Posiblemente el lector espera de este cronista unas lágrimas por la pérdida de Soraya Sáenz de Santamaría para la política española. Denlas por derramadas: España está desperdiciando valores políticos cuya pérdida daña la calidad democrática. Hoy creo que hay un asunto de mayor trascendencia histórica que me permito dibujar en dos trazos gruesos: el Estado, en bloque, contra el independentismo. El independentismo, en bloque, contra el Estado. Ese es el sentido de las últimas horas del conflicto desatado en Cataluña y que tuvieron su reflejo en la apertura del año judicial, presidida por el Rey, y en Barcelona, donde anoche hubo una marcha por la independencia y la libertad de los presos y hoy se celebrará una Diada que se prevé de asistencia masiva. Habló la ley con evidente claridad y habla la mitad de la calle con toda su fuerza. Tomemos nota de los discursos y los hechos, porque son el aviso de que la confrontación alcanza un nuevo y peligroso nivel.
Aquí están los indicios con tres protagonistas: primera, la fiscal general, María José Segarra, que resiste las presiones, advirtió que no puede haber excepciones a la ley y respaldó a los fiscales de Cataluña que dan «una adecuada respuesta a la grave situación». En principio, no se puede esperar de la señora Segarra ninguna actuación que dulcifique la acusación del delito de rebelión. Segundo, el presidente del Tribunal Supremo, señor Lesmes, que aseguró que cuando la Constitución resulta golpeada tiene derecho a defenderse. Y tercero, la respuesta de la Cataluña separatista, que desoye las advertencias y encamina las movilizaciones a forzar a los poderes del Estado a «mover ficha».
Ya no estamos, por tanto, ante una discusión política teórica. Estamos entrando en una fase de reto: del Estado, con sus armas jurídicas, a pesar de que Pedro Sánchez se pronuncia muy poco -nada en su último discurso- en ese aspecto. Y de los movimientos populares, instados a la agitación, aunque el otro presidente, Quim Torra, se preocupa de envolver sus llamamientos con un celofán de pacifismo. Falso, por supuesto, porque las amenazas de abrir las cárceles o de no aceptar sentencias es lo más parecido al desacato y probablemente a la insurrección.
Esa palabra, insurrección, estuvo estos días en informaciones oficiosas. Y probablemente esté en las intenciones últimas de Torra cuando afirma que, si el Gobierno no acepta pactar un referendo de autodeterminación, él dará por válido el mandato del celebrado sin garantías el 1º de octubre de 2017.
Volvemos a estar en días cruciales. Por eso se envían tantos policías a Cataluña. Ya no hay solo un conflicto entre gobiernos. Ya es, abiertamente, un choque frontal con la legalidad.