La medida afectará a 550.000 ventas a pérdida en España, 18.300 de ellas en Galicia
17 may 2017 . Actualizado a las 16:33 h.El Tribunal Constitucional ha declarado nulo el impuesto de plusvalía municipal, que grava la revalorización de los inmuebles urbanos cuando son vendidos, si no se han producido ganancias, con lo que extiende a toda España los efectos de la doctrina acordada el pasado febrero para los territorios forales.
En la sentencia conocida hoy, el Alto Tribunal considera que este impuesto vulnera el principio constitucional de capacidad económica en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de beneficio para el contribuyente, «sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo».
Según los cálculos realizados por Tinsa, el número de casos en los que se pagó plusvalía sin que la vivienda hubiese incrementado realmente su valor en Galicia ronda los 18.300 desde febrero del 2013, que sería la fecha tope para reclamar la devolución del impuesto (prescribe a los cuatro años cuando se abona en régimen de autoliquidación). Por provincias, casi la mitad de las ventas a pérdidas se produjeron en A Coruña (8.100), seguida de Pontevedra (5.600), Lugo (2.600) y Ourense (2.000).
De este modo, el Constitucional ratifica su doctrina, ya aplicada en los territorios de Guipúzcoa y Álava, para los que rechazó que el impuesto pudiera grabar actos o hechos que «no sean exponentes de una riqueza real o potencial», por lo que eximía de abonar dicha tasa a quienes experimentasen pérdidas en la operación.
En aquella ocasión, el Constitucional anuló los impuestos que afectasen a «supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia».
Además señalaba como competencia del legislador llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones del régimen legal del impuesto de cara a permitir que no se sometieran a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
Ahora, el Pleno del tribunal reitera que el impuesto impide al ciudadano cumplir con su obligación de contribuir de acuerdo con su capacidad económica como recoge la Carta Magna, razón por la que declara la inconstitucionalidad y la nulidad de este aspecto.