Así se van a pagar los nuevos incrementos de gasto público

El Gobierno prepara cambios fiscales: subir el IRPF, penalizar el diésel, y tributos para banca y tecnológicas

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redacción / la voz

Las matemáticas no fallan: si aumenta el gasto público, tiene que aumentar la recaudación. El modelo de estado del bienestar de primera que defiende el Gobierno que preside Pedro Sánchez necesita más recursos. El problema es que España no está para fiestas en materia de déficit. La propia ministra de Economía, Nadia Calviño, se desmarcaba recientemente del objetivo del 2,2 % del PIB fijado por la Unión Europea. Así que no queda otra: «España necesita subir impuestos».

El mensaje de Sánchez, ayer desde Bruselas, está claro, y va en la línea con el programa económico que el partido en el Gobierno defendió en el debate de los Presupuestos del Estado previo a la moción de censura que puso al PSOE al frente del Ejecutivo. Así lo explican fuentes de Hacienda, sin querer profundizar en más detalle sobre las claves de la reforma fiscal que viene.

El líder socialista se quejaba ayer al término de la cumbre del Consejo Europeo de que los ingresos públicos en España representan el 38 % del PIB. A todas luces insuficientes para incrementar las pensiones y vincularlas a la subida del IPC, elevar el sueldo de los funcionarios, recuperar el derecho a la asistencia sanitaria universal, eliminar el copago farmacéutico, bajar el IVA del cine y de algunos productos higiénicos y sanitarios, rescindir los peajes que venzan a partir del 2021, o dotar de mayor presupuesto a la lucha contra la pobreza infantil (de 5 a 10 millones de euros, una medida aprobada ayer).

Son nuevos gastos, y la recaudación no sube tanto. El Ejecutivo sabe que solo hay una forma de afrontarlos y, a la vez, cumplir con las exigencias de Bruselas. «¿Queremos tener unos ingresos fiscales de primera para tener un estado de bienestar de primera? Eso es lo que quiere el Gobierno de España», dijo en Bruselas, sin profundizar en cuestiones como la probable subida de los carburantes. El presidente se atrincheró en la tesis de la «fiscalidad justa» para no hablar del tema. «Mi compromiso es proteger a la clase media trabajadora», dijo.

Una de las propuestas consiste en la equiparación de los impuestos especiales del gasoil con los de la gasolina para que los vehículos diésel paguen 9,55 céntimos más por litro, como han avanzado algunos medios. Es una manera de crear nuevos tributos verdes. Ya hay colectivos enmarcados en esa clase trabajadora que ayer dieron la voz de alerta. Entre ellos los profesionales autónomos, que estiman el sobrecoste de esta medida en 1.200 euros al año.

La recaudación prevista por el Ejecutivo con esta medida ronda los 2.100 millones de euros, y afectará a más de la mitad de conductores españoles, que son los que tienen coches diésel.

Los cambios fiscales tocarán también al IRPF. Y lo harán por la parte alta. El tipo máximo de la escala es actualmente del 22,5 % y se aplica a partir de 60.000 euros. La idea del PSOE es crear un tramo a partir de los 150.000 euros de renta que tributaría al 26,5. La recaudación extra estimada es de 400 millones. Y luego está otra medida como destopar la cotización, para no fijar un tope máximo. Serían nuevos ingresos para la Seguridad Social.

También en el ámbito fiscal, defiende establecer nuevas figuras impositivas a la banca. Entre ellas, contemplan un recargo del 8 % en el impuesto sobre sociedades; y un tributo sobre transacciones financieras que se aplicaría a la compraventa de activos de empresas con una capitalización superior a los 1.000 millones de euros.

Tributar donde se factura

Dentro de las nuevas fórmulas de recaudación, Sánchez explicó ayer que la postura de España en la reunión de la Cumbre del Euro fue la de defender que las empresas «deben tributar allí donde generan beneficios». De ahí su apoyo «firme» a la propuesta de la Comisión de establecer impuestos a los servicios digitales.

La iniciativa comunitaria pasa por fijar una tasa de carácter temporal del 3 % sobre la facturación de las grandes multinacionales digitales (como Google, Apple, Amazon, Facebook o Microsoft), de forma que se aplicaría sobre empresas con ingresos globales superiores a los 750 millones de euros y 50 millones de euros en el ámbito comunitario. La recaudación estimada que se conseguiría así rondaría los 5.000 millones de euros al año. Es algo ya heredado del anterior Gobierno de Rajoy.

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