¿Es posible una renta básica universal para un millón de asturianos?

Los economistas se dividen entre los que creen que desincentiva el empleo y produce un efecto llamada y los que defienden la redistribución de la riqueza. Otros prefieren una renta garantizada

Billetes de 500 euros
Billetes de 500 euros

Oviedo

La renta básica universal fue la propuesta estrella de Podemos para las elecciones europeas de 2014, e hizo correr ríos de tinta tanto a favor como en contra, con argumentos como que reduciría la desigualdad y otorgaría poder de negociación a los trabajadores, por un lado, o, por el otro, que sería imposible de financiar y supondría un fuerte desincentivo al trabajo. Hoy los economistas siguen divididos al respecto: no hay acuerdo sobre si es posible y deseable que cada ciudadano perciba un ingreso mensual por el mero hecho de serlo, y si bien es cierto que la mayor parte de ellos rechazan la idea, también hay en el gremio voces autorizadas que, desde la izquierda pero también desde la derecha, se muestran partidarias de ella, como las del belga Philippe van Parijs, la escocesa Alisa McKay, el griego Yanis Varoufakis o los premios Nobel de economía Christopher Pissarides y Angus Deaton. Otros no son favorables a la renta básica pero sí a la garantizada, esto es, un ingreso generoso para todas las personas en situación de necesidad. Y otros no ven la básica factible a corto plazo, pero sí al largo, atravesando primero una fase de implementación de la garantizada.

¿Sería entonces viable económicamente fijar una renta básica para un millón de asturianos? En el Principado, se oponen a la renta básica economistas como Carlos Monasterio y Santiago Álvarez. En opinión de ambos, «la renta básica universal forma parte de ese conjunto de ideas que son, digamos, moralmente muy atractivas pero económicamente bastante ingenuas». Otros economistas de la región rechazan también la renta básica como «poco realista» pero abogan abiertamente por la garantizada, caso de Begoña Cueto. Y finalmente hay otros que representan la tercera opción, esto es, la de caminar hacia la básica implementando primero la garantizada y una serie de reformas fiscales y laborales que la hagan posible. Entre ellos se encuentra el allandés  Segundo González, responsable del área de Finanzas y Transparencia de Podemos a nivel nacional, que ve la renta básica como una manera de paliar el hecho de que la sociedad «produce cada vez más beneficios, pero esos beneficios están cada vez menos repartidos»

La economía del maná

Argumenta Monasterio que «esto viene a ser la economía del maná: si todo lo que necesitamos para comida, vestimenta, vivienda y bienes de consumo cae del cielo, no nos hace falta trabajar para conseguirlo, y pasamos a dedicarle todo el tiempo al ocio». Cree el economista que «eso sería ideal, pero difícilmente posible, porque ese desincentivo al trabajo puede generar un efecto pescadilla que se muerde la cola: si nadie trabaja ni paga impuestos, no hay recaudación y el programa no se puede sostener». Monasterio pone un ejemplo gráfico: «para que yo», dice, «pueda pagarme un viaje al Caribe con mi renta básica, tiene que haber alguien que diseñe y construya el avión, alguien que lo conduzca y, en el Caribe, alguien que me haga la comida y la cama: si toda esa gente percibe también una renta básica y, con todo derecho, dice que no le apetece hacerme la cama y pilotar mi avión, me quedo sin viaje».

El del desincentivo al trabajo no es el único punto del argumentario de los economistas contrarios a la implementación de la renta básica universal. Otro economista asturiano, Santiago Álvarez, recuerda que España forma parte de la Unión Europea, y que ello conlleva determinadas obligaciones que hacen quimérica una propuesta de ese tipo. «En la Unión Europea», expone, «hay libertad de circulación y de establecimiento de personas, y si se implementara la renta básica eso sería susceptible de generar un efecto llamada importante, un flujo de personas hacia España para obtenerla».

Tanto Álvarez como Monasterio señalan además algo que, a juicio del segundo, «conviene tener en cuenta: la reflexión teórica sobre la imposición y la redistribución es muy antigua, se remonta a varios siglos, y la renta básica universal no es una propuesta nueva, pero no hay ningún país de la OCDE que la haya puesto en práctica». Explica Monasterio que «cuando se ha puesto en práctica algo similar, han sido experiencias limitadas» y que «programas de redistribución hay muchos, pero todos tienen algún tipo de filtro: que esa persona esté en situación de necesidad extrema o que antes haya hecho un esfuerzo laboral o productivo».

Argumentos a favor

Los argumentos a favor de la renta básica no son menos sólidos que los contrarios. Así los expone Segundo González: «la sociedad», dice, «produce cada vez más beneficios, pero esos beneficios están cada vez menos repartidos». Expone González que «estamos inmersos en un cambio del modo productivo en el capitalismo avanzado que hace que la frontera entre trabajo y no trabajo sea cada vez más difusa y que el factor trabajo vaya siendo menos necesario y lo vaya siendo más el factor conocimiento». Explica el diputado podemita que «es algo complejo pero que se entiende muy bien cuando se piensa que la información que uno provee a Google o a Facebook simplemente usando Google o Facebook reporta unos beneficios enormes a sus dueños que, sin embargo, no son repartidos con los usuarios». Hay, dice González, «toda una serie de intangibles de este tipo que son muy difíciles de cuantificar y que hacen que sea justificable que eso que la sociedad aporta a la economía simplemente con existir sea premiado devolviéndole una parte de los beneficios generados». Por otro lado, sigue explicando el diputado, «está la cuestión del empleo como algo que ya no es para toda la vida ni lo va a volver a ser nunca». El empleo, reflexiona, «se ha transformado en algo muy flexible y la norma a partir de ahora va a ser trabajar un tiempo y dejar de trabajar otro, porque hay un desempleo estructural que cada vez avanza más debido básicamente a que la tecnología sustituye trabajo y a que los nuevos trabajos que se crean en los nuevos sectores asociados a los nuevos nichos abiertos por la tecnología nunca son tan intensivos en trabajo como los que vienen a sustituir». En opinión de González, «en ese marco es necesario que los trabajadores tengan más poder de negociación, porque si no los salarios van a tender a la baja y nos van a precarizar cada vez más».

Un argumento que suele esgrimirse en contra de la renta básica universal es el de que no tiene sentido dar la misma cantidad de dinero a personas con rentas bajas que a multimillonarios; a un indigente y a Amancio Ortega. Pero para González, éste es un argumento «falaz, porque lo que se plantea es que aquellas rentas que estén por encima de la media tendrán que pagar más impuestos, y al final el saldo para ellos será negativo».

González no es en este momento, en cualquier caso, partidario de implementar inmediatamente una renta básica universal. La mira más bien como un horizonte ideal al que aspirar a medio y largo plazo. «Lo que nosotros proponemos y consideramos factible a día de hoy», explica el allandés, «es la renta garantizada sólo para aquellos hogares sin ingresos o con ingresos por debajo del umbral de la pobreza, que es básicamente el 60% de la renta mediana del país». La propuesta concreta es garantizar un mínimo de 600 euros por persona y mes, lo cual, según cálculos de sus partidarios, tendría un coste de unos 15.000 millones de euros al año. A juicio de González, ello es factible «simplemente derogando las reformas laborales del PP y el PSOE y haciendo una reforma fiscal que hiciera pagar a los que no pagan y pagar un poco más a los que más tienen».

El modelo vasco

El modelo a seguir es para González el del País Vasco: en esa comunidad autónoma funciona desde 1989 una renta de garantía de ingresos que asegura a cada residente sin trabajo unos ingresos mínimos de 619 euros en caso de vivir solo y por encima de los 1.000 si tiene hijos a cargo. Los ciudadanos que trabajan, pero cuyos ingresos son inferiores al importe de la RGI, pueden recibir la diferencia hasta alcanzar ese umbral. La idea es extender dicha renta a todo el territorio nacional y unificar al hacerlo todos los salarios sociales básicos ya existentes, con cuantías menores y condiciones más restrictivas que el vasco, en otras comunidades, como Asturias.

Otra economista asturiana, Begoña Cueto, no es partidaria de la renta básica universal, pero sí de una garantizada «con una cuantía realista de 400, 500, 600 euros» y que armonice los salarios sociales básicos ya existentes, «sobre todo a tenor del aumento de la tasa de pobreza que hemos vivido en España durante la presente crisis». No cree Cueto que necesariamente se tenga que producirse un desincentivo al trabajo, como tampoco lo cree Segundo González. «Nadie», afirman ambos, «quiere vivir con 600 euros al mes: todo el mundo aspira a vivir con más ingresos». La idea es que la renta garantizada sea siempre menor que el salario mínimo, que Podemos propone elevar a los 900 euros.

El ejemplo de Alaska

La de la renta básica universal no es una idea nueva, sino, por el contrario, una tan antigua como Thomas Paine, uno de los padres de la revolución estadounidense, que la teorizó por primera vez en 1797 en su panfleto Justicia agraria y con el nombre dividendo de ciudadanía. Paine partía del principio de que la naturaleza es propiedad común de todas las personas y no puede, por tanto, privatizarse ni apropiarse individualmente, y proponía en consecuencia que cada propietario de un medio de producción cediera un porcentaje de sus beneficios a toda la comunidad, y que el dinero así recaudado fuera repartido equitativamente entre todos sus miembros.

La principal de las «experiencias limitadas» a las que se refiere Monasterio es la de Alaska: ese estado norteamericano instituyó en 1976 un fondo de inversión destinado a que las compañías petrolíferas establecidas en su territorio dejaran en él parte de sus beneficios, de tal manera que se compensara a los alaskeños por llevarse para siempre un recurso no renovable. Desde entonces, y aun cuando el estado ha sido gobernado por ultraliberales como Sarah Palin, las empresas están obligadas por ley a ceder al estado un 25% de sus beneficios anuales. Después, esos beneficios son repartidos de manera rigurosamente equitativa entre todos los ciudadanos de Alaska, concebida como tal cualquier persona que pueda demostrar que ha residido en el estado por los menos un año. En 2005, el año de menores beneficios, cada habitante de Alaska recibió un cheque por valor de 846 dólares. En 2008, el año más productivo para las compañías petrolíferas, el cheque ascendió a 2.069 dólares. Ello anima a los partidarios de la renta básica universal, que también estuvo a punto de ponerse en marcha en Suiza con una cuantía de 2.500 francos suizos por cada adulto (unos 2.200 euros) y 625 por cada niño (571 euros), pero fue rechazada por los suizos en referéndum celebrado el pasado 5 de junio.

Por otro lado, hay quien plantea, de ahí que también haya economistas de derechas a favor de la renta básica, que esta sea sustitutiva de todas las provisiones del Estado del bienestar: dejaría de haber sanidad pública porque todo el mundo podría pagarse la privada con su renta básica. Hay renta básica republicana, la que no sustituye sino que complementa al Estado del bienestar, y otra liberal, ésta.

«Crear un fondo nacional del cual se pagará a cada persona, cuando alcalce la edad de veintiún años, la suma de quince libras esterlinas, y además la suma de diez libras al año, de por vida, a cada persona actualmente viva de cincuenta años de edad y a todos los demás cuando alcancen esa edad», proponía Thomas Paine en aquel panfleto suyo de 1797. No falta razón a quienes dicen que ni todo lo nuevo es moderno, ni todo lo viejo es antiguo.

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