El PP dinamita la última reforma de las pensiones para salvar los Presupuestos

Gabriel Lemos REDACCIÓN / LA VOZ

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Javier Lizón

Pacta con el PNV aplazar al 2023 el recorte de las nuevas jubilaciones por el incremento de la esperanza de vida

26 abr 2018 . Actualizado a las 07:41 h.

El Gobierno ha dado su brazo a torcer. Lo ha hecho tras la histórica movilización de los pensionistas en la calle, pero, sobre todo, por la presión ejercida por los cinco diputados del PNV en el Congreso de los Diputados, cuyo voto es clave para que Rajoy saque adelante los Presupuestos Generales del Estado y obtenga un balón de oxígeno con el que intentar estirar la legislatura.

Los nacionalistas vascos anunciaron ayer los términos del acuerdo alcanzado con el Ejecutivo, que implica que, al menos hasta las próximas elecciones generales, las pensiones se revalorizarán de acuerdo con la inflación. El proyecto de ley presentado por el ministro de Hacienda en las Cortes preveía ya un incremento del 3 % para los casi tres millones de prestaciones mínimas y no contributivas (un punto más que lo que había pactado previamente con Ciudadanos), así como subidas del 1,5 y del 1 % para las de cuantía inferior a los 700 y los 860 euros al mes, respectivamente. El resto mantendrían la subida mínima del 0,25 % aplicado en enero.

El escenario ha cambiado tras el acuerdo con el PNV, negociado directamente por el presidente del Gobierno. Ahora todas las pensiones subirán un 1,6 % este año (con efectos retroactivos desde enero), la misma proporción en la que subieron los precios el año pasado, lo que garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo. Solo las prestaciones mínimas subirán más: el 3 % ya previsto.

La actualización conforme al IPC se aplicará también en el 2019, año clave por la celebración de elecciones municipales, autonómicas y europeas, y antesala de unos nuevos comicios generales cuyo calendario estará determinado por el juego de alianzas que consiga tejer el Gobierno en los próximos meses.

Pero la vinculación de las pensiones a la inflación (que deja en suspenso el actual índice de revalorización, que durante cinco años impidió que las prestaciones subiesen más de un 0,25 % anual) no es la única concesión del Gobierno. También se aplaza la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, que iba a suponer un recorte en las nuevas pensiones de jubilación al ligar su cuantía a la evolución de la esperanza de vida. Su aplicación, prevista para el próximo mes de enero, se demorará al menos cuatro años, hasta el 2023. 

Mejoras para las viudas

También habrá subidas en las prestaciones de viudedad, cuya base reguladora, en el caso de los beneficiarios mayores de 65 años que no perciban otra pensión pública y no tengan otros ingresos, se elevará del 52 al 56 % este año (dos puntos más de lo previsto inicialmente), para llegar al 60 % en el 2019, cumpliendo así sobre la campana una disposición legal que llevaba en el cajón desde el año 2011.

El acuerdo del Partido Popular y el PNV dinamita los dos pilares de la última reforma del sistema de pensiones, aprobada por el PP en solitario en el 2013 para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social, y que, con la suspensión temporal del índice de revalorización y del factor de sostenibilidad, queda en papel mojado.

Los sindicatos aplauden el giro y la oposición afea el uso de los pensionistas como «mercancía»

Como antes había hecho Albert Rivera, aunque con menos éxito, ayer fue el portavoz del PNV, Aitor Esteban, quien capitalizó para su partido la subida generalizada de las pensiones para este año. Tras semanas negando que fueran siquiera a negociar con el Gobierno mientras se mantuviera el 155 en Cataluña, el diputado vasco defendió su apoyo a las cuentas del Gobierno en que las contrapartidas pactadas recogen las exigencias de los sindicatos y «las reivindicaciones que se están haciendo en la calle». Era «lo justo y lo que había que hacer», aseguró.

Y lo cierto es que los sindicatos aplaudieron el cambio de rumbo del Ejecutivo. De «muy positivo» calificaron en UGT el acuerdo del PP con los nacionalistas vascos, que atribuyeron al éxito a las movilizaciones de los pensionistas, aunque anuncian que seguirán presionando para que se elimine definitivamente el actual índice de revalorización.

Más duros se mostraron los partidos de la oposición, que recordaron que el Gobierno lleva meses vetando en el Congreso propuestas de PSOE y Podemos para subir las pensiones de acuerdo con el IPC, alegando que no había recursos suficientes. «No había dinero en los Presupuestos para que no perdieran poder adquisitivo y, ¡ah, sí hay dinero!», reprochó el diputado del PSOE Pedro Saura, que criticó que se use a los pensionistas como «mercancía electoral». Pese a esas objeciones, Pedro Sánchez calificó de «buena noticia» la subida.

Desde el PP, el diputado Jaime de Olano aseguró que las cesiones al PNV en materia de pensiones no supondrán «recortes» en otras áreas y que la subida es posible por «el margen que da la gran recaudación tributaria, consecuencia de la recuperación».

Diez euros más al mes para la prestación media gallega y más números rojos para una Seguridad Social deficitaria

Y esto ¿cómo me afecta? Al margen de las lecturas políticas, esta es, sin duda, la pregunta que se hacen hoy los 8,7 millones de pensionistas (más de 673.000 en Galicia) cuyas nóminas estaban desde hace cinco años prácticamente congeladas por los efectos del índice de revalorización, que limitaba las subidas anuales al 0,25 %, para no agravar el déficit de la Seguridad Social.

Con ese tope, la pensión media gallega, que en diciembre del año pasado ascendía a 783,7 euros (en 14 pagas), se revalorizó en enero en algo menos de dos euros mensuales (1,96, por hilar fino). Si, como todo apunta, los Presupuestos salen adelante gracias al apoyo del PNV y se aplica un incremento del 1,6 %, las cuentas serán bien diferentes. Esa misma prestación media se revalorizaría, con efectos retroactivos desde enero, en 12,54 euros, lo que incrementa la subida en más de diez euros mensuales. Son casi 150 euros más al año.

Aunque todos los pensionistas saldrán ganando, los más beneficiados son aquellos que cobran más de 860 euros al mes y que, con el proyecto inicial de Presupuestos, no iban a ver incrementada su prestación por encima del 0,25 % ya aplicado. Son, en el conjunto de España, más de tres millones y medio de personas, doscientas mil en Galicia (una cuarta parte del colectivo).

Buenas noticias para el bolsillo del pensionista, pero no tanto para las ya maltrechas cuentas de la Seguridad Social, cuyos ingresos no son suficientes para hacer frente al desbocado gasto en pensiones.

Solo el año pasado, el déficit del sistema de pensiones ascendió a 18.800 millones de euros, lo que obligó a recurrir a un préstamo del Tesoro para atender el pago de las nóminas. Este año se repetirá la situación, con el agravante de que volver a actualizar de nuevo las pensiones al IPC generará un agujero mayor al sistema. Y es que si la revalorización en un 0,25 % suponía un coste anual ligeramente superior a los 300 millones de euros, la subida que ahora se plantea podría elevar la factura por encima de los 2.000 millones de euros, de los que apenas la mitad estaban ya presupuestados.