El derecho a una cuenta corriente encalla cuatro meses después de ser aprobado

Economía aún no ha fijado la comisión máxima que la banca aplicará al producto


madrid / la voz

Desde el pasado 24 de noviembre, cualquier ciudadano que resida en España tiene protegido por ley su derecho a acceder al sistema financiero, es decir, a tener una cuenta corriente. Pero aunque la norma que acaba con la exclusión financiera -producto de la transposición de una directiva europea del 2014- está en vigor desde hace cuatro meses, en la práctica las cuentas de pago básicas que la banca está obligada a ofrecer incluso a clientes no rentables, de bajos recursos o sin domicilio, aún no han echado a andar.

Y es que, aunque las entidades financieras deben tener entre sus productos una cuenta que dé servicios básicos de pago -que permite hacer ingresos y retiradas de efectivo, transferencias, domiciliaciones y disponer de una tarjeta de débito- con coste reducido a quien lo solicite (siempre que cumpla una serie de requisitos), el escollo para que comiencen a funcionar está precisamente en Economía.

El ministerio, en el que Román Escolano acaba de tomar el relevo de Luis de Guindos, debía publicar en tres meses una orden fijando el tope máximo de las comisiones que la banca podrá aplicar al nuevo producto y que, según se recoge en el decreto de noviembre, «deberán ser razonables», pero aún no lo ha hecho. Según confirmaron fuentes de dicho departamento, de momento no hay fecha prevista para que la orden ministerial, que «está en proceso de negociación» y que aún no ha sido sometida a audiencia pública, vea la luz.

En este escenario, las entidades financieras consultadas están a la espera de que se clarifique la cuestión de las comisiones máximas para continuar avanzando en el diseño de las condiciones y los costes aplicables a las cuentas de pago básicas. 

Escaso nicho de mercado

Diferentes fuentes del sector coinciden en señalar que, en el caso de España, «un país plenamente bancarizado, donde prácticamente todo el mundo tiene una cuenta corriente», este tipo de producto no va a tener un gran nicho de mercado. «El público objetivo, que es el que se ha quedado excluido del sistema bancario, es mínimo», apuntan.

De hecho, subrayan que no están recibiendo peticiones de apertura de cuentas básicas, «aunque esto puede cambiar cuando se pongan en marcha y se fijen las comisiones máximas, ya que entonces puede haber gente que pretenda cambiarse».

Pero tal situación es difícil que se produzca, ya que entre los requisitos para poder contratar este producto está que el cliente no tenga ninguna otra cuenta abierta. Asimismo, está dirigido exclusivamente a personas físicas, incluso sin domicilio fijo, solicitantes de asilo o quienes no tengan permiso de residencia.

Los bancos están obligados a ofrecer con carácter universal dicha cuenta básica y solo quedarán excluidos clientes por motivos de orden público o blanqueo de capitales, además de los ya referidos titulares de otras libretas.

En lo que respecta a las comisiones máximas, y a la espera de que el Ejecutivo fije la cuantía «razonable», la norma especifica que para establecerlas se tendrán en cuenta varios criterios, como el nivel de renta nacional en relación con otros países miembros de la UE o las comisiones medias que las entidades de crédito aplican ya por los mismos servicios en cuentas distintas a las de pago básicas. Además, dichos cargos serán como una tarifa plana, pues habrá «un número mínimo de operaciones que cubran el uso medio personal de cada servicio sin comisión o con una razonable», y una vez superado, los gastos máximos aplicables «no serán superiores a las comisiones medias aplicadas por cada entidad».

El decreto también establece la posibilidad de fijar a través de un reglamento distintos regímenes de condiciones «más ventajosas» en materia de comisiones según las «especial situación de vulnerabilidad o exclusión financiera de los potenciales clientes».

El objetivo es que nadie quede fuera del sistema precisamente en un momento en el que la concentración financiera tras la crisis es máxima y los ajustes en la red de oficinas han eliminado la presencia bancaria de muchas poblaciones pequeñas, que suelen ser las menos rentables.

Sin embargo, desde el sector se insiste en que en España está al alcance de cualquiera abrir una cuenta, ya que la liquidez exigida es reducida o inexistente, al igual que las comisiones.

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