Las administraciones ya emplean a uno de cada cinco trabajadores. El Principado es la segunda comunidad donde este sector tiene más peso
21 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El número de trabajadores al servicio de la administración crece en Asturias durante la crisis y la región ya es la segunda comunidad autónoma española con un porcentaje de empleados públicos más elevado. A pesar de ello, y en contra de lo que ha defendido la patronal tradicionalmente, la cifra no es excesivamente alta, ya que en este aspecto el Principado se sitúa al mismo nivel que el conjunto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 21%. La media en España es del 17%, cuatro puntos por debajo.
Los datos forman parte del último estudio de Esade y el Instituto de Estudios Económicos (IEE) -laboratorio de ideas de la CEOE-, bajo el título de El empleo público en España: desafíos para un estado democrático más eficaz». El informe constata la tendencia al alza de la contratación por parte de las administraciones, ya que, pese al paréntesis de los primeros ejercicios de la crisis -en 2011 y 2012 se destruyeron 300.000 puestos de trabajo en las administraciones de todo el país-, el empleo público se ha duplicado en los últimos 25 años.
En Asturias, ese crecimiento se ha intensificado desde el estallido de la crisis. Entre 2008 y 2015, el porcentaje respecto al total de trabajadores ha pasado del 17% al 21%, y ha pasado de ser la quinta comunidad autónoma con más empleados públicos respecto al total de ocupados a ser la segunda. Tan solo Extremadura está por delante en esa clasificación. El cambio más significativo respecto a 2008 es la administración que contrata, ya que la estatal y local pierden empleados pero la autonómica compensa, con creces, ese descenso. Hace 9 años años ocupaba al 48,7% del total de empleados públicos, el 28,8% dependía de la administración local, el 20,5% del estado y el resto de la Universidad. Ahora, el peso de la administración autonómica se eleva hasta el 63,1%, y el resto baja hasta el 15,6% de los ayuntamientos y el 16,3% del estado.
Diferencias nacionales
El estudio analiza también las diferencias en el peso del empleo público sobre el total de personas ocupadas. La comunidad con menor porcentaje de empleados públicos en el 2015 (Cataluña) tiene 13,5 puntos porcentuales menos que la que cuenta con un mayor porcentaje de empleados públicos (Extremadura), con el 25%. Al margen de los extremos, el estudio constata una tendencia compartida por todas las comunidades autónomas: el porcentaje de empleados públicos sobre el total de ocupados aumenta a lo largo de la crisis económica. Esto se debe, según Esade, a que «la destrucción de empleo privado es mucho mayor que la reducción de empleo público».
En cuanto a los motivos por los que se producen estas diferencias, Esade apunta «el tipo de modelo de prestación del servicio público» (más uso de fórmulas concertadas en Cataluña frente a mayor uso de la gestión directa en Extremadura); «las significativas diferencias en los servicios públicos a proveer» (por factores demográficos, como el nivel de envejecimiento de la población, o por factores geográficos, como la extensión territorial); «el factor histórico-político» (la mayor o menor tradición administrativa como en el caso de Baleares, Cataluña y Valencia; o la foralidad o uniprovincialidad); «el modelo económico subyacente »(agrario - industrial - servicios) que hay detrás de cada modelo de empleo público y, en el caso de Madrid, la capitalidad del Estado.
Perspectivas de futuro
Por último, el informe recoge que las medidas tomadas a partir del 2015, una vez se empieza a registrar un crecimiento del PIB y, quizás más importante, «en periodo electoral», indican un retorno «a las dinámicas propias de la situación previa a la crisis». Es decir, con estas medidas, los empleados públicos recuperan «parte de sus condiciones laborales (se devuelve un porcentaje de la paga extra de 2012 y se vuelven a contratar empleados públicos)».
El informe considera que este retorno a las políticas expansivas previas a la crisis «pone en duda la flexibilidad alcanzada en los últimos años» y pone de manifiesto que dichas medidas de ajuste «no surgieron de un plan de empleo público debidamente elaborado para ajustar y redimensionar el empleo público por sectores», sino que fueron medidas temporales «exclusivamente orientadas a reducir el gasto público, sin tener en cuenta cuestiones estructurales».