Hacienda echa el resto en la lucha contra el fraude en pequeños negocios

Pide datos a los centros médicos privados para rastrear intervenciones no declaradas

.

redacción / La Voz

Profesiones liberales, como las de abogado, fisioterapeuta, odontólogo o médico, están desde hace tiempo bajo la lupa de Hacienda, junto con otros pequeños negocios como talleres de coches o peluquerías y centros de estética. La Agencia Tributaria, siguiendo las directrices fijadas en el plan anual de control, ha extremado las comprobaciones sobre los servicios profesionales para detectar casos de fraude en los que se ocultan al fisco parte de las ganancias. «Resulta esencial, para poder detectar si el nivel de ingresos declarados es coherente, analizar toda la información disponible en registros, administrativos o privados, combinándola con la obtención mediante requerimientos de información a los clientes con los que se relacionan», instruye la Agencia Tributaria a los empleados encargados de las comprobaciones. Y eso es lo que se ha hecho, por ejemplo, con los médicos. Fuentes del colectivo de técnicos de Hacienda confirman que se ha llevado a cabo una campaña para recabar datos de los centros médicos privados, entre ellos los alquileres de consultas o de quirófanos para la realización de operaciones. No se indaga en la historia clínica de los pacientes, pero sí se obtiene una información muy valiosa para cruzarla luego con las declaraciones fiscales de los médicos participantes en dichas intervenciones, sean cirujanos o anestesistas. Luego, con los datos en la mano, es turno de comprobaciones o inspecciones.

Aunque el de los profesionales sanitarios es uno de los últimos colectivos en el que se ha posado el ojo de Hacienda, los gestores administrativos explican que los controles son más numerosos en el caso de talleres de vehículos y peluquerías, centrados en la comprobación de algún impuesto en particular (generalmente, IVA y sociedades) y, claro, sin previo aviso.

En alguna de esas inspecciones, según los documentos a los que ha podido acceder este periódico, se reclama a los administradores del negocio datos sobre los medios de cobro utilizados, el porcentaje aproximado en que se usa cada uno, el número de datáfonos activos y la entidad que los gestiona, así como la facturación del día y la del último mes. Por último, se pide que consignen el importe del último tique emitido y los datos de la última factura, con fecha, número de recibo y cuantía, para luego comprobar la veracidad de la información.

Más peinados

Lo cierto es que, según el último balance de la Agencia Tributaria, el año pasado se llevaron a cabo 24.491 visitas presenciales (peinados, en el argot del organismo) destinadas al control in situ de obligaciones formales en sectores que ellos califican como «de riesgo fiscal». De esas casi 24.500 comprobaciones sobre el terreno, unas dos mil se realizaron en Galicia, con un incremento del 38 % respecto a las ejecutadas el año anterior. Desde el fisco apuntan que entre los sectores más vigilados destacan las profesiones liberales, los espectáculos públicos musicales al aire libre, los talleres, el comercio, la restauración y la hostelería.

Pero Hacienda también se guarda las espaldas para blindarse en estas comprobaciones. Asesores fiscales consultados por este periódico explican que, cuando quieren inspeccionar el domicilio de la sociedad, suelen acudir provistos de orden judicial de entrada, solicitada a un juzgado de lo contencioso-administrativo, así como de una autorización de la delegación especial de la Agencia Tributaria. Documentos que suelen guardar en la recámara, ya que su primera opción es siempre recabar el consentimiento del contribuyente, y solo recurrir a las órdenes si este no autoriza la actuación.

El fisco requerirá información periódica sobre los alquileres turísticos a partir de enero

Otra vía de fraude fiscal que Hacienda quiere taponar cuanto antes es la de los alquileres turísticos no declarados. Para ello, el ministerio ha elaborado un real decreto, actualmente en trámite de exposición pública, en el que establece la obligación de informar de forma periódica sobre estos arrendamientos.

Esta nueva normativa, que entrará en vigor si no hay sorpresas el 1 de enero del año que viene, busca principalmente fiscalizar los arrendamientos canalizados a través de plataformas como Airbnb, HomeAway o Wimdu (entre muchas otras), aunque afecta a cualquier particular o entidad que intermedie en estos alquileres o cesiones de uso de viviendas con fines turísticos.

Hacienda requerirá a estos mediadores que identifiquen tanto al titular del inmueble como al usuario, de los que deberán facilitar nombre, apellidos y número de identificación fiscal. Además de informar sobre el tiempo que cada arrendatario ha disfrutado de la vivienda, la plataforma deberá trasladar los datos catastrales de la casa alquilada y el importe percibido por el titular de la misma o indicar, si es el caso, que se trata de una cesión gratuita. El borrador de real decreto no establece el modelo de declaración que se utilizará, ni la forma, lugar y plazo para su presentación, ya que estos trámites se regularán a través de una orden ministerial posterior.

Hasta el momento, Hacienda realizaba por su cuenta peinados en estas plataformas y luego informaba a los contribuyentes identificados como arrendadores de que debían incluir los ingresos obtenidos en la declaración de la renta.

Valora este artículo

1 votos
Comentarios

Hacienda echa el resto en la lucha contra el fraude en pequeños negocios