Anged advierte de que mantener el gravamen les resta competitividad frente a las plataformas de comercio electrónico
26 abr 2018 . Actualizado a las 13:21 h.La patronal Anged, que engloba a compañías como El Corte Inglés, Ikea o Carrefour, ha advertido de que mantener el impuesto a las grandes superficies es «insostenible» en la sociedad digital y les resta competitividad frente a las plataformas de comercio electrónico.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en respuesta a las cuestiones prejudiciales elevadas por el Tribunal Supremo español, considera que dicho impuesto, que actualmente recaudan Asturias, Aragón y Cataluña, es compatible con el derecho comunitario. Tras conocer el fallo, Anged ha pedido a las autonomías que reconsideren este tributo porque aunque sea legal desde el punto de vista jurídico puede tener efectos «extraordinariamente negativos» sobre la competitividad y el empleo de las empresas afectadas.
Al gravar sólo a las grandes superficies, ha subrayado, resta competitividad frente a otros formatos comerciales, en especial las plataformas digitales, como Amazon o Alibaba, «que no están sujetas a las mismas barreras operativas, restricciones ni impuestos». «Tributos como este no sólo son anacrónicos, sino que distorsionan gravemente la oferta comercial, penalizan la capacidad de crecimiento de las empresas, drenando recursos a la inversión y la generación de empleo», han insistido Anged. Por ello, ha insistido en avanzar hacia un marco regulatorio y fiscal moderno que no perjudique las tiendas físicas, el empleo y riqueza que generan en sus territorios.
En marzo de 2016, el Tribunal Supremo pidió al Tribunal de Justicia de la UE que aclarara si los impuestos que gravan a las grandes superficies en Cataluña -que el año pasado recaudó por este tributo 14,8 millones de euros-, Aragón y Asturias se ajustan a la legalidad europea, antes de resolver los recursos interpuestos por Anged. Tres años antes, Anged denunció los hechos ante la Comisión Europea, que en enero de 2015 remitió un escrito al Gobierno considerando que las tasas con las que entonces gravaban seis autonomías a las grandes superficies eran ayudas de Estado incompatibles y pedía que se retiraran o modificaran para que dejaran de penalizar a unos formatos comerciales frente a otros.
Estas tasas «medioambientales», de las que están exentas el pequeño comercio y ciertas tiendas especializadas, gravan los metros cuadrados de un establecimiento por la contaminación que producen los consumidores por desplazarse en coche hasta ellos. En marzo de 2015, la CE dio un ultimátum a dichas autonomías y advirtió de que de no modificar o eliminar sus gravámenes abriría una investigación que podría culminar en que el pequeño comercio tuviera que pagarlo con carácter retroactivo. Dicho impuesto existía en Canarias (que nunca lo llegó a aplicar), Navarra y La Rioja (que anunciaron su eliminación) y en Cataluña, Aragón y Asturias (que negociaban con Bruselas cambios en su diseño para no ser calificado de discriminatorio).