Hacienda incluirá en la lista de morosos a los colaboradores de los defraudadores

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, desgranó ayer en el Congreso los «raíles» por los que discurrirá la acción de su departamento en la legislatura y con los que, aseguró, demostrará que «otra política es posible», ya que el centro ahora serán los ciudadanos, a los que «debe llegar la recuperación económica».

Además de confirmar que el Ejecutivo ya está trabajando en los Presupuestos Generales del Estado del 2019, que serán «más sociales, igualitarios y descentralizados», también continuó dando detalles sobre las medidas tributarias que los socialistas quieren poner en marcha para financiar el mayor gasto social, sin olvidar, dijo, la lucha contra el fraude fiscal. En este sentido, avanzó que «en las próximas semanas» llevará al Congreso una batería de medidas para perseguir a los grandes defraudadores.

Entre ellas, destacó la modificación de la lista de morosos de Hacienda, con el objetivo de publicar no solo a los deudores, sino también a los responsables solidarios de dicha deuda con el fisco, como los administradores de las empresas, e incluso a quienes hayan colaborado en la ocultación de bienes o el fraude, como asesores fiscales.

La ministra también anunció que actualizará la lista de paraísos fiscales para cercar a los territorios que fomentan la baja tributación. «Se trata de combatir comportamientos inadecuados de grandes multinacionales, que pagan impuestos en diferentes lugares», dijo, para añadir que el objetivo es «que se evite una planificación fiscal abusiva que hace que algunos siempre se queden con la parte ancha del embudo».

Medidas ya previstas por el PP

Ante las críticas de la portavoz del PP en la comisión de Hacienda, Montero se defendió argumentando que le sorprendía «que se lleve las manos a la cabeza por las políticas fiscales». «Gran parte de las medidas que hemos anunciado las tenía previstas el Gobierno anterior», aseguró. La ampliación de la lista de morosos es una de ellas, al igual que la tasa Google, la fiscalidad medioambiental o la intención de modificar el impuesto de sociedades para acercar el tipo nominal al efectivo que pagan las grandes empresas, indicó.

Señaló que el nuevo impuesto a las compañías de la economía digital es «inminente» y destacó que, además, es una demanda de las actividades económicas tradicionales, que no se trata de «recargar a ningún sector, sino de que [los nuevos modelos de negocio] contribuyan justamente en función de sus beneficios».

Apuntó que los cambios en sociedades (para que las grandes empresas no puedan aplicarse deducciones que rebajen el gravamen sobre sus beneficios por debajo del 15 %) y la tasa Google se pondrán en marcha con rapidez, mientras que los tributos medioambientales -incluyendo la subida del diésel- y a la banca vendrán después. «En ningún caso vamos a subir los impuestos a los ciudadanos, a los autónomos ni a las pymes, en ningún caso», aseguró, anunciando también que negociarán con Bruselas para que «el objetivo de déficit no lastre el crecimiento».

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