Con un déficit crónico que se palía con crédito, mantener a flote la caja de la Seguridad Social es el gran reto político hoy
18 mar 2018 . Actualizado a las 13:16 h.Las pensiones preocupan, y mucho, dentro y fuera del Congreso. Así lo demuestran las protestas de los jubilados en la calle para exigir rentas «dignas» y denunciar la mísera subida del 0,25 % anual (apenas un par de euros al mes de media) que han recibido, un año tras otro, los últimos cinco. Y, en lo que respecta a los políticos, ha sido la presión social la que forzó el miércoles la comparecencia del presidente del Gobierno en un debate tan agrio como carente de propuestas serias para tapar las vías de agua que se le multiplican al sistema público de pensiones, y que se abordan a continuación:
modelo
Apuesta por la solidaridad intergeneracional. El sistema español de pensiones públicas es de reparto o solidaridad, es decir, los trabajadores de hoy pagan, con sus cotizaciones sociales, las pensiones de los actuales jubilados, igual que estos abonaron las de quienes los antecedieron. Por eso la pregunta recurrente de muchos ciudadanos, que se cuestionan cómo es posible que se diga que su pensión corre peligro si llevan décadas cotizando, refleja desconocimiento sobre el sistema vigente en España. Por contraposición, el modelo de capitalización (que puede ser individual o de empresa) de otros países sí implica que, al jubilarse, el trabajador dispone de las cotizaciones acumuladas a lo largo de su vida laboral.
SOSTEniBILIDAD
¿Cuál es el problema? Básicamente, que los ingresos que entran en la caja de la Seguridad Social (las cotizaciones de los trabajadores) no son suficientes para sufragar los gastos crecientes (pensiones). Con una población cada vez más envejecida, cotizantes insuficientes y más jubilados que, además, perciben prestaciones más altas y durante más años, el saldo del sistema son los números rojos: 18.800 millones en el 2017, su máximo histórico.
El desfase, agudizado en la crisis, obligó al Gobierno a tirar del Fondo de Reserva (la hucha de las pensiones, que pasó de más de 66.800 millones al cierre del 2011 a apenas 8.000 ahora) y a habilitar créditos los dos últimos ejercicios. Y ello pese a que en el 2017 las cotizaciones alcanzaron su récord, con casi 109.200 millones de euros. Pero es que la nómina anual de las pensiones frisa los 140.000 millones e, incluso sin revalorización, sube en 3.800 millones cada año (3,1 % del PIB) con las nuevas altas, como Rajoy recordó en el Congreso.
reformas
¿Desaparecerán las pensiones públicas? No. Pero otra cosa es si su cuantía será suficiente, dadas las perspectivas futuras. Para garantizarlas se han aprobado reformas que, sin embargo, los expertos consideran «parches». La del 2011, con el Gobierno de Zapatero y consenso social, retrasó progresivamente la edad de jubilación hasta los 67 (se alcanzará en el 2027) y aumentó los años de cotización para percibir el 100 % de la pensión, mientras que la que el Ejecutivo de Rajoy sacó adelante en solitario en el 2013 se enfrenta ahora a reiteradas peticiones de derogación.
Dicha reforma desvinculó del IPC la revalorización anual de las pensiones y lo sustituyó por un índice ligado al ciclo económico, con una subida mínima del 0,25 % (la que se aplica desde hace un lustro y que este año ha hartado a los jubilados) y máxima del 0,50 % más el IPC. El Gobierno sostiene que no es asumible ajustar todas las prestaciones a la inflación, como piden los jubilados y la oposición. Hacerlo costaría este año 1.800 millones (el IPC cerró el 2017 en el 1,6 %), frente a los 332 que supuso la subida del 0,25 %. Por eso la oferta del PP se centra el mejorar solo las pensiones mínimas y las de viudedad, además de ayudas fiscales. El otro cambio que se aprobó en el 2013 fue el factor de sostenibilidad, que desde el próximo enero vinculará la cuantía de la pensión a la esperanza de vida, por lo que se estima que los nuevos perceptores cobrarán alrededor de medio punto menos, unos 75 euros menos al año de media.
OPCIONES
¿Qué hacen otros países? La mayoría ha introducido cambios en sus sistemas, ya sea pasando del de reparto al de capitalización (los países de Europa del este) o decantándose por cuentas individuales (nocionales), que son una variante del sistema de reparto que tiene en cuenta todas las cotizaciones reales. En España crecen las voces que advierten que hay que complementar con ahorro privado las futura pensión pública y la patronal del sector pide que se replique el modelo británico, que obliga a las empresas a incluir en un plan de empleo (de capitalización) a sus trabajadores y que sean ellos los que deban darse de baja si lo rechazan.