México investiga al empresario asturiano Antonio del Valle por el «caso Banco Popular»

La Fiscalía estudia una denuncia por revelación de información confidencial, engaño y aprovechamiento del error

Antonio del Valle
Antonio del Valle

México

La fiscalía de México ha iniciado una investigación a raíz de la denuncia presentada por accionistas del Banco Popular contra el empresario de origen asturiano Antonio del Valle y otros por revelación de información confidencial, ha informado hoy el despacho que representa a los denunciantes. La denuncia se presentó ante la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) el 7 de junio y ratificada el 6 de julio, «y la PGR ya está trabajando en ello», ha explicado María Teresa Llantada, socia del despacho Gastelum Abogados.

La denuncia es contra Antonio del Valle Ruiz, su primo Jaime Ruiz Sacristán y otros, a quienes atribuyen «revelación de información confidencial, engaño y aprovechamiento del error», según Llantada. Aclara que la denuncia se presentó en nombre de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas, que agrupa a inversionistas del Popular y que ha contratado abogados tanto en España como en otras partes de Europa y México para defender sus intereses.

Según la abogada, la investigación está en sus inicios atendiendo a pruebas aportadas en la denuncia, que sostiene que tanto Del Valle como Ruiz Sacristán revelaron «de forma directa o indirecta» a través de los medios de comunicación la información confidencial a la que tenían acceso. «Se tendrá que hacer diversas gestiones a través de la Procuraduría General de la República con su equivalente en España para que se interrogue a testigos. Hay que integrar toda la carpeta de investigación para acreditar la comisión de la conducta delictiva», ha señalado.

Un portavoz de Antonio del Valle ha dicho que la demanda «hace referencia a hechos acaecidos en España que están siendo revisados por las autoridades competentes en ese país». «Las personas mencionadas en la nota no han sido notificadas en México de los procedimientos a los que se refiere en la misma», agregó el mismo portavoz. Llantada ha aclarado que la demanda pone de manifiesto que el objetivo de la filtración era «desestabilizar el mercado, mover artificialmente el valor de la acción, y con ello provocar que a través de un aumento de capital se pudieran hacer ellos (los investigados) con el banco por una cantidad muy inferior al valor de los activos». «Al final del día la jugada, como todos sabemos, no les sale porque bajan tanto las acciones que evidentemente se toma la decisión de venderlo (el Banco Popular) por un euro al Santander», ha declarado.

Insiste en que «toda la conducta desde que entra el señor Antonio del Valle como consejero (del banco) el año 2014 fue tendente a desestabilizar el precio y el valor de la acción a través de la divulgación de noticias falsas o tendenciosas, o simplemente ciertas pero con información confidencial». Varios medios de comunicación publicaron en marzo que Antonio del Valle y otros mexicanos antiguos accionistas del Banco Popular, que llegaron a poseer más de un 4% de la entidad, reclamaban a España 470 millones de euros a través de un arbitraje internacional.

Anteriormente, Del Valle ya había presentado un recurso legal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la decisión de la Junta Única de Resolución de intervenir Popular y adjudicarlo al Banco Santander. El inversor mexicano de origen asturiano considera que sus acciones fueron «expropiadas» y acusa al Gobierno de España de una participación activa en la resolución.

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