«Estamos totalmente vendidos por intentar salvar a una compañía que no es nuestra»
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Los trabajadores de Mieres Tubos se enfrentan a la posible extinción de su contrato si la propiedad no presenta antes del 10 de enero una solución viable para la empresa
18 dic 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Tras casi cuatro años de incertidumbre y después de haber puesto «todos los esfuerzos y más» para no tener que asistir al cierre de su empresa, los trabajadores de Mieres Tubos quieren «que esto se acabe ya». Aunque no descartan llevar a cabo alguna movilización más porque consideran que la factoría mierense «es viable», ahora el comité de empresa tiene la vista puesta en el horizonte del 10 de enero, fecha máxima fijada por la administración concursal para que la propiedad presente una solución que conlleva el requisito de que se presente la cantidad de dinero necesaria para pagar el dinero que se les adeuda a los trabajadores, una cantidad cercana a los 800.000 euros. Si no es así, se procederá a la liquidación de la empresa. Y aunque para los que integran la plantilla es la peor de las salidas después de todo lo pasado, también sería el final «a esa sensación de que estamos atados, inactivos, con la frustración que eso conlleva», apuntan fuentes del comité de empresa.
Sin embargo, la liquidación tampoco dejará al medio centenar de empleados de la empresa en buena situación. La razón es que la totalidad de la plantilla ha «sacrificado» ya las prestaciones de desempleo al ir accediendo desde marzo de 2014 a continuos expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) y cuando se proceda a liquidar la empresa, si finalmente eso ocurre, «la gente despedida se quedará sin ingresos» durante unos meses hasta que cobraran del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Así, lo que se traslada desde el comité de empresa es que los trabajadores «hemos puesto nuestros recursos para dar opción a que se reflotara la empresa» y, sin embargo, «ahora estamos totalmente vendidos por intentar salvar a una compañía que no es nuestra». No ocultan los trabajadores de Mieres Tubos que en parte les movió a actuar de ese modo el corazón, porque «somos gente que llevamos aquí muchos años y hay una buena relación entre la plantilla», además de que siempre han defendido que la empresa es viable con una buena gestión.
Sin embargo, desde el comité de empresa, que lo integran los sindicatos CCOO, UGT y USO, entienden que en la actualidad ya está mermado el ánimo de la plantilla, que se ve atada a una empresa cuya propiedad podría compararse en su forma de proceder «al perro del hortelano, que ni come ni deja comer», ya que ni hace una propuesta para dar salida a la empresa ni ha conseguido llegar a un acuerdo con ninguno de los tres inversores que en estos casi cuatro años mostraron interés en la empresa. El último que comunicaba que retiraba su oferta de compra fue el grupo italiano Amenduni.
Esta situación pone a los 50 trabajadores que aún permanecen en Mieres Tubos en una situación complicada a nivel profesional y personal, puesto que si optaran por buscar otro empleo perderían todos los derechos adquiridos después de lo pasado y el caso es que durante este conflicto laboral «la merma de ingresos ha sido brutal» para todos ellos. «Se trata, ya no sólo de la viabilidad de la fábrica, sino de la viabilidad de 50 familias», señalan desde el comité de empresa poniendo el acento en que esta situación no sólo es compleja para los empleados, sino también para sus familiares que lo pasan mal por una situación que se ha ido prolongando en el tiempo «por los engaños» de la propiedad, la familia Uribarren.
Y es que los representantes de los trabajadores señalan que «no tiene ni pies ni cabeza» que los dueños de Mieres Tubos hayan mantenido a la empresa en esta situación de carencia de actividad durante tanto tiempo sin darle una solución y acumulando deuda en nóminas de los trabajadores, en seguridad social y con los acreedores. «Y con falta de seriedad», apuntan fuentes del comité de empresa, que el pasado lunes calificaba de «extravagante» la última propuesta que realizó la propiedad a la administración concursal después de que se retirase el inversor italiano. Según ha trascendido, los propietarios se presentaron a la reunión con un representante de empresarios chicos asegurando que dicho representante visitaría en los próximos meses su país con intención de buscar a un posible inversor. Esto ha sido considerado por los trabajadores como «una tomadura de pelo».
Esta propuesta tampoco ha convencido a la administración concursal, que tras esa reunión fijaba en el 10 de enero la fecha máxima para que la familia Uribarren presente una propuesta de convenio que convenza o un inversor que desembolse para esa fecha la masa que se le debe a la plantilla, además de tener que plantear un convenio porque ya no es posible que haya más expedientes de regulación temporal de empleo. Así, el comité de empresa tiene en mente que se planteará la liquidación de la empresa porque, aunque «a nivel de los trabajadores se hicieron todos los esfuerzos y más», consideran que algo falla en la propiedad cuando «siempre que hay que firmar algo, se trunca la operación».