Las ayudas a los parados, en el aire por el pulso de Empleo con las comunidades

El plazo está marcado en rojo desde hace meses en el calendario. El próximo día 30 vencen las prórrogas de los programas que regulan las ayudas que perciben los parados que han agotado todas sus prestaciones previas (tanto el Prepara como el PAE). Aprovechando que ya ha pasado lo peor de la crisis, y obligado por los reveses judiciales por la invasión de competencias autonómicas, el Gobierno se propuso desenmarañar la compleja madeja de subsidios que existe en la actualidad y unificarlos todos (no solo los antes mencionados, sino también la renta activa de inserción) en una única ayuda.

La propuesta, bautizada como renta complementaria de desempleo (RED) se presentó a los agentes sociales el pasado 21 de marzo y, según el diseño inicial del Ministerio de Empleo, consistiría en una ayuda de 430 euros (los programas actuales oscilan entre los 400 y los 450, en función de las circunstancias personales y familiares del desempleado). El diseño inicial no convenció a los sindicatos, que frente a la versión oficial -que apunta a una ampliación de los plazos de cobertura, especialmente para los desempleados mayores de 45 años- ya han denunciado que el borrador que les presentaron perjudicaría a más de la mitad de los actuales beneficiarios. Estiman que, frente al calendario actual, en el que se encadenan los diferentes subsidios, la mayor parte de los colectivos analizados pierden entre uno y tres meses de prestación. Y también denuncian que la propuesta obvia la situación de algunos colectivos como los parados de larga duración o los discapacitados cuya protección, entienden las centrales, se pretende desplazar a las comunidades.

Pero el verdadero escollo con el que ha chocado Empleo es el frente articulado por nueve autonomías (las gobernadas por el PSOE y otras dos) que no aceptan la fórmula diseñada por el Ejecutivo. Un rechazo que plantearon ayer abiertamente en la conferencia sectorial celebrada entre la cúpula del ministerio y las de las consejerías autonómicas y que obligó al secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, a anunciar que se efectuarán cambios en el diseño de la prestación.

Eso sí, el número dos de Fátima Báñez entiende que la contrapropuesta presentada por las regiones contrarias a su modelo sería inasumible, porque lo que piden es que la ayuda se prorrogue de forma automática mientras se cumplan las condiciones que dan acceso a ella, algo a lo que no parece dispuesto el Gobierno, que quiere que, como ahora, exista un período tope de cobertura.

En el fondo, explican fuentes conocedoras de la negociación, lo que subyace también es un pulso por las competencias, después de que el Tribunal Constitucional declarara que la anterior gestión de estas ayudas de último recurso invadía una parcela de poder asignada a las comunidades, por lo que ahora el Estado parece pretender recentralizar la gestión del nuevo subsidio, algo que no acaba de convencer a las regiones de distinto color político.

Un pulso que debería resolverse en menos de dos semanas para que no se produzca un vacío legal que deje sin protección a los desempleados sin ingresos.

Galicia recibirá 19 millones más para políticas de empleo

Galicia contará con 164 millones de euros este año para el desarrollo de políticas activas de empleo. Son 19 más (un incremento del 13 %) que los recibidos del Estado el ejercicio anterior, en el que, según explicó ayer el conselleiro de Emprego, Francisco Conde, se consiguió que 75.000 personas encontraran un empleo gracias a los programas de asesoramiento y orientación. Para este año, hay dos objetivos básicos: adecuar el perfil de los desempleados a las demandas del tejido empresarial e incidir en los colectivos con mayores dificultades de inserción, como jóvenes, mujeres y parados de larga duración.

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