Los empresarios piden aplicar la jubilación a los 67 años antes del 2027

Ana Balseiro
ana balseiro MADRID / LA VOZ

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El líder de CC. OO. propone medidas para elevar los ingresos en 71.000 millones

29 nov 2016 . Actualizado a las 07:27 h.

Después de que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, abriera la semana pasada oficialmente las comparecencias en la Comisión del Pacto de Toledo, ayer fue el turno de los agentes sociales. En concreto de los representantes de Cepyme y Comisiones Obreras, que defendieron en el Congreso sus respectivas fórmulas para la sostenibilidad del sistema de pensiones. Así, mientras que la directora de Relaciones Laborales de la patronal de las pequeñas y medianas empresas, Teresa Díaz de Terán, abogó por aplicar antes de lo previsto la jubilación a los 67 -el retraso en la edad de retiro, pactado en la reforma del 2011, se aplica progresivamente y no se completará hasta el 2027-, el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, prefirió poner el foco en una batería de medidas para incrementar en casi 71.000 millones de euros la recaudación de la Seguridad Social.

«No planteo reducir las pensiones, pero estoy segura de que los números no salen y las pensiones que se están pagando ahora no serán posibles el día de mañana, sobre todo las más altas», aseguró Díaz de Terán en su intervención, en la que también propuso como «deseable», además de no esperar al 2027 para jubilarse a los 67 años, computar todo lo cotizado durante la vida laboral por el trabajador para calcular la base reguladora de su pensión. La reforma del 2011 -la última pactada entre Gobierno y agentes sociales, a diferencia de la del 2013, que introdujo el factor de sostenibilidad y la desvinculación del IPC en la revalorización anual de las pensiones- ya amplió de 15 a 25 años (también progresivamente, hasta el 2022) el período que se usará para el cálculo.

La propuesta, sin embargo, no tuvo una buena acogida por parte de los grupos parlamentarios. De hecho, el diputado popular José María Barrios puso el acento sobre la «complejidad» de ponerla en marcha, apostillando que la idea de cobrar la pensión en función de todo lo cotizado durante la vida laboral «estaría bien si hoy empezáramos a andar en un sistema», pero compatibilizarlo era «bastante complicado».

La representante de Cepyme defendió otras medidas, como financiar con los Presupuestos las pensiones de viudedad y orfandad, algo que también planteó la ministra y en lo que coincidió el líder de CC. OO. 

Mejorar los ingresos

En su intervención, Ignacio Fernández Toxo enfatizó que «el sistema de pensiones es perfectamente sostenible, no está en riesgo. Lo que sí lo está es la calidad de las pensiones que el sistema pueda ofrecer en el futuro».

Por ello se centró en desgranar una batería de medidas enfocadas a mejorar los ingresos de la Seguridad Social, que es lo que el sindicato considera prioritario. Por ello, pidió huir del «catastrofismo» y poner en marcha medidas a corto, medio y largo plazo para reforzar el sistema e incrementar sus ingresos en 70.952 millones de euros.

Esa cifra se conseguiría, además de financiando vía impuestos las pensiones de viudedad y orfandad, elevando dos puntos las cotizaciones a la Seguridad Social (7.000 millones), eliminando los topes de cotización (7.752 millones más) o incrementando la base mínima como consecuencia de la subida del salario mínimo (otros 3.470 millones), entre otras medidas propuestas.

Los sindicatos consiguen el apoyo del PSOE a las movilizaciones de diciembre

Aunque el viernes, inmediatamente después de que los sindicatos anunciaran movilizaciones para los días 15 y 18 de diciembre ante las «líneas rojas» del Gobierno al recién restablecido diálogo social, formaciones políticas como el PSOE o Podemos se apresuraron a respaldarlas, asegurando que comprendían los motivos de CC. OO. y UGT para convocarlas, la primera confirmación oficial de apoyo llegó ayer. Fue tras la reunión mantenida por los secretarios generales de ambas organizaciones, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, con el responsable de la gestora socialista, el asturiano Javier Fernández.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, los sindicalistas insistieron en que las movilizaciones no implican una próxima huelga general, sino que las circunscribieron a la necesidad de presionar al Gobierno frente a los límites que marcó en la reunión del pasado jueves con los agentes sociales. De hecho, subrayaron que el proceso de negociación continua abierto.

Fernández, por su parte, explicó que el PSOE está dispuesto a «dar respaldo político y parlamentario» a la agenda social de los sindicatos y que una delegación socialista -aunque sin desvelar quién la integrará- estará presente en las movilizaciones convocadas. Entre los asuntos tratados en la reunión también estuvieron la necesidad de derogar la reforma laboral del PP en aspectos como la negociación colectiva, así como la de la reforma de las pensiones del 2013.