La compañía asegura que es una multa «leve», de 1.200 euros, que se debe a un fallo operativo
28 sep 2016 . Actualizado a las 14:16 h.La Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo del Gobierno de Asturias ha abierto expediente sancionador a Telecable de Asturias S.A. por aplicar una subida de tarifas de forma unilateral sin informar a los usuarios de su derecho de desistimiento, esto es, de poder resolver el contrato sin tener que pagar penalización alguna, según ha informado FACUA. La empresa sostiene que es una sanción «leve», de 1.200 euros, que está motivada por un fallo operativo, ya que asegura que avisaron con un plazo de 22 días cuando la legislación obliga a informar con una antelación de 30 días.
La resolución de la Agencia de Consumo, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Asturias, llega tras la denuncia presentada por la asociación FACUA-Consumidores en Acción en noviembre de 2015 tras constatar que Telecable advertía a sus clientes de que, a partir del 1 de enero de 2016, les empezaría a cobrar dos euros más. La empresa modificaba de esta forma, y de manera unilateral, las condiciones de los contratos suscritos con los usuarios. Sin embargo, en la carta que les fue remitida, Telecable no informó en ningún momento del derecho de desistimiento que asiste a aquellos clientes que no estén conformes con la subida de las tarifas.
FACUA argumentó en su denuncia que al no informar expresamente en forma alguna de ello, la empresa vulneraba el Real Decreto 899/2009, por el que se aprueba la carta de derechos del usuario de servicios de comunicaciones electrónicas, y que estipula que «los operadores deberán notificar al usuario final las modificaciones contractuales con una antelación mínima de un mes, informando expresamente en la notificación de su derecho a resolver anticipadamente el contrato sin penalización alguna».
Reembolso de las cantidades
FACUA reclamó a la Agencia de Salud medioambiental y Consumo que anulase dicha subida y que reembolsara todos los importes que Telecable haya podido cargar a sus clientes como consecuencia de sus nuevas tarifas.
Así, la resolución advierte de la apertura de expediente sancionador a la empresa de telecomunicaciones «por incumplimiento de las normas relativas a documentación e información establecidas obligatoriamente como garantía para la protección del consumidor y usuario».