La vista ha sido aplazada por problemas técnicos relacionados con una prueba y una citación
17 jul 2017 . Actualizado a las 16:37 h.El juicio previsto para hoy en el Juzgado de lo Penal número 2 de Avilés contra los administradores de una empresa de autobuses, padre e hijo, acusados de estafar al Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) ha sido suspendido por un problema técnico relacionado con una prueba y una citación.
El juicio, que se celebrará en octubre o noviembre, se ha suspendido debido a que hay una prueba, concretamente un CD con los datos de las cancelaciones de billetes fraudulentas, que se destruyó y recientemente se repuso, que no ha sido trasladada a la otra parte, y para evitar así que se aduzca indefensión.
Otro motivo para la suspensión del juicio es que se tenía que haber citado al representante legal del CTA y no se hizo, según han apuntado fuentes judiciales.
La Fiscalía del Principado solicita una pena de dos años y medio de cárcel para los administradores de una empresa de autobuses acusados de estafar durante más de 2 años al CTA mediante la simulación de viajeros ficticios.
La empresa de los acusados, primero administrada por el padre y luego por el hijo, ha sido concesionaria del contrato de transporte público regular de viajeros por carretera en los concejos de Avilés y Gozón.
Esta empresa utilizaba el llamado billete único, comercializado por el organismo público Consorcio de Transportes.
Los usuarios de estos billetes abonan al adquirirlo un precio reducido por cada viaje, compensando el CTA a la empresa concesionaria por la diferencia entre lo pagado por el usuario y el coste total del trayecto.
Además, estos billetes permiten al usuario realizar un número determinado de transbordos entre distintos trayectos en un espacio limitado de horas, abonando sólo el primer viaje, mientras que el Consorcio paga a la empresa concesionaria todos los viajes realizados.
Los autobuses de la empresa disponían de máquinas donde se efectuaban las cancelaciones de viajes de las tarjetas por parte de los viajeros.
Según la Fiscalía, desde el 22 de diciembre de 2010 hasta el 6 de febrero de 2013, los acusados utilizaron 3.739 veces de forma fraudulenta el billete único, en su modalidad Bono 10.
Así, tanto personalmente como empleados de la empresa, por orden de los acusados, adquirieron tarjetas Bono 10 y las cancelaban con los equipos existentes en los autobuses, simulando viajeros no existentes, a la vez que también realizaban cancelaciones de transbordos ficticios.
De esta forma, la empresa obtenía la compensación de 0,39 euros por cada una de esas cancelaciones de tarjetas que, en realidad, no suponían viaje alguno de usuario real.
Además de la pena de cárcel por un delito de estafa, la Fiscalía interesa que se les imponga a los acusados el pago de una indemnización conjunta al Consorcio de Transportes de 3.461 euros.
La acusación pide, además de una indemnización, pena de tres años de cárcel para los acusados.