Fomento deja a criterio de las autonomías decidir quiénes quieren regular los VTC

Los taxistas de Madrid y Barcelona desconvocan la huelga

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El ministerio de Fomento renunció ayer a su propuesta de transferir a las comunidades autónomas la competencia para otorgar licencias a los vehículos de alquiler con conductor (VTC). En su lugar, el ministro planteó «habilitar a la comunidad que así lo requiera de forma voluntaria de la regulación necesaria para que gestione y regule este sector en el ámbito de su territorio». A lo largo de la reunión de más de tres horas celebrada ayer en un intento por desconvocar las movilizaciones de los taxistas españoles, Fomento y las comunidades acordaron darse un plazo de tres meses para crear un grupo de trabajo que diseñe de forma conjunta medidas que permitan reequilibrar a los sectores del taxi y el VTC en función de la proporcionalidad que establece la ley, es decir, que exista una de esas empresas por cada treinta taxis, como informa Europa Press.

Una vez conocido el resultado del encuentro entre el ministerio y las comunidades, los taxistas de toda España decidieron en asambleas desconvocar los paros y movilizaciones al dar por ganada la primera batalla de la guerra planteada por el sector. Reunidos en el Paseo de la Castellana, los taxistas de Madrid tomaron anoche la decisión «por aclamación» al entender que el resultado de la reunión es «lo que había sido solicitado» por las asociaciones de taxistas. En Barcelona, que fue el origen de las movilizaciones que después se extendieron al resto del país, aprobaron una «tregua» hasta septiembre a la espera de que se concreten las medidas aprobadas ayer. Pidiendo disculpas a los ciudadanos y calificando este momento como histórico, aseguraron: «Hemos necesitado pasar por esto para conseguir lo que nunca se había conseguido, la unidad del sector». La propuesta del Gobierno no acaba de convencer a las autonomías.

Tres detenidos en Madrid y más de 60 investigados por altercados

Los colectivos de taxistas condenan la violencia registrado durante los pasados días en Madrid y Barcelona, pero parece que no han podido evitar que compañeros hayan protagonizado presuntamente sucesos reprobables durante las jornadas de huelga. Algunos representantes han reconocido que «lo ocurrido se les ha ido de las manos». De hecho, como avanzó Efe, la Policía Nacional detuvo esta semana en Madrid a tres taxistas e investiga más de 60 denuncias por agresiones físicas, daños a vehículos, coacciones y desórdenes públicos contra vehículos de transporte con conductor (VTC).

Fuentes de ese cuerpo apuntaron que el último de los arrestos se produjo el martes por la noche. Uno de ellos fue por un delito contra la seguridad social. En cambio el resto de casos fue por daños a coches con permiso de VTC.

El mantenimiento de la seguridad fue una de las cuestiones abordadas el martes en la reunión entre los representantes de Unauto, colectivo que aglutina a las VTC, con representantes del Gobierno central.

Al mismo tiempo, hace unos días en Barcelona los Mossos tratan de esclarecer el caso de un conductor de Cabify que presuntamente fue objeto de un disparo en su vehículo. También hubo imágenes de coches volcados o con desperfectos.

País Vasco aprobará en otoño un decreto que ayude a la convivencia

La propuesta de transferir las competencias de VTC a las comunidades lanzada por Ábalos en el Congreso a mediados del mes pasado fue bien vista desde un primer momento por el Ejecutivo vasco, aunque como aclaró ayer la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, no va a suponer poner fin a un problema cuya solución hay que trabajar muy bien. Pronunció esas palabras al tiempo que anunciaba que su Gobierno aprobará en otoño un decreto para regular la actividad de los taxis y los vehículos con conductor en el que lleva trabajando más de un año, como informa Efe.

Al contrario de lo que ocurre en otros territorios, añadió la consejera, en el País Vasco no tiene una gran problemática en ese terreno porque, como apuntó, el ratio en la comunidad está por debajo del estipulado por la ley, uno por cada 26 taxis. Pero además no hay ninguna licencia otorgada para las plataformas Uber ni Cabify.

No obstante, señaló que la nueva norma permitirá realizar labores de inspección de manera que los servicios de unos u otros sean complementarios, puedan convivir y sean analizados con el mismo rigor y condiciones. «Necesitamos un transporte público de calidad. (...). Ese es nuestro objetivo y por eso vamos a trabajar», dijo.

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