Un total de 640 propietarios se han inscrito en el registro oficial desde que la nueva regulación entró en vigor, en agosto de 2016. El sector denuncia que es una mínima parte de la oferta que sigue en internet. Exige al Principado «contundencia»
18 ago 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El decreto de regulación de los pisos turísticos cumple un año de funcionamiento con una oferta que no parece bajo control. El 17 de agosto de 2016 se publicaba la nueva regulación. En Asturias no se habían registrado graves problemas, pero el número de propietarios que comenzaba a utilizar las autodenominadas webs de consumo colaborativo se disparaba y el sector denunciaba los agravios comparativos que se generaban y el riesgo de tener alquileres piratas sin control. El Principado se puso manos a la obra y alumbró una regulación, una de las primeras en aprobarse en España. Fue, además, flexible. Permitió una moratoria de tres meses para que los arrendatarios se pusieran al día. Doce meses después se han dado de alta 640 pisos, de los que 328 son de uso turístico y las 312 restante vacacionales. Estas 640 nuevos se suman a los 470 vacacionales que ya existían previamente y que se regían por otra regulación. En total, son 1.110 negocios. Estas cifras ponen los pelos de punta a los profesionales. Denuncian que son una ínfima parte de todo lo que aún se mueve en internet. La mayoría sigue a cubierto, oculto en la economía sumergida. «Esto es un grave problema, de seguridad, económico y de competencia», argumenta Fernando Corral, hotelero ovetense y vicepresidente de la patronal Otea. La solución, que el Gobierno se ponga las pilas, haga inspecciones más rigurosas y, sobre todo, «actúe con contundencia y comience a sancionar».
Balance
Los pisos de alquiler turístico, que son la gran novedad que aporta este decreto, están presentes en, al menos, 27 concejos. Gijón y Llanes son los que concentran más inscritos en el registro oficial que se ha habilitado. A distancia, aparecen Ribadesella, Cangas de Onís, Colunga, Villaviciosa o Gozón. Todos ellos son municipios con una clara vocación turística. También Oviedo, pero su caso es diferente. Oviedo tiene medio centenar de propietarios con una licencia provisional de la Administración asturiana. El problema es que el decreto colisiona con el actual Plan General de Ordenación (PGO), que solo permite conceder licencia municipal a propiedades situadas en bajos, entresuelos o primeros. Por el momento, no hay un encaje normativo. El consistorio asegura que necesita tiempo para modificar el planeamiento y la Consejería de Economía y Turismo afirma que el decreto está en vigor y que no puede hacer nada.
Al margen de este problema legal, que mantiene en vilo a los propietarios de pisos en Oviedo, la aplicación del decreto se ha producido con total normalidad. Tras la moratoria de tres meses, la Administración comenzó las inspecciones de oficio. Hace apenas un mes, el consejero, Isaac Pola, recién nombrado tras la marcha de su predecesor Francisco Blanco, reconocía que se habían revisado hasta 580 casos y que cuando se había detectado alguna irregularidad se había exigido la inmediata puesta al día. El Gobierno promete mantener activas las campañas de inspecciones con un doble objetivo, perseguir a los ilegales y velar por la calidad de los servicios. «Tiene que ser una calidad equivalente al resto de los establecimientos», insistía Pola.
Son 1.110 negocios. Qué supone esto con respecto al total de la oferta de plazas en Asturias. El último informe del Sistema de Información Turística Asturias (Sita) aporta los datos del primer cuatrimestre de 2017, es decir, hasta el 30 de abril. En ese balance señala que en la región hay 3.561 negocios de alojamientos, incluidos desde hoteles a cámpings. En ese global, solo contabiliza 40 viviendas de uso turístico y otras 490 vacacionales. Ese balance va, por tanto, por detrás de la realidad. Es difícil establecer una comparación de su peso en plazas, ya que varía mucho de un piso a otro. Tomando como buenas las cifras del Sita, señala que esas viviendas de uso turístico y vacacionales suman 2.966 camas. Esto supone el 3,4% de las 85.573 que suman hoteles, negocios rurales, apartamentos,...
Los profesionales
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha abordado en diversas reuniones el problema. Cifra en 13.000 millones de euros el dinero que mueve esta economía sumergida en España. En Asturias no existe datos concretos ni sobre el volumen de dinero que mueven ni sobre el porcentaje de ilegales. Saben que es muy alto pero no se atreven a ponerlo con porcentajes.
Fernando Corral se niega a hablar de economía colaborativa, asegura que es un eufemismo que oculta auténticos lobbies de presión, que en algunas ciudades compran bloques enteros de viviendas para hacer negocio. «A Asturias todavía no han llegado. Pero pueden hacerlo en cualquier momento», explica el vicepresidente de Otea. Las consecuencias de esta masificación son directas: «Menos seguridad porque no controlas usuarios. Se disparan los precios de los alquileres convencionales. No existe calidad».
Los profesionales del sector exigen más contundencia al Principado y también a Hacienda. El Gobierno regional, según Corral, no lo tiene difícil. Solo tiene que navegar por la Red. «Siguen anunciándose en los mismos canales. Solo en Oviedo calculamos que hay unas 2.500 plazas. Eso está muy lejos del número real de pisos turísticos dados de alta en el registro regional», argumenta el vicepresidente de la patronal. Existen más problemas añadidos. La patronal tiene constancia de que se incumplen de forma habitual otros puntos del decreto sin que el Servicio de Inspección actúe.
«Estamos muy preocupados por la situación. Es verdad que está regulado pero eso no es suficiente», insiste el portavoz de los profesionales. La Administración, a su juicio, debería dar un paso más, y «adoptar medidas para que se cumpla de forma real». Tampoco ven con malos ojos que Hacienda comience a involucrarse. Muchos ni siquiera declaran esos ingresos. Corral sigue ofreciendo datos nacionales. Hay un 31% de extranjeros que cruzan la frontera española pero no se alojan en establecimientos reglados. ¿Dónde están? ¿A dónde va todo el dinero que pagan por dormir? ¿Coincide con el dinero que pagan los que están regularizados? Todas estas preguntas lanza Fernando Corral, que se enciende cuando oye cómo siguen autodenominándose plataformas de economía colaborativa. «Son un negocio en toda regla», concluye.