Finlandia ensaya su renta básica: 560 euros al mes

EFE

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Finlandeses manifestándose en Helsinky
Finlandeses manifestándose en Helsinky LEHTIKUVA | reuters

El lunes será un día muy especial para 2.000 desempleados finlandeses. Por primera vez, y durante 24 meses, recibirán esta prestación. El objetivo: modernizar la seguridad social del país

04 ene 2017 . Actualizado a las 18:01 h.

Los 2.000 parados, de entre 25 y 58 años, fueron seleccionados de forma aleatoria entre 175.000 personas de toda Finlandia que percibían algún tipo de subsidio por desempleo. Si quieren mantener sus prestaciones sociales, deberán someterse al experimento del país nórdico, que no persigue otro objetivo más que modernizar su seguridad social. 

Los escogidos recibirán, a partir del lunes y durante 24 meses, una renta básica de 560 euros libres de impuestos. Seguirán ingresándola aunque encuentren trabajo y, en caso de que actualmente perciban una cantidad superior en subvenciones, la Seguridad Social de Finlandia (Kela) les abonará también la diferencia para que mantengan los mismos ingresos que antes. Si empiezan a trabajar o superan la cantidad máxima de ayudas públicas, continuarán percibiendo la renta básica, pero verán reducidas otras prestaciones. Solo dejarán de recibir los 560 euros los que, durante los próximos dos años, se incorporen al servicio militar obligatorio, se jubilen o se muden al extranjero .

El experimento ha despertado interés internacional, al tratarse del primer país del mundo que ensaya a nivel nacional la posibilidad de conceder una renta básica a sus ciudadanos. No obstante, los responsables del ensayo reconocen que se trata de analizar una posible modernización del sistema de seguridad social orientada a los sectores más desfavorecidos, no de estudiar la eventual introducción de una renta básica universal. «No creo que este experimento lleve a la aprobación de la renta básica universal. Dar 560 euros al mes a todos los ciudadanos es demasiado caro para el Estado, pero es posible que pueda aplicarse a ciertos grupos de personas con bajos ingresos», explica Marjukka Turunen, responsable jurídica de Kela.

El ensayo forma parte del programa de reformas impulsado por el Gobierno de centroderecha del primer ministro Juha Sipilä, quien se ha comprometido a reducir la creciente brecha en la sostenibilidad de las finanzas públicas finlandesas. Sus principales objetivos son incentivar la búsqueda de trabajo, reducir la burocracia y simplificar el complejo sistema de prestaciones sociales finlandés, que cuenta con cerca de diez tipos distintos de subsidios relacionados con el desempleo. «El actual sistema finlandés de seguridad social es muy burocrático porque hay gran cantidad de subsidios diferentes y hay que solicitarlos por separado cada vez que cambian las circunstancias laborales o familiares», afirma Turunen.

El sistema vigente no garantiza que los desempleados que encuentran trabajo obtengan por ello mayores ingresos, en especial si este es temporal o a tiempo parcial, ya que cobrar un salario reduce automáticamente las prestaciones sociales que reciben. Esto hace que muchos parados renuncien directamente a buscar empleo o a darse de alta en la seguridad social como trabajadores autónomos. Según Turunen, la renta básica ofrece mayores incentivos para reincorporarse al mercado laboral, al no suponer la pérdida de esos 560 euros mensuales, y garantiza además una mayor seguridad a los desempleados. «Queremos comprobar si la renta básica anima a los participantes a buscar trabajo o bien a emprender, tal como esperamos, o si la gente se vuelve más pasiva por recibir 560 euros gratis todos los meses, como auguran algunos críticos», señala.

Los responsables de Kela calculan que el experimento tendrá un coste total para las arcas públicas de unos 20 millones de euros, aunque el real será de unos 7,5 millones, ya que buena parte de la renta básica se sufragará con las prestaciones que dejen de abonarse.

El grupo de expertos que diseñó este ensayo propuso que se extienda a partir del 2019 a otros grupos de población, como los estudiantes, los trabajadores autónomos y los empleados a tiempo parcial, aunque el Gobierno aún no se ha pronunciado sobre esta posibilidad.