Los empleados públicos recibirán también los atrasos acumulados desde enero
10 jul 2018 . Actualizado a las 17:19 h.Los empleados públicos del Principado podrán cobrar en la nómina de este mes el incremento salarial máximo autorizado por el Ejecutivo central para este año y los atrasos acumulados desde el mes de enero. El incremento, que tendrá un coste para las arcas del Principado de unos 30 millones de euros este año, se recoge en el proyecto de ley de Función Pública que aprobó el Gobierno asturiano el pasado día 6 y que la junta de portavoces del Parlamento asturiano ha decidido hoy tramitar por el procedimiento de lectura única, el más ágil de los previstos en la Junta.
En concreto, los portavoces parlamentarios han acordado hoy celebrar un pleno parlamentario el próximo día 18 de julio, en el que se votará que esta ley pueda ser tramitada por lectura única, y otro el día 24 para votar las enmiendas que se presenten al texto y votar su aprobación. Si finalmente, tal y como se prevé, se aprueba este proyecto de Ley, el Gobierno del Principado podría aplicar el incremento en la nómina de julio.
Este segundo proyecto de ley, que estaba condicionado a que se aprobasen los Presupuestos Generales del Estado lo que tuvo lugar el día 5, refleja la máxima subida salarial permitida por el Gobierno central para los empleados públicos: un 1,50 por ciento el primer semestre, y un 1,75, el segundo, lo que arroja una subida media anual del 1,62 por ciento. Además de la subida salarial, el proyecto de ley incluye medidas para impulsar la carrera profesional entre interinos y crea un centenar de puestos de trabajo, en su mayoría en el ente autónomo de EstablacImientos Residenciales para Ancianos (ERA).
Al texto presentado por el Gobierno presentarán enmiendas Podemos y Ciudadanos para pedir, el primero de ellos, que se reduzca la jornada laboral a 35 horas semanales en 2019, y pedir que los 11.000 docentes del Principado puedan beneficiarse también del segundo tramo de la carrera profesional que plantea esta ley y que se traduce en unos 2.000 euros brutos al año para cada empleado público. Los grupos dispondrán de un plazo de 48 horas para la presentación de enmiendas a partid del día 18 y el Gobierno dispondrá también de un plazo de 24 horas antes del pleno del día 24 para plantear objeciones a las mismas.
Para el portavoz socialista, Marcelino Marcos Líndez, se trata de una ley muy esperada por muchos empleados que recoge el máximo incremento salarial permitido y el pago del segundo tramo de la carrera profesional a los funcionarios que tienen reconocido ese derecho. En este punto, ha criticado a Ciudadanos y Foro por criticar que no incluya en la misma al personal docentes ya que, según ha señalado el portavoz socialista, este colectivo tiene como especificidad que cobra la evaluación docente. Sin embargo, el portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, ha señalado que para no discriminar a los profesores debería plantearse también un segundo tramo para esa evaluación docente que permita una subida salarial similar a la que tendrá el resto de empleados públicos.
El portavoz de Podemos, Emilio León, que fue quien ha propuesto que se abriese ese plazo de 48 horas para la presentación de enmiendas, ha asegurado que es justo volver de nuevo a una jornada de 35 horas que, además facilitará la generación de más puestos de trabajo. Desde IU, Gaspar Llamazares ha señalado que cualquier dilación en el pago de este incremento sería un error y que el Gobierno debe acometerlo cuanto antes.