La responsabilidad del titular de una tarjeta bancaria por su uso fraudulento se reducirá a 50 euros

Ana Balseiro
ana balseiro MADRID / LA VOZ

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ALBERTO LÓPEZ

Una directiva también elevará el control sobre los cargos públicos para evitar el blanqueo

23 dic 2017 . Actualizado a las 08:48 h.

Aunque la inmensa mayoría de los titulares de tarjetas bancarias lo desconozcan, tienen una responsabilidad económica en el caso de que pierdan o les roben sus tarjetas de crédito o débito y, antes de que lo comuniquen al banco, terceros realicen con ellas operaciones fraudulentas, es decir, no autorizadas. En la actualidad el límite máximo de dicha responsabilidad del titular asciende a 150 euros, pero con la próxima entrada en vigor de la directiva europea de servicios de pago, en cuya trasposición trabaja el Gobierno, se rebajará a un máximo de 50 euros.

Esta es una de las novedades que incluirá la nueva norma europea, cuyo plazo límite de trasposición finaliza el 13 de enero. Sin embargo, Economía, que ayer sacó a audiencia pública el anteproyecto de ley que ultima para darle cumplimiento, espera aprobarlo en el primer semestre.

Pero no es el único cambio, ya que la ley también presta especial atención a la irrupción de nuevas tecnologías y a los actores en los sistemas de pago. Así, se amplía el ámbito de aplicación de la norma para dar cabida a dos nuevos servicios -los iniciadores de pagos y los agregadores de cuentas-, mientras que las entidades de crédito tendrán que permitir el acceso de terceros a la información bancaria de un cliente necesaria para realizar un pago, aunque con consentimiento.

También se facilitará la entrada a nuevos competidores, como las fintech o pequeñas compañías emergentes mediante un régimen de registro simplificado, ya que no estarán obligadas a recibir autorización (aunque no tendrán pasaporte europeo y solo operarán en el país), si su facturación anual no excede los 36 millones de euros.

Otra de las mejoras previstas es la reducción del plazo en el que las entidades resolverán las reclamaciones de los usuarios de servicios de pago, que pasará de dos meses a 15 días hábiles.

Por otro lado, Economía también sacó ayer a audiencia pública un decreto que traspone otra directiva y que se traducirá en un aumento de la vigilancia para evitar el blanqueo de capitales. Las entidades intensificarán el control sobre las operaciones que realicen las personas que tengan o hayan tenido en los dos últimos años responsabilidades públicas, y alertarán en caso de sospecha. De no hacerlo, se arriesgan a sanciones.