Las cada vez más evidentes señales sobre el cambio climático aconsejan introducir cambios en los modelos productivos que atenúen las emisiones y garanticen el futuro de las nuevas generaciones
18 sep 2017 . Actualizado a las 07:35 h.Harvey, Irma, Jose, Katia... Es probable que a Donald Trump y su cohorte de negacionistas del cambio climático se les esté atragantando el verano del 2017 por la sucesión de huracanes que azotan sus dominios. En realidad, si le prestasen un poco de atención al informe anual sobre el Estado del Clima que se publicó a mediados de este agosto, y que fue suscrito por ¡medio millón! de científicos de instituciones de todo el globo, le deberían tener cierto pánico a todo el año 2017: el ejercicio más caliente desde que existen registros, con lluvias torrenciales y sequías inéditas en Asia y África, un deshielo creciente en los Polos... Amén de los huracanes, claro.
Que el planeta atraviesa por una emergencia medioambiental sin precedentes es un hecho cada vez más evidente sobre el que alertan científicos, organismos internacionales y gobiernos de medio planeta. Combatir el cambio climático ha dejado de ser una obligación para convertirse en una necesidad. El objetivo, garantizar la estabilidad de las siguientes generaciones.
Para ello, es preciso modificar de forma sustancial los modelos productivos de tal forma que, manteniendo elevados estándares de bienestar social y económico, se proteja el medio ambiente. Lo explica con claridad meridiana Víctor Viñuales, el vicepresidente de la Red Española del Pacto Mundial, de la que forman parte empresas gallegas como Agroamb: «La construcción de una economía baja en carbono exige edificar un nuevo modelo de producción y de consumo».
Instrumentos como el Pacto Mundial de Naciones Unidas aspiran a contribuir a este fin implicando a las empresas. Josefa de León, vocal de la Red Española y directora de competitividad estratégica del Grupo Agroamb, advertía hace unas semanas en La Voz que «los desafíos mundiales necesitan soluciones como las que el sector privado pueda ofrecer». En cualquier caso, su colega Viñuales sostiene que, en la búsqueda de este objetivo, es necesario cumplir el Acuerdo de París e incluso ir más allá. El problema es que la decisión del Ejecutivo de Donald Trump de quedarse al margen de este pacto medioambiental, jaleado en buena medida por las grandes industrias contaminantes de su país, ha dejado en una situación muy comprometida el futuro de ese gran acuerdo global.
En realidad, los vaivenes políticos han sido constantes cuando las grandes economías mundiales han abordado el tema del cambio climático: indecisión, falta de compromiso, dudas... Y no será porque le hayan dado pocas vueltas al asunto. Hace ya más de un cuarto de siglo que este debate se puso sobre la mesa en la cumbre de Río de 1992. En 1997 se firmó el Protocolo de Kioto y, en el 2009, la cumbre de Copenhague se zanjó con decisiones más bien tibias. Fue en París, el año pasado, cuando se suscribió un pacto de enorme simbolismo por el récord de países firmantes, un documento que ahora ha quedado herido de muerte por la renuncia de Estados Unidos a seguir la senda que marca.
Y es que aunque China y Europa han decidido seguir adelante y mantener vivo el acuerdo, la dimisión norteamericana abre grandes incertidumbres alrededor de su futuro, especialmente si algunos de los países emergentes firmantes se ve sumido en los próximos años en una nueva crisis económica. Al fin y al cabo, no se debe olvidar que aunque sobre la faz de la Tierra habitan 7.000 millones de personas, son solo 500 millones los responsables del 50 % de los gases de efecto invernadero que cada año se generan a nivel mundial.
Beneficios a largo plazo
El problema, una vez más, ha venido de la mano de la inmediatez que reina en la política. El premio Nobel de economía francés Jean Tirole maneja una tesis preclara sobre las resistencias que desde hace años objetan los países para transformar sus modelos productivos y contener las consecuencias de esta emergencia medioambiental: «Los beneficios de la atenuación del cambio climático siguen siendo fundamentalmente globales y a largo plazo, mientras que sus costes son locales e inmediatos». O dicho de otro modo, el político que piensa en el hoy difícilmente encontrará réditos en cumplir con estos objetivos. Esta parece una tarea para aquellos que piensan en las nuevas generaciones.
Sea como fuere, España figura actualmente en el grupo de estados alineados alrededor de la idea de que es preciso hacer algo. Este verano, de hecho, el Ministerio de Medio Ambiente abrió una consulta previa a la elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio Climático, el documento que habrá de plasmar qué hace el país para frenar este fenómeno. Es una línea de trabajo que han seguido otras administraciones, como la Xunta, que tiene una estrategia abierta cuyo leit motiv es sencillo: «Todos e todas debemos realizar o esforzo: os gobernos, as empresas, os colectivos sociais e cada un dos cidadáns». Una tarea coral, en definitiva.