Anticorrupción pide la vuelta a prisión de la antigua dirección de Caixanova

Cree que deben dejar el régimen de semilibertad tras la nueva causa judicial abierta

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redacción / la voz

Nuevo varapalo judicial para la cúpula de la antigua Caixanova. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia Nacional que José Luis Pego, Gregorio Gorriarán y Óscar Nelson Rodríguez Estrada, junto al abogado externo Ricardo Pradas, vuelvan a prisión sin concesión alguna, revocando así el régimen de semilibertad del que disfrutan desde el pasado mes de noviembre, tras cumplir 10 de los 48 meses de prisión a los que fueron condenados por las millonarias indemnizaciones que se concedieron. Ese régimen les permite pasar el día fuera de la cárcel y regresar solo por la noche.

Ahora todos ellos colaboran con organizaciones sociales, como en el almacén del Banco de Alimentos de Vigo, como parte de su pena. Y luego duermen en las prisiones de A lama (Pego y Rodríguez Estrada) y Soto del Real (Gorriarán y Pradas).

En una situación diferente se encuentra Julio Fernández Gayoso, que desde inicios de agosto pernocta en su domicilio todos los días y solo tiene que llevar una pulsera de control telemático. Para quien fue presidente de Caixanova y luego también de Novacaixagalicia (tras la fusión de las cajas gallegas) Anticorrupción no ha pedido ninguna medida adicional.

¿A qué responde ahora esta petición? Según las fuentes consultadas, la fiscala Pilar Melero considera que hay motivos para revocar ese régimen atendiendo, principalmente, a la situación judicial de estos procesados, que están siendo investigados por otros casos relacionados con sus años al frente de Caixanova. Pego y Gorriarán -también Gayoso- están imputados en el llamado caso Promalar. Se trata de la concesión de cuatro créditos entre los años 2005 y 2009, por 135 millones de euros, a un empresario. Se concedieron para la compra de la conservera Bernardo Alfageme, vinculada al expresidente de Caixanova Guillermo Alonso Jáudenes, ya fallecido. La operación acabó generando un agujero a la caja de más de 80 millones tras la quiebra de la empresa.

Precisamente el juez de la Audiencia Nacional que lleva este caso les impuso en diciembre una fianza solidaria a todos los imputados por 80 millones de euros; los investigados han recurrido, alegando que ya se había decidido esa medida antes de escucharlos. Aún no se ha resuelto este millonario pago.

Rodríguez Estrada y el abogado Ricardo Pradas no están implicados en el caso Promalar, pero la fiscala pide también que vuelvan al régimen anterior, es decir, prisión sin condiciones, aduciendo que no hay arrepentimiento que justifique esa medida de gracia que les dio un juez de vigilancia penitenciaria.

Fuentes de Anticorrupción confirmaban este viernes que se ha recurrido el cambio de situación penitenciaria, pero que por ahora no hay respuesta de la Audiencia Nacional. Este órgano será el que deba determinar si hay motivos para aceptar o no la petición de la Fiscalía.

Méndez y Mauro Varela no acudirán al Congreso por motivos de salud

Salvo sorpresa de última hora, José Luis Méndez, el histórico director general de Caixa Galicia, y Mauro Varela, presidente de esta entidad en la última etapa, no comparecerán en el Congreso en la comisión de investigación sobre el crac de las cajas de ahorros. Ambos están citados para el próximo 6 de febrero, pero fuentes parlamentarias dan por hecho que no podrán acudir por motivos de salud. En el caso de Varela, este ya ha trasladado su situación personal; en el de Méndez, se desconoce si lo ha hecho oficialmente. Sí se sabe que no pudo ir a declarar en el mes de octubre a la Audiencia Nacional cuando fue citado como imputado en el caso de un crédito fallido de 15 millones de euros a la promotora Cueva Mar. Es la primera operación por la que es investigado.

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