El Banco de España pide ajustar a la baja las pensiones, reducir el endeudamiento y redefinir los impuestos

Europa Press

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Emilio Naranjo | Efe

La entidad prevé un crecimiento potencial de la economía española inferior al 1,5 % a medio plazo

22 may 2018 . Actualizado a las 14:25 h.

El Banco de España considera que la economía española proyecta a futuro un crecimiento potencial «relativamente modesto», con unos niveles por debajo del 1,5 % a medio plazo, advierte de que presenta un grado «notable» de vulnerabilidad ante posibles perturbaciones y cuestiona el cumplimiento estricto del grado de reducción exigido del déficit público estructural.

Así lo señala el organismo en su informe anual, publicado este martes, en el que recoge que el crecimiento potencial de la economía española, que mide su capacidad de crecer de modo sostenible y equilibrado a medio plazo, se sitúa, de acuerdo con las estimaciones disponibles, en niveles por debajo del 1,5%, cercano al de la UE, pero inferior al de otros países desarrollados, como Estados Unidos.

Las últimas previsiones del Gobierno apuntan a un crecimiento del 2,7 % este año y un alza del PIB próximo al 2,5 % en los siguientes ejercicios (2,4 % en el 2019 y 2,3 % en el 2020 y el 2021).

El organismo cita entre los factores estructurales más relevantes que limitan el crecimiento el elevado desempleo estructural, el envejecimiento de la población, el menor crecimiento de la tasa de actividad derivado del cambio demográfico y la reducida productividad, como resultado de la «excesiva» dualidad del mercado de trabajo, las regulaciones que limitan la competencia y la reasignación ineficiente de recursos, así como el déficit de capital humano y tecnológico.

No obstante, señala que cabe la posibilidad de que el impacto positivo de las reformas estructurales llevadas a cabo en el pasado en España sobre el crecimiento a largo plazo de la economía no esté siendo incorporado plenamente por las estimaciones disponibles del producto potencial.

Cuestiona la reducción del déficit estructural

Respecto al déficit público recuerda que deberá situarse en el 2,2 % del PIB en este año y el esfuerzo estructural acumulado entre el 2016 y el 2018 deberá ser de 0,6 puntos porcentuales del PIB.

Aunque ve «muy probable» que las administraciones públicas sitúen su déficit por debajo del 3 % en el 2018, advierte de que existe una «mayor incertidumbre» sobre el cumplimiento estricto del grado de reducción exigido del déficit público estructural, que según Bruselas sería todavía elevado, del 3,1% del PIB potencial en este año, el mayor de los 19 países de la UE.

La superación del procedimiento de déficit excesivo implicaría una redefinición de la senda de ajuste fiscal para adecuarse a las exigencias del «componente preventivo» del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Estas exigencias, añade, incluyen que el déficit estructural se reduzca a un ritmo anual de cinco décimas en circunstancias normales, hasta alcanzar el objetivo de medio plazo de equilibrio.

Los retos ante las «escasas» iniciativas

Según el Banco de España, la expansión del PIB, que en términos acumulados alcanza un 13% desde el inicio del ciclo alcista en el 2014, está permitiendo un «rápido» crecimiento del empleo y una reducción significativa de paro, y subraya que la recuperación se está viendo beneficiada por la corrección de los desequilibrios, en términos de mejora de la competitividad exterior y la disminución del sobreendeudamiento de los agentes privados.

De hecho, cree que los elementos «positivos» de la recuperación proceden de las políticas económicas implementadas desde la recesión, como la reforma laboral, la recapitalización de entidades de crédito o la política monetaria del BCE.

No obstante, avisa de que los progresos son todavía «limitados» en otros ámbitos, como la reducción del elevado nivel de deuda pública, lo que hace que, en el medio plazo, la economía española continúe presentando «un grado notable de vulnerabilidad ante posibles perturbaciones, especialmente en un contexto en el que cabe esperar que las políticas de demanda proporcionen un estímulo cada vez menor al crecimiento».

Ante desafíos «más importantes», defiende que las políticas estructurales deben desempeñar un papel «más activo» para asegurar un aumento sostenido de la capacidad de crecimiento y de los niveles de bienestar. A su juicio, las iniciativas para resolver los problemas estructurales son «escasas».

Por ello, entre los desafíos hace hincapié en la tarea «urgente» de la corrección del desequilibrio de cuentas públicas y el alto endeudamiento por los impactos negativos que tendría en caso de prolongarse. La ratio de deuda pública sobre PIB habrá de disminuir anualmente una veinteava parte de la distancia con la referencia de medio plazo del 60 %, señala el informe.

Por el lado del gasto, cree que existe margen para aumentar la eficiencia del gasto público y reorientar su composición hacia aquellas partidas con mayor incidencia sobre la productividad. Por el de los ingresos, aboga por considerar una revisión y definición de la cesta de impuestos hacia estructuras más favorables al crecimiento de medio plazo.

Pensiones y empleo

El Banco de España considera que si los ingresos del sistema de la Seguridad Social no crecen muy significativamente será imposible mantener las tasas de sustitución actuales de las pensiones públicas (importe de la pensión respecto al último salario), cuyo descenso podría llegar a 20 puntos en el 2060.

La entidad señala el envejecimiento de la población como el mayor reto para la sostenibilidad de las finanzas públicas, ya que las pensiones, la sanidad y los cuidados de larga duración generarán un incremento del gasto publico en las próximas tres décadas de hasta 3,5 puntos del PIB. 

A juicio del Banco de España, la reforma de las pensiones del 2013, que ligó su revalorización a la situación financiera del sistema e introdujo el factor de sostenibilidad para adecuar la pensión inicial a la esperanza de vida, facilitará la reducción del déficit de la Seguridad Social y contrarrestará significativamente el aumento de la tasa de dependencia a largo plazo. Para la entidad, cualquier nueva reforma de las pensiones debe mantener un «mecanismo de ajuste automático» que garantice las pensiones a futuro, además de aumentar la transparencia del sistema y reforzar su contributividad (relación entre contribuciones y prestaciones).

En su opinión, la clave reside en acordar la tasa de sustitución que se pretende asegurar y adecuar los ingresos para que la sostenibilidad de las pensiones quede garantizada.

Como reto «especialmente acuciante» marca también la disminución del empleo, especialmente elevado y persistente en colectivos como el de los más jóvenes y los más mayores, y los de menor nivel de cualificación, para lo que pide orientar las políticas públicas a evitar que permanezcan largo tiempo en desempleo.

En materia de productividad, ve preciso combatir el elevado grado de segmentación del mercado de trabajo, orientar la educación a afrontar los retos derivados del progreso tecnológico y la globalización, al tiempo que propone aumentar la asignación de recursos públicos para cerrar la brecha de España en I+D+i respecto al resto de economías europeas.

Reforma del sistema de financiación autonómica

En cuanto a las administraciones territoriales, responsables de más del 40 % del gasto público, insta a reformar el sistema de financiación con el objetivo de adecuar los ingresos a las necesidades de gasto, de garantizar su reparto de manera transparente y de incrementar el grado de corresponsabilidad fiscal.

Adicionalmente, aboga por retomar el acceso a los mercados de capitales por parte de las CCAA como vía fundamental de financiación de sus desequilibrios fiscales, haciendo uso de los distintos fondos del Estado desarrollados durante la crisis «solo en circunstancias excepcionales».

En todo caso, mientras que estos mecanismos se encuentren operativos, ve necesario que se apliquen de manera estricta los elementos explícitos de condicionalidad con los que estos cuentan sobre la actuación presupuestaria de las administraciones afectadas, para evitar incentivos a políticas presupuestarias inadecuadas.