La polémica de las esteladas provoca una estampida de políticos en la final de la Copa del Rey

La Voz

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Alberto Estévez | Efe

Carles Puigdemont, Ada Colau y Manuela Carmena ya han anunciado que no asistirán al partido si el Gobierno no retira la prohibición

19 may 2016 . Actualizado a las 12:07 h.

La decisión del Gobierno de Rajoy de prohibir la entrada a la final de la Copa del Rey con esteladas ha encendido la mecha de la polémica. El primero en mostrar su disgusto ha sido el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ya ha anunciado que no asistirá al partido como forma de protesta. Después de que el independentista abriera camino, Ada Colau decidió sumarse. La alcaldesa de Barcelona aseguraba el miércoles que el palco tampoco contaría con su presencia en caso de que la Delegación del Gobierno en Madrid no decidiera retirar la prohibición: «He comunicado todo mi apoyo al presidente del FC Barcelona. Celebraremos con el equipo a la vuelta, con las banderas que cada uno quiera llevar», remarcaba la regidora de la capital catalana.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, también ha supeditado su decisión a la deriva que tomen los acontecimientos en los próximos días. En una entrevista concedida a Marca, Carmena asegura que su asistencia en la final de la Copa del Rey dependerá «de si viene la alcaldesa de Barcelona». «Si viene la acompañaré», sentencia.

El portavoz de ERC en el Congreso ha ido un paso más allá. Joan Tardá ha lanzado la posibilidad de que tras esta decisión sea el propio FC Barcelona el que decida no jugar el partido en protesta por la prohibición: «Si atentan contra la libertad de expresión, tal vez lo más digno sería no ir, no jugar el partido».

Críticas fuera de Cataluña

Además de los que ya han declinado asistir al partido, un grupo de voces críticas han salido en las últimas horas para censurar la decisión del Gobierno. Uno de los primeros en hacerlo ha sido Ángel Gabilondo, portavoz del PSOE-M en la Asamblea de Madrid, que ha abogado por interpretar la ley del deporte de otra forma para no prohibir las banderas: «A mí me parece un error, no creo que con esto se contribuya ni a generar concordia ni a abrir espacios para una mejor decisión ni para la articulación territorial», ha apuntado.

Su compañero de filas Eduardo Madina, exdiputado vasco, también ha expersado su disconformidad y cree que es mejor un país que «garantice y proteja la libertad de expresión». «Esa bandera no es un delito», ha añadido.

«Injusta, arbitraria y muy surrealista». Así ha calificado la decisión del Gobierno la portavoz del Govern, Neus Munté, que considera que «es indignante que una bandera que es del todo legal, que tantas y tantas personas han sostenido en las manos, en movilizaciones del todo cívicas y pacíficas se prohíba por considerar que incita a la violencia».