Merkel bloquea la prórroga concedida a España para cumplir con el déficit

Cristina Porteiro
cristina porteiro BRUSELAS / CORRESPONSAL

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FABRIZIO BENSCH | Reuters

Solicitó al Consejo Europeo un informe jurídico que pincha el balón de oxígeno

04 jun 2016 . Actualizado a las 10:37 h.

Guerra sin tregua a los incumplidores. Ni a Alemania ni a los tradicionales halcones del euro les ha temblado el pulso a la hora de exigir explicaciones a los servicios jurídicos del Consejo Europeo para aclarar por qué Bruselas se permitió el lujo de otorgar al Gobierno español un año más de gracia para cumplir con el objetivo de déficit. Todo ello sin decidir si abría o no un procedimiento sancionador contra España por violar de forma reiterada las normas del maltratado Pacto de Estabilidad.

«Tenemos muchas dudas al respecto, creemos que no se ha actuado bien», asegura una fuente diplomática alemana. La obsesión germana por la ortodoxia fiscal llevó al Gobierno de la canciller, Angela Merkel, a romper la tregua política preelectoral con el único socio conservador que le queda al sur de Europa, Mariano Rajoy. Berlín pidió al Ecofin que solicitase ese informe en el que se pone de relieve la dudosa ingeniería legal que utilizó la Comisión Europea para echarle un cable al Gobierno del Partido Popular de cara a las próximas elecciones generales, el 26 de junio.  

Bruselas decidió el 18 de mayo aplazar la multa a España a pesar de la multitud de voces dentro del Ejecutivo comunitario que exigían castigar la relajación fiscal del Gobierno español en el año 2015 y el incumplimiento reiterado del objetivo de déficit a lo largo de los últimos seis años.

La decisión, polémica y muy frustrante para algunos comisarios europeos, vino acompañada de un segundo regalo para el Gobierno de Mariano Rajoy. Una prórroga «no oficial» para situar el déficit por debajo del 3 % en el 2017. Una victoria para el presidente en funciones y una derrota para el futuro Ejecutivo, que deberá sacar las tijeras y aprobar ajuste por más de 8.000 millones de euros en los próximos dos años. 

¿Qué dice el informe?

Asegura que la base legal esgrimida por Bruselas para otorgar el balón de oxígeno a Mariano Rajoy no es válida. No se puede utilizar el brazo preventivo del Pacto de Estabilidad para dar más tiempo mientras se ignoran los procedimientos del brazo correctivo en el que está inmerso el país. En otras palabras, no se puede conceder una prórroga y frenar al mismo tiempo el proceso sancionador que deberían haber abierto a España.

Los servicios jurídicos del Consejo Europeo dan la razón a Alemania. Sacan los colores al Ejecutivo de Bruselas, al que se le ha acusado de actuar siguiendo intereses políticos.

El documento no es vinculante. La pataleta alemana llega tarde. Cualquier decisión sobre una eventual multa o prórroga a España vendrá después de las elecciones. El portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, descartó ayer cualquier cambio en la hoja de ruta prevista. El equipo de Jean Claude Juncker esperará a que pasen las elecciones para abordar de nuevo la situación de España, su petición de prórroga y decidir si deja caer la guillotina y abre el procedimiento sancionador que puede conllevar una multa de hasta 2.000 millones de euros y la congelación de fondos europeos.

Revuelo político

El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, fue el primero en desenvainar la espada al admitir que el Gobierno alemán no estaba «contento» con la doble decisión de Bruselas. En el frente hostil a España también se situó el siempre belicoso presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, quien rechazó de plano la tregua por estar en época preelectoral. El holandés pone en cuestión la credibilidad de la Comisión Europea, le reprocha la falta de compromiso con los acuerdos vigentes y ataca a Juncker por mostrarse laxo con países como España o Francia.

Los socios más pequeños ven la decisión como una maniobra de favoritismo. «No hacemos diferencia entre países grandes o pequeños», se defiende la Comisión. Sin embargo, en algunas capitales todavía resuenan las palabras de Juncker asegurando en París que al Gobierno galo se le daba más tiempo porque «¡es Francia!».