El Gobierno renuncia a derogar la reforma laboral, aunque quiere pactar «retoques»

Reunión de Pedro Sánchez y la ministra de Trabajo con agentes sociales y líders de la patronal

Sánchez, junto a la ministra Magdalena Valerio, se vio ayer en Moncloa con los presidentes de las patronales y los líderes de CC.OO y UGT
Sánchez, junto a la ministra Magdalena Valerio, se vio ayer en Moncloa con los presidentes de las patronales y los líderes de CC.OO y UGT

madrid / la voz

Doce días después de llegar a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez y la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, se reunieron ayer en la Moncloa con los agentes sociales. Sin embargo, tras el encuentro con los líderes sindicales y de la patronal (Pepe Álvarez y Unai Sordo, secretarios generales de UGT y CC.?OO., respectivamente; y Juan Rosell y Antonio Garamendi, presidentes de CEOE y Cepyme), la ministra admitió en rueda de prensa que la promesa hecha por el PSOE en la oposición de derogar la reforma laboral queda aparcada. A continuación, los principales asuntos tratados:

Reforma laboral

No habrá derogación, pero sí mejoras con consenso «social y político». Aunque Álvarez se quejó de que el Ejecutivo había estado «reservón» sobre sus planes sobre la derogación de la reforma laboral, la ministra aseguró que no habían cambiado de criterio, pero matizó que «estar en el Gobierno exige dosis mayores de pragmatismo». Admitió que no derogarán la reforma del PP porque son conscientes de su debilidad parlamentaria. «Nos encantaría tener los 202 diputados que tenía Felipe González, y vamos a trabajar para ello. Si tuviésemos esa mayoría parlamentaria y toda una legislatura por delante, iríamos al 155 % de todo lo que hemos planteado. Pero la aritmética parlamentaria es la que es», argumentó.

Sin embargo, anunció que abordarán en qué puntos podrían «llegar a un consenso con los agentes sociales, en el diálogo social, e incluso a un consenso político» para hacer cambios parciales de la última reforma: que vuelvan a primar los convenios sectoriales sobre los de empresa, el asunto de la ultraactividad o la lucha contra la temporalidad. Serán «retoques» con «diálogo social y consenso político».

Valerio avanzó que su intención es crear una comisión de expertos que pongan en marcha un nuevo Estatuto General de los Trabajadores «del siglo XXI» en el escenario del 2020, ya que, como Rosell recordó, el actual lleva décadas en vigor, acumula 55 reformas parciales y más de 7.000 normas laborales. Destacó la buena disposición de los agentes sociales.

«Habrá que profundizar en qué se cambia para adaptarnos a los tiempos. El planteamiento no es derogar, sino ver cómo podemos mejorar», apuntó Garamendi en nombre de la patronal. En lo que respecta a los sindicatos, señalaron que la derogación era «necesaria», aunque no para volver a la situación del 2009, sino para hacer una «reforma por elevación», como indicó Sordo, «incluyendo la brecha salarial de género y el problema de los jóvenes». «Y si hay consenso con la patronal, estupendo, pero si no debería hacerse igualmente», añadió. Pero la ministra defendió «cambiar la metodología de trabajo y llegar a acuerdos». «No haremos bandera del real decreto ley», zanjó.

Negociación colectiva

Pacto salarial cercano. Aunque patronal y sindicatos se mostraron más prudentes sobre la inminencia del acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, que incluye el pacto salarial para este año y hasta el 2020, la ministra lo dio por hecho, prácticamente. «El presidente está muy contento», señaló Valerio, porque el acuerdo es «muy favorable y bueno» para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y de los ingresos de la Seguridad Social. El pacto incluye una subida «de en torno al 2 %» más un 1 % variable adicional, así como elevar hasta el 2020 el salario mínimo por convenio a 1.000 euros.

 «La aritmética parlamentaria es la que es. Si tuviéramos mayoría y toda una legislatura iríamos al 150 % de lo prometido»

Pensiones

Garantizar el poder adquisitivo y resolver la falta de ingresos. La ministra celebró el principio de acuerdo en el Pacto de Toledo para volver a vincular al IPC la revalorización de las pensiones, «aunque aún quedan flecos». Pero Valerio recordó que, además de los gastos, es decir, de mantener el poder adquisitivo de las prestaciones, es importante resolver el problema de ingresos del sistema. «Las cotizaciones no dan para pagar las pensiones. Y me ha sorprendido gratamente ver que los agentes sociales coinciden en que hay que racionalizar y reorganizar los gastos del sistema», dijo. El Gobierno estudia incrementar los ingresos de la Seguridad Social vía Presupuestos Generales del Estado, con el impuesto a la banca y las transacciones financieras, con la tasa Google o incluso «con imposición general». También se hará un estudio «serio» sobre la «utilidad» de las reducciones de cuotas y las tarifas planas de los autónomos, que merman los ingresos del sistema.

Dos nuevas ayudas a autónomos gallegos, para la segunda oportunidad y traspasar un negocio

La Consellería de Economía pondrá en marcha en los próximos meses dos nuevos programas de ayudas a autónomos, vinculadas al relevo generacional y a la segunda oportunidad, según anunció el conselleiro Francisco Conde durante una mesa sectorial. La Xunta espera movilizar 1,5 millones de euros con estas dos nuevas líneas, que podrían llegar a unos 400 autoempleados (unos 200 en cada programa); los fondos serán compatibles con las ayudas ya existentes.

En concreto, habrá un programa para facilitar el relevo generacional, para vincular a aquella persona que quiere dejar su negocio y traspasarlo a un joven emprendedor. Habrá ayudas para facilitar «la intermediación entre la persona que vende y la persona que compra», dijo Conde, además de para «identificar cuáles son las condiciones óptimas y facilitar los planes de formación y planes de negocio del nuevo autónomo». Hay que tener en cuenta que un 30 % de los autónomos gallegos tienen más de 55 años.

En segundo lugar, para aquellos autónomos que tenían una actividad y que han tenido que abandonar, la Xunta facilitará que intenten emprender una nueva actividad. Las aportaciones se concentrarán fundamentalmente en la formación («elemento que permite afrontar la nueva actividad con garantías», dice la consellería), además de en un bono para las primeras inversiones.

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