El servicio cuenta con eventuales que llevan más de 10 años esperando por un contrato indefinido. La actual concesionaria pasa por delante a nuevos empleados con discapacidad
23 feb 2017 . Actualizado a las 10:26 h.En dos años, 3.870 contratos diferentes, de los que 3.217 eran inferiores a un mes. Trabajar desde el lunes y despedirte el viernes para volver a llamarte el domingo y no pagarlo como festivo. Compañeros que en agosto firmaron hasta 25 contratos diferentes. Otros que en el último trimestre han trabajado un solo día. Con estos datos describe su situación un centenar de trabajadores eventuales del servicio de limpieza del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). El traslado del viejo al nuevo y moderno HUCA ha supuesto para ellos un cambio de empresa y una escalada de la precarización que ni siquiera los tribunales parecen poder atajar. Son, además, un colectivo vulnerable a los ajustes laborales, ya que está compuesto, mayoritariamente, por mujeres de entre 40 y 50 años; muchas de ellas, cabeza de familias monoparentales y con un bajo nivel formativo que se agarran como pueden a un trabajo que les aporta, por lo menos, unos ingresos fijos. Lo cuenta con crudeza y sin ornamentos Naranco Álvarez Santullano, que se ha erigido una de sus portavoces. Junto a ella Feli Puente, Carmen Montero o Pablo García. Otros aún no se han sacudido el miedo y prefieren no dar sus nombres.
El conflicto laboral de los trabajadores eventuales de limpieza del HUCA comenzó con el traslado. La mudanza coincidió, en mayor de 2014, con un nuevo concurso para hacerse con el servicio que supuso un cambio de empresa. En principio, esto no les preocupó demasiado, ya que había un compromiso de subrogación de la plantilla. Durante el traslado trabajaron a pleno rendimiento. De junio a octubre hicieron las horas que fueron necesarias e incluso enseñaron a los nuevos que llegaron de la mano de la flamante concesionaria. Con el inicio del otoño y la reducción del estrés generado por todos los cambios, llegó la precarización. Los antiguos eventuales de la limpieza, algunos con 10 años de experiencia, fueron sustituidos por otros, muchos de ellos con minusvalías.
Así continúan dos años y medio después o incluso peor, porque han ganado un juicio y aún así apenas están trabajando. Los portavoces denuncian que la empresa ha conseguido crear fisuras entre la plantilla, al tratar de enfrentar a fijos con temporales y a los que llegan de la mano de la nueva compañía con los de la anterior. El comité de empresa no les ha tendido la mano y solo cuentan con el respaldo de CSI, aunque para evitar cualquier tipo de interferencia sindical han puesto el caso en manos de un bufete de abogados independiente.
Lo que reclaman estos trabajadores, alrededor de 110, es que se respeten los acuerdos que tenían con el grupo Eulen que era la compañía que prestaba servicio en el viejo hospital. La anterior política de personal consistía en ir haciendo fijos en función de la antigüedad. Cuando el concurso aún estaba pendiente, la dirección decidió dejar de hacer fijos a la espera de ver cuáles serían las necesidades del nuevo complejo hospitalario. Así optó por cubrir jubilaciones parciales con contratos relevo tirando del mismo listado de personal. Pero llegó Lacera y esto cambió. Poco a poco dejó de llamar a los eventuales de la limpieza y no reconoció estos acuerdos. Tras un periodo de conversaciones aceptó hacerlo pero a cambio de empeorar las condiciones de los fijos, explica Álvarez Santullano, que insiste en que «solo pretendían abrir una guerra interna».
Después de meses de desacuerdos, de tiranteces con el comité de empresa, de juicios aplazados, el caso llegó a los tribunales el 8 de noviembre de 2016. Los portavoces del colectivo denuncian que USO, UGT y CCOO les dieron la espalda y que el día del juicio se posicionaron con la empresa. La sentencia estimó parcialmente el recurso de los trabajadores. La concesionaria debería seguir con el acuerdo de jubilaciones parciales y también cubrir con contratos fijos o por obra las vacantes y llamar a los eventuales por orden de antigüedad. Desestimó otros aspectos como, por ejemplo, llamarles de forma rotativa y equitativa para cubrir las necesidades del servicios.
Cuenta la portavoz que la sentencia no se está cumpliendo. Desde que el juez se pronunció, explica que se han hecho ocho contratos indefinidos y que ninguno es de los suyos, a los que llaman cada vez menos y para días sueltos. «Desde el verano, a mí me han contratado un día, el de Nochevieja», asegura. A otros los están incorporando a otros servicios en panaderías o en Ikea. «Son por horas y muchas veces lejos de casa, así que casi gastas tanto en el desplazamiento como lo que te pagan. Pero no puedes decir que no porque luego lo usan para dejarte fuera», argumenta.
Han pedido la ejecución de esa sentencia pero esto no ha solventado su problema. La jueza que se ha hecho cargo del caso ha vuelto a darles la razón pero no puede hacer nada porque hay terceros afectados, que son los ocho que ya están trabajando como indefinidos. «Esto es psicológicamente agotador. Hay mucha gente que tiene miedo. Algunos temen peder los 130 o 140 euros que ganan porque son los únicos ingresos que tienen», explica. Sin embargo, han pasado más de dos años y no han conseguido nada, así que el siguiente paso será salir a la calle y dar visibilidad a sus problema. «No nos han dejado otro camino», concluye Álvarez Santullano.