El Gobierno negocia más impuestos a la banca, empresas y grandes patrimonios

Rechaza, en cambio, la exigencia de Unidos Podemos de elevar el nivel de déficit

.La ministra Montero atiende a Garzón en el debate sobre el techo de gasto
La ministra Montero atiende a Garzón en el debate sobre el techo de gasto

Madrid / La Voz

Nuevos impuestos sobre la banca, las empresas y las personas con grandes patrimonios. En torno a estos tres ejes girarán las negociaciones entre el Gobierno y Podemos de cara a la trascendental votación a la que asistirá el Congreso en septiembre sobre la senda del déficit, requisito previo para sacar adelante los nuevos Presupuestos del 2019. Para ello, y dado que el PP y Ciudadanos, salvo giro inesperado, votarán en contra, Sánchez necesita volver a recabar los mismos apoyos sobre los que edificó su moción de censura contra Rajoy: Podemos y nacionalistas e independentistas vascos y catalanes.

La formación morada salió ayer de su letargo estival para compartir en público un documento en el que recoge todas las exigencias que traslada al Gobierno a cambio de «plantearse» que su grupo parlamentario apoye la nueva senda de estabilidad. Bajo el título de Dejar atrás la austeridad se agrupa una batería de medidas entre las que destacan una renegociación del objetivo de déficit (el Ejecutivo acordó recientemente con Bruselas un 1,8% del PIB, medio punto sobre lo proyectado), así como la implantación de nuevos impuestos, como el ya popular de la banca, propuesto por el propio Pedro Sánchez cuando todavía era el jefe de la oposición; una nueva carga fiscal «solidaria» contra las grandes fortunas del país, un pellizco de Hacienda sobre los tramos más elevados del IRPF, la implantación de una fiscalidad verde regida por la máxima de que el que contamina, paga; o la eliminación de las sicav. Podemos también demanda una revisión del Impuesto de Sociedades que determine un suelo no deducible en el 15 %. 

«Existe margen»

La respuesta por parte de Hacienda no tardó en llegar. Fuentes autorizadas de este departamento han trasladado a La Voz que «existe margen para elevar la aportación tributaria de las grandes corporaciones y de sectores que hoy escapan del radar del ministerio», en relación a las sicav y a las tecnológicas, estas últimas mencionadas por el propio Sánchez en julio cuando se encontró con el rechazo de la Cámara y la obligación de presentarse en septiembre. En Hacienda son optimistas y apuntan que es posible «elevar la recaudación sin afectar a la clase media».

Según las mismas fuentes, «el Gobierno seguirá negociando la senda de estabilidad con todos», por lo que confían en poder sacarla adelante, aunque advierten que «renunciar a la estabilidad presupuestaria pondría en riesgo el estado del bienestar» informa Ana Balseiro.

En donde parece que no habrá espacio para mucha negociación es en el margen de déficit, un asunto que el Ejecutivo emplea para reclamar la posición central del tablero político. «Tan dogmático es pedir que España no se aproveche del margen de déficit como sostienen los conservadores, como condicionar el voto a presentar una propuesta que no cumpla con los compromisos europeos», lamentan, al tiempo que advierten que cualquiera de estos dos caminos conducen al mismo lugar: «5.000 millones menos para educación, sanidad, dependencia y pensiones». 

El cuño de En Marea

El documento trasladado al Gobierno lleva el cuño de todas las formaciones integradas bajo la dirección de Pablo Iglesias. Entre ellas En Marea, que a través de una nota de prensa invitan también a Pedro Sánchez a «deixar atrás o dogmatismo cruel coa xente».

Exigencias de Podemos

Déficit e impuestos. En el documento de 17 páginas se exigen dos aspectos fundamentales. Por un lado, la renegociación del objetivo de déficit por encima del 1,8%. Por el otro, una batería de impuestos que afectan la banca, a las empresas, a los tramos más elevados del IRPF o a los agentes más contaminantes. También suprimir las sicav.

Una votación en la que se ponen en juego 5.000 millones 

f. B.

Pedro Sánchez se encontró en julio con que los partidos que le ayudaron a conquistar el Gobierno en la moción de censura sobre Rajoy no le seguirían prestando sus diputados para el resto de las votaciones, por lo que cada vez que quiera impulsar algo en las Cortes, con el no de PP y C´s, está obligado a pagar el peaje de Podemos y de los representantes del nacionalismo y el independentismo vasco y catalán. Entonces, los objetivos de deuda y déficit que llevó al Congreso la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recibieron solo 88 votos a favor frente a 173 en contra (Podemos se abstuvo), significando el primer gran varapalo para el presidente del Gobierno. 

En septiembre volverá a disfrutar de una nueva oportunidad para sacar adelante esta votación, requisito imprescindible para la elaboración de los nuevos Presupuestos del 2019. Será la definitiva. Podemos busca presionar para que la titular de Hacienda envíe a Bruselas unos nuevos objetivos de déficit por encima del 1,8 % y poder aumentar el gasto, algo que en principio no sucederá, tal y como volvieron a confirmar ayer en Hacienda. 

Un nuevo tropiezo

¿Qué sucede si vuelve a suspender en septiembre? En caso de que Sánchez vuelva a tropezar al regreso de las vacaciones, además de quedar en evidencia su debilidad parlamentaria, su Gobierno se limitaría a confeccionar los Presupuestos ateniéndose a la senda de estabilidad vigente para el año (un 1,3 % de déficit, medio punto por debajo de la acordada). En la práctica, esto supone que todas las administraciones disfrutarán de unos 5.000 millones menos para gastar el próximo año en «educación, sanidad, dependencia y pensiones», apuntan desde Moncloa, entorpeciendo así su objetivo de «reconstruir el Estado de bienestar destruido por la derecha».

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