Un año del golpe parlamentario

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El seis y el siete de septiembre del año 2017, hace ahora exactamente un año, se celebraron en el Parlamento de Cataluña dos plenos que constituyen las páginas más negras de la reciente historia democrática en España. En aquellas dos ignominiosas jornadas, los partidos secesionistas pasaron de ser los representantes democráticos de una ideología trasnochada y victimista, basada en la creación de falsos mitos, la mixtificación sistemática de la historia y la ensoñación de una Cataluña independiente que nunca existió, a convertirse en responsables y artífices de un golpe de Estado perpetrado desde el poder.

Incumpliendo de manera consciente la Constitución y vulnerando obscenamente el propio reglamento de la Cámara para la que habían sido elegidos, así como las advertencias de sus letrados, los diputados independentistas aprobaron esos días, pisoteando los derechos de una oposición a la que se negó cualquier posibilidad de réplica, las llamadas «leyes de desconexión». Un engendro legal disparatado, falto de cualquier atisbo de licitud y absolutamente antidemocrático que constituye el germen del golpe y de la tragedia política, económica y social que los catalanes llevan padeciendo desde hace un año.

Ahora que algunos pretenden minimizar la responsabilidad política y judicial de quienes protagonizaron aquella infamia y aquel ataque a las libertades de todos los catalanes y del resto de españoles, y cuando muchos, incluso en las filas no independentistas, apelan a la necesidad de hacerles concesiones e impedir que se les juzgue para resolver el «conflicto», conviene recordar que, como consecuencia directa de aquel infausto pleno, más de 4.000 empresas huyeron despavoridas de Cataluña, la economía catalana sufrió un gravísimo quebranto económico y se produjo una fractura social sin precedentes que amenaza hoy con degenerar en peligroso enfrentamiento civil. El nombre y el prestigio internacional de Cataluña quedaron desde entonces arrastrados por el suelo, hasta el punto de que numerosos países advierten hoy a sus ciudadanos del riesgo que implica viajar a un territorio en el que grupos incontrolados de radicales independentistas se adueñan cada día del espacio público provocando graves desórdenes que pueden degenerar en violencia.

Todo esto no ha sucedido de manera espontánea ni porque los independentistas catalanes, que llevaban décadas existiendo y participando con naturalidad en las elecciones autonómicas y generales -y asumiendo por tanto la Constitución-, se levantaran un día al unísono decididos a destruirse a sí mismos y a tirar por la borda lo conseguido en 40 años de autogobierno. Hay unos responsables directos de esos hechos delictivos y antidemocráticos que están procesados o huidos de la justicia y que deben pagar por el daño inmenso que han provocado a los catalanes. Y si un año después de aquellas dos ignominiosas jornadas parlamentarias alguien pretende repetirlas saltándose de nuevo todas las leyes y la Constitución, deberá seguir el mismo camino.

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