Los estibadores aplazan los paros ante la falta de apoyo a Fomento en el Congreso

Eran muchas las voces que pedían a los representantes sindicales que se replanteasen lo de la huelga de la estiba en los puertos. Peticiones que provenían desde el Gobierno. Por supuesto, desde la patronal. También desde distintos sectores económicos. Y, sobre todo, se escuchaban desde el PSOE, que al tiempo que manifestaba su disposición a votar no en el Congreso a la hora de validar el real decreto ley del Gobierno para liberalizar la estiba, rogaba a los sindicatos que renunciasen a los paros, pues, aun admitiendo que están en su perfecto derecho a defender así sus puestos de trabajo, lo cierto es que una huelga podría entorpecer la negociación. Así lo había expresado por la mañana en Galicia el diputado socialista Ricardo García Mira.

Con el apoyo de Podemos ya en el bolsillo y el respaldo de grupos minoritarios, además del PSOE, el último no al Gobierno fue el del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, reprobando lo que definió como «decretazo» de la estiba -porque «es un real decreto no consensuado»-, avanzando su voto negativo en el Congreso el 9 de marzo, e instando al Gobierno a abrir una negociación para encontrar una encontrar entre todos una «solución pacífica» que evite las huelgas y, sobre todo, los despidos. Fue el espaldarazo definitivo. Así es que ayer por la tarde los sindicatos correspondieron a los partidos políticos anunciando la suspensión de dos de los nueve días de paro convocados.

Con Fomento sin apoyos a su decreto (quería convalidarlo en el Congreso el próximo jueves), los estibadores no ejercerán su derecho a la huelga el 6 y el 8 de marzo, porque creen que esa oposición total al decreto «abre una nueva oportunidad para el diálogo y la negociación» con el Gobierno, según Antolín Goya, líder de La Coordinadora, sindicato mayoritario de la estiba. Lo que tiene claro la parte social es que no dejarán pasar una norma que ofrece «a los grupos financieros y especuladores internacionales, máximos accionistas y propietarios de las terminales españolas, la oportunidad de deshacerse de sus trabajadores a cuenta del erario público y precarizar el empleo», expone Goya. De todos modos, la huelga no está desconvocada. Los paros se aplazan hasta después de que la comisaria de Transportes hable en España la próxima semana. Siguen en pie las jornadas de los días 10, 13, 15, 17, 20, 22 y 24.

Mientras, las empresas se siguen moviendo. La naviera danesa Maersk admitió que tiene un plan de contingencia para desviar buques a puertos alternativos de Europa y el Mediterráneo para minimizar el impacto de la huelga en sus operaciones comerciales. Su estrategia pasaba por reducir su presencia en Algeciras, donde suelen descargar los contenedores que proceden de Asia y Oriente Medio, y potenciar otros puertos mediterráneos. La compañía también ha diseñado planes especiales para la mercancía de importación en España y advirtió que los paros tendrán «gran impacto» en los flujos de mercancía. También Juan Roig, presidente de Mercadona, mostró ayer su inquietud al dar por sentado la compañía tendrá «lío» si se materializa la huelga porque ofrece la mayoría de sus servicios desde Valencia, Barcelona y Sevilla a Canarias y Baleares por barco. El empresario Vicente Boluda, del grupo Boluda, acusó a la Administración de no haber «movido un dedo» durante 4 años.

La patronal supedita la garantía de empleo a tener ayudas públicas

La garantía de empleo de la que, según el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, los empresarios habían hablado «alto y claro», tenía frases dichas en un tono casi inaudible, pero que ayer reflejaron por escrito en un comunicado conjunto de Anesco (Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias): que para ello debía contar con ayudas públicas. La patronal «considera indispensable para conjugar el compromiso de continuidad en el empleo de todos los trabajadores estibadores, con la necesaria igualdad competitiva que deben tener las empresas actuales con los nuevos operadores, que se articule un plan de reforma del sector de la estiba, promovido por el Ministerio de Empleo, con dotaciones de ayudas públicas».

Ahora bien, la división en la patronal es evidente, toda vez que la Plataforma de Inversores en Puertos Españoles (PIPE) -que agrupa a las principales empresas de la estiba-, se manifestó ayer en contra de la subrogación del personal. Como los sindicatos, Anesco también ve que falta en la mesa un interlocutor clave: el Gobierno. En su comunicado hace hincapié en que la búsqueda de un acuerdo se está restringiendo exclusivamente a las materias propias de la negociación colectiva, un ámbito desde el que «difícilmente se pueden encontrar todas las soluciones». A pesar de eso, los empresarios apelaban tanto al Gobierno como al resto de los partidos políticos a acatar, sin mayor dilación, la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. Ya no solo por las multas a las que se expone España, sino por la necesidad de las compañías de moverse en terreno de la seguridad jurídica, indispensable en un sector clave para la economía.

Bendiciones de Europa

En esa herida hurgó ayer con el dedo la comisaria de Transportes, Violeta Bulc, al bendecir la reforma de De la Serna en una misiva remitida al propio ministro de Fomento. Una epístola en la que Bulc adelanta lo que posiblemente venga a decir el martes en el Congreso: que «una vez convalidado el decreto, y siempre que su esencia no haya sido alterada durante la tramitación, informará al tribunal del cumplimiento de sus exigencias para proceder al cierre del caso y evitar así la multa diaria impuesta a España».

Todo un aliento el de la comisaria Bulc para Fomento, cuando ya planeaba demorar unas semanas el debate en el Congreso de la norma, cuya votación está inicialmente prevista para el 9 de marzo. Esa fecha solo garantiza al Ejecutivo que el suyo sería el segundo decreto ley que no pasase el trámite de la convalidación parlamentaria, al tener el no de toda la oposición. Hasta ahora, el único que no superó ese proceso de 30 días fue uno impulsado por el Gobierno de Suárez en el 79.

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