La negativa catalana, sumada a la de PP y C's, impediría aprobar las cuentas del 2019
31 ago 2018 . Actualizado a las 07:09 h.Pedro Sánchez se encontró ayer con un nuevo obstáculo en su camino para sacar adelante los nuevos Presupuestos Generales del Estado por la negativa del PDECat a subir el IRPF a las rentas por encima de los 150.000 euros que Podemos negocia con el Gobierno y que, tal y como admitió ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, va cobrando forma. Una vez que PP y Ciudadanos ya han dejado bien claro su rechazo a las cuentas que presenten los socialistas, este desmarque de los catalanes supone que Sánchez se quede en el Congreso sin la mayoría que necesita para su aprobación.
«No es prioritario subir el IRPF, lo que necesitamos es que todo el mundo pague los impuestos», reclamó ayer Carlos Campuzano, portavoz de los independentistas en la Cámara Baja. Los antiguos convergentes apuntan que ese camino para mejorar la fiscalidad es «un error», e instan al Ejecutivo a centrarse en reforzar los mecanismos para combatir el fraude, porque «en España hay demasiados ricos que no pagan y demasiada economía sumergida». Además, el PDECat también se quejó de que el Gobierno los esté excluyendo de las reuniones que mantiene con Podemos en las que exploran un punto de encuentro para avanzar en la elaboración de la senda de déficit y los Presupuestos del 2019: «No hay interlocución con Hacienda», denunció el diputado Ferrán Bel. Consciente de que el voto de sus ocho parlamentarios resultará imprescindible para que salgan adelante, ya advirtió que con este panorama, «la mayoría está complicada».
Precisamente de una de estas reuniones entre representantes de Hacienda y de Podemos salió el acuerdo de priorizar la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria con el objetivo de esquivar la facultad de veto de la que dispone el PP en el Senado, un tema para el que el Gobierno sí que contará con el apoyo de los independentistas catalanes, según confirmaron ayer, aunque la travesía parlamentaria se antoja larga y complicada, ya que con toda probabilidad será objeto de un torpedeo constante por parte de PP y Ciudadanos, que disfrutan de la mayoría en la Mesa del Congreso. Esta anteposición de modificar la Ley de Estabilidad sobre cualquier otro asunto provocó que la pasada semana la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, admitiese la misión casi imposible a la que se enfrentan desde el Ejecutivo para tramitar los Presupuestos en plazo.
Casado habla de insolidaridad
Mientras, Pablo Casado, que continúa con su tour por España desde su proclamación como presidente del PP, rechazó ayer desde Mérida la subida de impuestos que plantea el Gobierno al entender que se trata de una medida «demagoga», «insolidaria» e «innecesaria», y que podría poner «en riesgo» la recuperación económica lograda por Rajoy. «Sánchez puede vivir de las rentas un tiempo, como hizo Zapatero, pero como no reanude las reformas, como lo que haga sea pedalear hacia atrás para contentar a los populistas, la economía española se puede acabar cayendo», advirtió. Casado invitó al Gobierno a destinar gran parte de esos nuevos ingresos que este ejercicio engrosarán las arcas del Estado a amortizar deuda. El dirigente popular volvió a recordar que los gobiernos socialistas son sinónimo de «impuestos, despilfarro y paro», lamentando que España se vea lastrada por ello en su carrera con otros países europeos para recibir a las empresas deslocalizadas tras el brexit.
La medida afectaría a unos 3.000 contribuyentes gallegos
La subida del IRPF sobre las rentas superiores a los 150.000 euros brutos anuales que estudia el Gobierno a petición de Podemos, tal y como admitió ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tan solo afectaría a 91.408 contribuyentes españoles, una cifra que significa el 0,46 % del total de los más de 19 millones de declarantes que hay en el país. Cada uno de los afectados por este incremento tributario tendría que pagar a mayores una media de 4.400 euros anuales, lo que supondría para las arcas públicas el ingreso extraordinario de unos 400 millones de euros, según los cálculos difundidos ayer por el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha. Teniendo en cuenta el volumen total de las cuentas del Estado, esta cifra resulta casi insignificante. Gestha también indica que la recaudación podría aumentar en otros 1.500 millones de euros si se alcanzara un acuerdo para equiparar la tributación de las rentas del ahorro con la de la renta general para quienes perciban rendimientos del capital de más de 50.000 euros e ingresen rentas totales por encima de los 150.000 euros. En este caso se verían afectadas 86.198 personas (0,44 %), quienes abonarían un pago adicional de unos 17.300 euros, un aumento medio del 15,7 %.
Madrid y Cataluña
La comunidad autónoma más afectada por este nuevo proyecto que estudia Hacienda sería Madrid, en donde se concentran más de 36.000 trabajadores con rentas por encima de la franja de los 150.000 euros. Le sigue Cataluña, con más de 22.000 perjudicados.
En Galicia, este incremento tributario afectaría a más de 3.000 contribuyentes. Con base en datos de la Agencia Tributaria del 2016, los declarantes totales con un nivel de ingresos superior a los 150.000 euros por todos los conceptos (renta general y del ahorro) son 3.329 en Galicia.
Entre estos 3.329, hay 321 gallegos con rentas superiores a los 600.000 euros, el tramo más elevado de IRPF, mientras que el resto se ubican entre los 150.000 y los 600.000 euros, según datos compartidos con la agencia Europa Press por el secretario general del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo.
