La Guardia Civil eleva a 1,35 millones el posible fraude de UGT con los cursos de formación
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La Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL) pide que se reactive la comisión de investigación aprobada por el Parlamento asturiano
08 feb 2018 . Actualizado a las 12:43 h.La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cifra en 1,35 millones de euros el presunto fraude que pudo haber cometido a lo largo de cinco años UGT-Asturias al destinar parte de las subvenciones destinadas a cursos de formación a otros fines, como el pago de nóminas.
Así se recoge en un informe trasladado por la UCO el pasado 21 de diciembre al Juzgado que investiga el caso y que ha sido dado a conocer por las tres asociaciones que forman parte de la acusación particular. Entre ellas se encuentra la Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL), cuyo presidente, Domingo Goñi, ha pedido que se reactive la comisión de investigación aprobada por el Parlamento asturiano dado el retraso con el que se tramitará este caso, al haber cambiado la juez titular encargada de la instrucción por encontrarse de baja maternal.
El informe de la UCO mantiene que el presunto fraude asociado a los cursos de formación procede en casi 850.000 euros de la propia UGT-Asturias, mientras otros 504.000 euros estarían vinculados a su fundación IFES, lo que en total supone unos 43.000 euros más de los que se habían calculado inicialmente. Entre la documentación que maneja la UCO tras el registro que efectuó a la sede central de UGT de Asturias en enero de 2017, se encuentran recibos de seguridad y vigilancia de la sede central del sindicato en Asturias, así como una serie de discos duros dañados.
Asimismo, destaca una libreta con anotaciones manuscritas encontrada en el despacho de uno de los investigados en la causa en la que aparecen nombres de trabajadores de UGT y el tipo de labores de los cursos que se les podría imputar. Según Goñi, el informe viene a ratificar que UGT pudo utilizar sus fundaciones y empresas con carácter instrumental para hinchar los costes de los cursos que organizaba para, supuestamente, financiarse con las subvenciones que recibía.
«Es un trabajo muy importante de la UCO que aporta información novedosa», ha destacado el presidente de AVALL, que ha incidido en la necesidad de que el Parlamento asturiano proceda a abrir la comisión de investigación con el fin de que vayan saliendo más datos y se pueda clarificar «este proceso tan vergonzoso». En su opinión, como mínimo, UGT debería también pedir perdón a toda la ciudadanía y devolver el dinero que pueda haberse llevado de forma fraudulenta durante años.
De hecho, ha destacado que el caso ha sido considerado ahora como un delito continuado y que, por lo tanto, podrá ser investigada la actuación de UGT con las subvenciones durante un periodo de tiempo mayor al que actualmente es objeto de investigación de lo que, en su opinión, «se va aclarando la existencia de una trama en la que se han utilizado las empresas del sindicato para conseguir más subvenciones». Junto AVALL, forman parte de la acusación particular de este caso, cuya instrucción se inició hace dos años, la asociación Vecinos y amigos de valle de Gillón y Fuentes del Narcea y el Observatorio Ciudadano Antiocrrupción de Asturias (OCAN), vinculado a Podemos.
UGT ha defendido desde el principio que siempre ha actuado de acuerdo con la legalidad vigente en todo lo relacionado con las subvenciones y ha pedido que el caso se investigue con claridad para que ese extremo se aclare cuando antes. La investigación de los fondos de formación llevó a la detención del exsecretario general de UGT, Justo Rodríguez Braga, y cinco trabajadores más del sindicato durante veinticuatro horas a raíz del registro que la UCO llevó a cabo el 17 de enero de 2017 para requisar documentación relacionada con el caso.
La Fiscalía denunció en 2015 al sindicato ante el juzgado por la supuesta actuación fraudulenta en materia de subvenciones públicas llevada a cabo a través de su fundación, el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES). La denuncia respondía a la investigación de la Guardia Civil que, desde 2014, investigaba a UGT de Asturias por presuntos delitos contra la Hacienda Pública (desvío de fondos para las subvenciones) y falsedad documental.
Dos años antes de la denuncia de la Fiscalía, UGT de Asturias había asegurado que justificaba en la forma en que se requiere la totalidad de las cantidades que venía ejecutando correspondientes a cursos de formación para desempleados y para trabajadores. UGT se refirió así a las recomendaciones hechas en un informe de la Sindicatura de Cuentas de Asturias sobre la gestión de las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para realizar acciones de formación que mejoren la empleabilidad de los trabajadores asturianos.