Mieres y Langreo exigen al Principado seguridad jurídica en los planes de empleo

«La actual normativa aboca a los ayuntamientos a incurir en fraude de ley», denuncian


Mieres

Los Ayuntamientos de Mieres y Langreo han exigido este martes al Principado que garantice la seguridad jurídica de los planes de empleo y han denunciado que sin cambios en la modalidad de contratación a nivel estatal, «seguirá habiendo dudas legales sobre este tipo de contratos».

El vicealcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, y el concejal de Empleo, Juan Ponte, han mantenido una reunión con la concejal de Empleo de Langreo, Vanesa Llaneza, y representantes de la Asociación de Parados del Valle del Nalón (Adepavan) - para abordar el futuro de los planes de empleo y valorar la posición de los Gobiernos locales ante estas contrataciones. En este sentido, los Gobiernos de Mieres y Langreo han exigido un cambio en la modalidad de contratación «porque la actual aboca a los ayuntamientos a incurrir en fraude de ley».

Los concejales de Empleo de Mieres y Langreo han incidido en la necesidad de cambiar la modalidad de contratación y han alertado «de la inseguridad jurídica que estos planes de empleo suponen para ambas partes, no solo para las administraciones públicas ya que en el caso de los trabajadores, existe una confusión de perfiles profesionales y percepciones salariales que puede llevar a que una persona en un plan de empleo cobre un salario muy inferior al personal laboral del ayuntamiento por una misma labor».

Los Gobiernos de Mieres y Langreo defienden además «empleos y salarios dignos», algo que «no se da en los planes de empleo por varias cuestiones». El motivo principal es la reducción de las subvenciones de los fondos europeos para este fin, lo que se suma al hecho de que el Principado «marca el dinero destinado de la subvención por cada trabajador». El objetivo es, por tanto, la contratación masiva pero con salarios precarios, algo que se rechaza desde Mieres y Langreo. Una contratación, además, que «no logra alcanzar los objetivos fijados, entre ellos el de la inserción laboral».

Ambos consistorios lamentan que el Principado vaya a publicar mañana las bases reguladoras «sin haberlas consensuado previamente con los ayuntamientos». En este sentido, ambas administraciones ya habían enviado varios escritos a la FACC pidiendo recibir información detallada sobre las novedades y planteamientos que se habían puesto sobre la mesa en la reunión mantenida entre la directora general del SEPEPA, la FACC y representantes sindicales.

Sin embargo, no recibieron ningún tipo de información por lo que las bases reguladoras se publicarán «sin el amplio consenso que un tema de este calado e importancia requiere y sin las aportaciones directas de los propios ayuntamientos, que serían los responsables de contratar».

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