El Gobierno reabre el CIE de la Zona Franca pese a orden de cese de Colau

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Quique García | EFE

Los servicios jurídicos del Estado recurrirán la orden de cese de la actividad de este centro decretada por la alcaldesa Ada Colau

07 jul 2016 . Actualizado a las 17:53 h.

La Delegación del Gobierno en Cataluña ha anunciado que este mismo jueves ha procedido a la reapertura del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona y que los servicios jurídicos del Estado recurrirán la orden de cese de la actividad de este centro decretada por la alcaldesa Ada Colau.

Según ha informado en un comunicado la Delegación del Gobierno en Cataluña, el CIE de la Zona Franca ha procedido a su reapertura «en el día de hoy», una vez finalizadas las últimas obras iniciadas en noviembre de 2015 para acondicionar el centro, en el que se interna a inmigrantes sin papeles para asegurar su expulsión de España debido a su situación administrativa.

Este anuncio del Gobierno llega tan sólo horas después de que el Ayuntamiento de Barcelona, liderado por Ada Colau, anunciara que no autorizaba la reapertura del CIE, porque el Ministerio de Interior no ha tramitado la licencia de actividad requerida por el consistorio.

La Delegación del Gobierno en Cataluña ha anunciado que los servicios jurídicos del Estado recurrirán la resolución del consistorio barcelonés, que ordena el cese de la actividad del CIE, ubicado en un complejo de la Policía Nacional en la Zona Franca.

La reapertura del CIE, en pleno pulso entre el Gobierno y el Ayuntamiento de Barcelona, ha sido comunicada previamente a los juzgados de instrucción 1 y 30 de Barcelona, encargados del control de este centro, al Fiscal de Extranjería, quien igualmente supervisa el local, así como al juez decano de Barcelona.

Precisamente, fue esta comisión judicial encargada del control del CIE la que ordenó que el centro de la Zona Franca se sometiera a unas obras de acondicionamiento para mejorar las condiciones de los internos, lo que ha provocado que este centro haya estado cerrado desde el 5 de noviembre del 2015.

Estas obras, con un presupuesto de 354.603 euros, han comportado la instalación de aseos en las 46 habitaciones del CIE, de medidas de seguridad en las literas -como la instalación de escaleras y quitamiedos en las superiores- y la modificación del espacio para los servicios médicos, mientras que también se ha reforzado un muro exterior de acceso al centro.

En junio del 2015, meses antes de que el CIE cerrara por obras, el Parlament aprobó una propuesta, aplaudida por varias ONG de defensa de los Derechos Humanos, que instaba al Gobierno a cerrar definitivamente esta instalación, para sustituirla por medidas cautelares alternativas, como la presentación periódica ante la autoridad o la libertad vigilada.

Después de que el Gobierno comunicará que tenía la intención de reabrir el CIE cuando finalizaran las obras, el Ayuntamiento de Barcelona remitió el pasado 28 de abril una notificación a la Secretaría de Estado de Interior en la que advertía de que en una inspección municipal se había constatado que el centro operaba sin la licencia correspondiente a su actividad.

El CIE de la Zona Franca está situado en un edificio de la Policía Nacional desde 1992 y tiene licencia como comisaría de policía, enfermería de animales, galería de tiro y cafetería, por lo que, según el Ayuntamiento de Barcelona, sólo podría reabrir si en el futuro obtenía la licencia de residencia para un colectivo de personas y cumplía con los requisitos de seguridad.

La Secretaría de Estado recurrió la notificación del consistorio de Barcelona, alegando que el documento del Ayuntamiento no citaba en ningún momento ni el precepto vulnerado ni ningún razonamiento jurídico que acreditara una supuesta vulneración, según han informado a Efe fuentes de la Delegación del Gobierno.

La Delegación del Gobierno sostiene además, según las fuentes, que los CIE no están incluidos entre las actividades ambientales sometidas a licencia, ya que son establecimientos policiales de carácter y servicio público, y por lo tanto, exentas de contenido económico, mercantil o empresarial.

Además, según la Delegación del Gobierno, el Ministerio del Interior ha cumplido de manera escrupulosa con la normativa urbanística y ha solicitado la correspondiente licencia de obras.

A lo largo del 2015, cuando estuvo cerrado a partir de noviembre, el CIE de la Zona Franca tuvo un total de 738 internos -por no disponer de los papeles de residencia en España-, de los que 437 contaban con antecedentes penales. El periodo medio de estancia en el CIE se cifra en 25 días, según las fuentes.