Me ocurre todos los veranos. Imagino que a muchos de ustedes también. Regreso de mis vacaciones. Me dispongo a ver alguna de las series que sigo y, como me he perdido varios capítulos, la trama me resulta incomprensible. Como periodista, sin embargo, hay un culebrón, el del llamado procés, que me he visto obligado a seguir. Y por eso, aunque les adelanto que los guionistas parecen haber enloquecido, puedo ponerles al día, advirtiéndoles de que el artículo contiene algún spoiler. En julio, antes del éxodo veraniego, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena había procesado por rebelión a Carles Puigdemont. Antes de partir, algunos de ustedes quizá tuvieron tiempo todavía de ver el último chiste. Aquel en el que, en un escrito presentado el 31 de julio, el forajido expresidente catalán, que salió de España escondido en un maletero para escapar de la Justicia, exigía al Tribunal Supremo que no le calificara de «huido» en sus autos porque el término resultaba «peyorativo». Él era, según decía, un «procesado ausente».
El gag parecía insuperable. Pero, en una pirueta de guion, ahora es el prófugo quien demanda al juez ante la justicia belga, desde su dacha de Bruselas, con un escrito delirante en el que el presunto malhechor descalifica a todo el sistema judicial, situando a España «al lado de Kazajistán entre los Estados delincuentes que se niegan a someterse a los principios que rigen los derechos fundamentales universales». Ignoro qué tiene que ver en esto Kazajistán, pero entiendo que ante semejante ataque frontal al Estado de derecho la obligación de cualquier Gobierno es poner de inmediato todos los medios para amparar al magistrado. En lugar de eso, el Ejecutivo emitió un comunicado en el que aseguró que «en ningún caso» asumiría la defensa de Llarena «por los actos privados que se le atribuyen». Para entender semejante indignidad, hay que saber que Pedro Sánchez preside el Gobierno español gracias a los votos de quienes tachan a España de «Estado delincuente» pero cobran de ese Estado español como diputados. A estas alturas no sé si me siguen.
El mayúsculo escándalo ha obligado a Sánchez a su enésima rectificación. Y si antes no iba a defender a Llarena «en ningún caso», ahora lo hará «hasta sus últimas consecuencias». La torpeza del Gobierno sería cómica si no fuera porque en medio de este enredo la trama se ha vuelto violenta, con acoso físico al juez Llarena y sus familiares, agresiones brutales y persecución policial a ciudadanos que defienden la legalidad en Cataluña retirando lazos amarillos de espacios públicos, llamadas del presidente catalán, Joaquim Torra, a «atacar el Estado español» y Puigdemont amenazando con un «conflicto violento».
El Gobierno debe poner fin de inmediato a esa peligrosa escalada, dejar de contemporizar con quienes la promueven y defender con firmeza a Llarena y al Estado español de las calumnias del huido Puigdemont. Y también, por cierto, actuar con contundencia diplomática frente a Bélgica en caso de que se admita la impresentable demanda.