La banca, obligada por ley a facilitar cuenta y tarjeta a todos los clientes
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El Gobierno asume, un año tarde, la directiva europea para evitar la exclusión financiera
25 nov 2017 . Actualizado a las 08:34 h.Con algo de retraso (se preveía para hace un año), el Gobierno ha decidido transportar a España una directiva comunitaria con la que trata de evitar la exclusión financiera, esto es, que determinados perfiles de clientes se queden fuera del circuito bancario simplemente porque no les resulta interesante a las entidades. A través de un real decreto-ley, los bancos estarán obligados a facilitar a todos los usuarios una cuenta corriente para depositar su dinero o realizar traspasos, y disponer de una tarjeta. Y con independencia de la rentabilidad que les suponga ese ciudadano.
La decisión, adoptada ayer por el Consejo de Ministros, llega en un momento clave. Los cinco grandes grupos bancarios que operan en España -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankia- controlan ya más del 70 % de todo el mercado, tras sumar el negocio del Popular al Santander. Es uno de los niveles de concentración más altos de la UE. Por comparar con economías similares, en Alemania esa cuota apenas supera el 30 %; y en Francia e Italia no llega al 46 %. En Galicia ese nivel de control de los cinco grandes es más preocupante: supera el 90 % de todo el negocio. La oferta hoy se reduce a poco más de una decena de entidades, cuando antes de la reestructuración, en el 2009, superaban la veintena. Y hay grandes áreas rurales que se han quedado sin oficinas bancarias.
Ese oligopolio puede dar lugar desde una menor oferta competitiva a los clientes a una exclusión de clientes a sus servicios. Es el principal objetivo de la ley presentada. Estas son las claves:
NUEVO PRODUCTO
Cuenta de pago básica. El real decreto-ley incorpora como herramienta clave la creación de un producto bancario: la cuenta de pago básica. Es la manera de dar forma al derecho universal a la inclusión financiera, una figura que no existía hasta ahora. Esa cuenta debe proporcionar una serie de servicios esenciales: domiciliación de recibos, uso de tarjetas de débito o prepago, retirada de efectivo o transferencias.
las comisiones
Reguladas por decreto. Vinculado a lo anterior, el Ministerio de Economía regulará directamente el importe que los bancos cobrarán en comisiones por esa nueva cuenta básica. Las cifras no están fijadas (se verán en una futura orden ministerial), pero fuentes conocedoras hablan de «importes razonables» en función de la renta del cliente, el gasto medio aplicado a otras cuentas.
los excluidos
Solo si hay riesgo de blanqueo o terrorismo. ¿Puede negarse un banco a abrir una cuenta básica? No. Según la información que maneja Economía, solo se podrá rechazar a un cliente si este no aporta la información requerida en función del nivel de riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, o si su apertura es contraria a la seguridad nacional. Se tata de «casos muy tasados», dicen en el ministerio.
MEDIDAS PARA TODOS
Más transparencia en cobros y cancelaciones. Las medidas adoptadas por el Gobierno incluyen algunas para todos los clientes. Por ejemplo, la posibilidad de cancelación de una cuenta bancaria en 24 horas, y el traslado de entidad en un máximo de 13 días. También la obligatoriedad para los bancos de proporcionar con antelación al consumidor un documento informativo con las comisiones que cobrará. Además, deberán proporcionarle cada año, y gratuitamente, un estado de todos los pagos por servicio en los que haya incurrido.
Los bancos acaparan nueve de cada diez reclamaciones ante la CNMV
Los bancos acumularon nueve de cada diez reclamaciones que hicieron los inversores a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en EL 2016, concretamente un 88,9 %. En palabras del supervisor, esto se explica «teniendo en cuenta el peso relativo de estas entidades en la canalización del ahorro», según recoge la memoria de reclamaciones. Las quejas contra empresas de servicios de inversión y gestoras de instituciones de inversión colectiva nacionales ascendieron al 1,7%, mientras que un 0,8 % se referían a sociedades de valores; un 0,5 %, a agencias de valores, y un 0,1%, a empresas de asesoramiento financiero.