El número de trabajadores irregulares descubiertos se elevó un 32% desde el 2012
28 may 2018 . Actualizado a las 08:04 h.Uno de los problemas de la maquinaria productiva española es el alto grado de economía sumergida que soporta, alrededor de un 18 % del PIB, según distintas estimaciones. Por eso el Gobierno de Mariano Rajoy se puso como objetivo luchar contra este fraude que ataca de lleno a la Seguridad Social. Con ese fin, aprobó un plan en el 2012 -vigente hasta el 2017- que ha permitido hacer aflorar cerca de 520.000 empleos en negro y ha conseguido transformar 360.000 contratos indebidamente temporales en indefinidos, según datos proporcionados por el Ministerio de Empleo con cifras actualizadas hasta febrero.
Y es que solo el año pasado el número de trabajadores irregulares descubiertos gracias a las inspecciones de Trabajo superaron los 93.000, lo que supone prácticamente un 32 % más que en el 2011, cuando no había entrado en vigor el plan de lucha contra el fraude y se destaparon 70.787 empleados sin regularizar.
Desde entonces, cada año ha ido creciendo el número de empleos sumergidos que salen a la luz y, además, se han detectado más de 7.000 empresas ficticias, sin actividad real, creadas con el único objetivo de facilitar el acceso indebido a prestaciones.
Prestaciones indebidas
Asimismo, se han constatado casi 100.000 prestaciones por desempleo indebidamente percibidas, con sanciones que superan en más del cuádruple las adoptadas en la anterior legislatura, de José Luis Rodríguez Zapatero, según recoge la memoria realizada por el ministerio. El impacto económico estimado es de 21.198 millones. La idea es avanzar en esa dirección. Por eso el mes pasado el Consejo de Ministros aprobó un nuevo Plan Estratégico de Inspección de Trabajo y Seguridad Social que estará vigente hasta final de la legislatura y cuenta con «nuevas herramientas para hacer de la eficiencia de la lucha contra el fraude un activo estratégico principal», según afirmó la ministra Fátima Báñez. Una de las prioridades será reforzar el control de la contratación temporal injustificada. Porque ni la reforma laboral ha conseguido evitar que España vuelva a ser líder en Europa del empleo con fecha de caducidad, tras desbancar a Polonia.