Competencia se posiciona a favor de empresas como Uber o Cabify en el recurso que ha presentado al alto tribunal para reducir las limitaciones a las nuevas empresas
12 jul 2017 . Actualizado a las 11:49 h.La guerra provocada en torno a la actividad de las grandes plataformas de economía colaborativa y sus posibles abusos está ya servida, por si todavía quedaba alguna duda. Y en ella la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se ha posicionado claramente del lado de las primeras frente a la tesis sostenida en público por el Gobierno, que remite al cumplimiento de las leyes actuales.
El último paso dado por el órgano regulador ha sido judicializar este conflicto, llevándolo incluso hasta el Tribunal Supremo, la más alta instancia judicial del país. Y lo ha hecho tras declararse la Audiencia Nacional sin competencias, al dirimirse el presunto choque entre dos normativas dictadas por el Ejecutivo.
De un lado está la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, en vigor desde el 2013 pero que acaba de ser corregida en varios puntos importantes por el Tribunal Constitucional, al considerar sus magistrados que invade competencias autonómicas. Por otro aparece el decreto aprobado en el 2015 para modificar el reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en concreto fijando límites al alquiler de vehículos con conductor. La primera fue obra del Ministerio de Economía, del que depende en última instancia la CNMC. El segundo fue elaborado por el departamento de Fomento y, aunque oficialmente no han mostrado sus diferencias, en privado las posiciones de sus titulares, Luis de Guindos e Íñigo de la Serna, se antojan bastante divergentes -los taxistas lo ven «una pugna de poder»- sobre qué consideración dar a algunas plataformas colaborativas, como Uber y Cabify en el transporte, o Airbnb y HomeAway en las viviendas turísticas, que están compitiendo de tú a tú con los actores regulados de esos sectores.
Frenar el mercadeo de licencias
De hecho, Fomento anunció a finales de junio que tramitará «de forma inmediata» una norma «antiespeculación» para controlar el mercado de las licencias de esos vehículos con conductor, conocidas como VTC. Busca frenar así el mercadeo con ellas, impidiendo que las empresas que les amparan puedan venderlas o arrendarlas durante los dos años siguientes a su obtención.
Es su respuesta a las quejas del gremio del taxi, que lleva semanas de protestas de distinto tipo para denunciar lo que ellos consideran competencia desleal.
Quieren colapsar Barcelona el 27 de julio
Los taxistas están preparando una nueva protesta para el 27 de julio con la que prevén colapsar el Aeropuerto de El Prat y el Puerto de Barcelona y arrancar, así, el compromiso del Ministerio de Fomento a sentarse a dialogar con el sector. El portavoz del sindicato Élite Taxi Barcelona, Tito Álvarez, explicó que los esfuerzos se centrarán en dificultar el acceso y a dejar sin servicio a estas dos infraestructuras, que dependen de Fomento.