento y de los argumentos falaces empleados -bien sea  por unos u otros- impidieron que esa remunicipalización se realizara votando en contra o absteniéndose, hoy, se les sospeche de haber favorecido la caída del SAD en manos de un corrupto encarcelado.

Ahora vemos en que quedaron el seguimiento y las exigencias, por parte del ayuntamiento, que abrumadoramente unos y otros prometían imponer a la futura empresa que obtuviera la gestión de dicho servicio. Si a lo largo del tiempo transcurrido entre los diferentes plenos para decidir si sí o no se aplicaría la remunicipalización del SAD, el futuro de la plantilla estaba en tela de juicio, ¿qué decir hoy? Si ya entonces, las personas beneficiando de las atenciones de dicho servicio tenían razón de estar preocupadas por la situación que se le estaba imponiendo a la plantilla del SAD, ¿cómo no van a estarlo hoy?  

Hoy, la oposición puede exigir tan abrumadoramente que lo hicieron ayer para hacer promesas, explicaciones a la alcaldesa en un pleno extraordinario, pero entre esa «oposición» hay miembros que deberían hacerse un examen de consciencia, si es que tal cosa significa algo para ellos. Deberían reflexionar sobre sus decisiones durante el tiempo que duró el debate sobre la puesta del SAD bajo responsabilidad del ayuntamiento. Quizás llegarían a la conclusión de que no están, ni estarán exentos de responsabilidades en cuanto al futuro de este servicio tanto para los beneficiarios de sus atenciones como para la plantilla.