El dinero de los españoles no está para defender a un juez. Hacerlo sentaría un precedente gravísimo. La intervención del Gobierno puede suponer un grave atentado contra la soberanía del Estado y contra la independencia de los órganos jurisdiccionales. Es obvio. Tanto como que la instrucción del juez Llarena no ha sido, por lo visto, todo lo rigurosa que sería exigible en un miembro del Supremo. Pero nada de esto hubiera justificado que el Gobierno abandonase al magistrado en la demanda civil presentada por Puigdemont ante la justicia belga. Porque sería no entender el fondo del requerimiento, que no es otro que poner en jaque, otra vez más, ante los ojos de Europa la Justicia española y nuestro sistema democrático. El juez Llarena es el tonto útil de Puchi para arremeter contra el Estado español. Lo que se esconde tras la demanda al juez es un nuevo desafío al Estado de Derecho presentándolo ante la justicia extranjera como un país sin derechos. Lo de Bélgica es un capítulo más de esa disparatada estrategia de igualar a España con la Turquía de Erdogan o con Albania, y de decirle al mundo que aquí pateamos a diario las libertades. Aunque para ello haya que falsear una traducción del francés. Que no parece que sea tan difícil hacerla bien. El Gobierno de Rajoy cometió un error imperdonable, uno más, judicializando la política. Y el de Sánchez ha estado a punto de ponerse a su altura desasistiendo a Llarena por no entender que lo que pretende con esto el independentismo es triturar a España. Ese independentismo catalán que se hace acompañar de los neonazis europeos y que estos días debe de andar llorando por las esquinas por lo del Valle de los Caídos porque para eso la burguesía catalana fue uno de los apoyos más sólidos y rentables del ejecutor ferrolano.

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