Las cláusulas sociales blindarán los convenios de Asturias en la contratación pública

El gobierno aprueba la normativa para exigir criterios laborales, éticos y medioambientales en los concursos de obras

Isaac Pola y Guillermo Martínez
Isaac Pola y Guillermo Martínez

Redaccion

El Gobierno asturiano aprobó este jueves las «instrucciones y guía práctica» para la inclusión de cláusulas sociales, medioambientales y éticas en la contratación pública; una serie de 52 recomendaciones y criterios, algunos de carácter obligatorio, que permitirán que el precio más bajo no sea, como hasta ahora, el elemento crucial para conseguir la contratación. El consejero de Empleo, Isaac Pola, que detalló que la guía se publicará en los próximos días en el Portal de Transparencia del Principado y que uno de sus efectos será proteger a compañías asturianas frente a las procedentes de territorios en los que los convenios colectivos sean peores ya que «el mínimo» a partir de ahora será el asturiano. Pola destacó que hasta ahora uno de los sectores más perjudicados por la falta de esta normativa era el de la construcción. 

«Sin duda tendrá un efecto significativo», señaló el consejero que apuntó que las cláusulas de tipo sociolaboral exigirán que se aplique el convenio sectorial y manifestó su esperanza de que sirva «para igualar condiciones laborales». Pola también destacó que en todas las fases de verificación de las condiciones de los contratos se exigirán una serie de obligaciones legales «que ya están recogidas en leyes pero de forma dispersa y ahora estarán reunidas en la guía». En este sentido, se señaló que en la ejecución de los constratos se exigirá el cumplimiento de las condiciones del convenio «tanto al contratista principal como para los subcontratistas, sin perjucio de que los empleados puedan beneficiarse de posibles mejoras». Y que la Dirección General de Trabajo será la encargada de mantener un listado actualizado de los convenios y de dirimir en caso de controversia. 

Pola destacó que la contratación pública es un «poderoso instrumento» para promover «el respeto a los valores ambientales y sociales» ya que supone el 19% del PIB de la economía europea y un porcentaje entre el 15% y el 18% en el caso de la española, y señaló que entre los criterios que se exigirán en Asturias estará que si la empresa cuenta los costes salariales en el precio de su oferta deberá desglosarlos por género y categoría profesional en sus pliegos.

En el manual se señalarán cláusulas sociales como favorecer la calidad del empleo, la inserción de personas con especiales dificultades de acceso al mercado laboral, la conciliación o la equiparación salarial. En el caso de las medioambientales se indica que la ejecución de las obras debe primar la eficiencia energética, la sostenibilidad, el reciclaje o la reducción de emisiones; y respecto a las cláusulas éticas, se detallan la promoción del comercio justo o la lucha contra la corrupción y el fraude fiscal.  

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