FADE remite un informe al Principado en el que lamenta el incremento en el gasto corriente, pide más recursos para inversiones y exige cambios relevantes en materia fiscal
07 dic 2016 . Actualizado a las 12:39 h.La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) ha renunciado a intervenir en la comisión de Hacienda para debatir sobre el proyecto de presupuestos de 2017 por el «escaso tiempo» que se les concede, pero han remitido un informe al Principado en el que exponen su punto de vista. El texto recoge una serie de reivindicaciones históricas de los empresarios asturianos, entre las que se incluyen, por ejemplo, la petición de disminuir el gasto corriente, incrementar la partida de inversiones o una amplia reforma fiscal. En líneas generales, no les gusta un borrador que tachan de «continuista».
La patronal lamenta en su escrito que el Principado no haya cumplido el plazo para remitir el proyecto de presupuesto a la Junta General, un hecho al que se suma «la dificultad añadida» de que las cuentas se tienen que comparar con un presupuesto prorrogado, motivo por el que han tomado como referencia el proyecto de 2016 (que finalmente no se aprobó), por ser «una referencia más próxima a la realidad.
En cuanto a las partidas concretas, FADE señala que agotar el margen de déficit permite «ampliar los ingresos pero también aumenta la deuda regional». Respecto a los ingresos, señalan que la única reforma en materia fiscal, «insuficiente», es en el impuesto de sucesiones. En su opinión, Asturias necesita «un cambio relevante en materia fiscal», porque, a su juicio, la presión que soportan los ciudadanos del Principado supone una «distorsión en lo que a planificación de patrimonio, renta y consumo se refiere».
En cuanto al gasto, su principal reivindicación se centra en exigir un aumento en las inversiones. Aunque reconocen que el borrador contempla un incremento del 2,6%, que se traduce en ocho millones más, el esfuerzo en esta materia «podría haber sido mayor», defiende la patronal. «Solo el 7,7% del incremento presupuestario se destina a ampliar las partidas que más se han visto recortadas durante la crisis», aseguran.
Además, los empresarios también critican el aumento del gasto corriente (2,9%), ya que supone el 82,4% del total. Respecto al salario social destacan la necesidad de impulsar «incentivos que permitan mejorar los modelos de actuación y gestión para que estas dotaciones puedan ser sostenibles». Por todos estos motivos, tachan el borrador de «continuista».