Los secesionistas arropan a Forcadell en un intento de presionar a los tribunales

Enrique Clemente Navarro
ENRIQUE CLEMENTE MADRID / LA VOZ

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Alejandro García | EFE

La presidenta del Parlamento catalán defiende ante el juez el debate independentista

17 dic 2016 . Actualizado a las 09:52 h.

Las fuerzas independentistas, en un intento de presionar a los tribunales, arroparon ayer a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, en su declaración como investigada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y sus consejeros, el vicepresidente Oriol Junqueras, el expresidente Artur Mas, los expresidentes de la Cámara catalana Joan Rigol y Ernest Benach, diputados de Junts pel Sí, la CUP y Catalunya Sí que es Pot, alcaldes y cientos de ciudadanos acompañaron a la política hasta la sede del tribunal.

Los dirigentes independentistas advirtieron de que una condena de Forcadell, que se enfrenta a una pena de inhabilitación por los delitos de desobediencia y prevaricación, supondría un punto de no retorno en el proceso de ruptura con el Estado. El propio Puigdemont dejó claro que responderían con el desacato si se produjera. «Es evidente que seguirá siendo la presidenta que ha elegido el pueblo de Cataluña», señaló. Xavier Trias, de la antigua Convergència, que siempre se había caracterizado por su moderación, apostó por desobedecer, mantener a Forcadell en la cámara y que «venga a por ella la Guardia Civil».

Ataque a la democracia

Forcadell, investigada por permitir que se votara en el Parlamento la hoja de ruta independentista, a pesar de la advertencia del Tribunal Constitucional para que no lo hiciera, defendió ante la jueza el derecho de la Cámara a debatir sobre la independencia. «Si en la calle se puede hablar de la independencia, ¿cómo no van a poder hacerlo los parlamentarios?», señaló en su declaración, en la que solo respondió a las preguntas de su defensa. Sostuvo que «no se puede prohibir el debate de las ideas» y argumentó que permitir la tramitación y votación de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente en el pleno del 27 de julio pasado fue «un acto político» y no vinculante legalmente.

Posteriormente, en una comparecencia ante la prensa dijo que su imputación es «un ataque a la democracia y a la libertad de expresión en pleno siglo XXI» y calificó de «inconcebible en un Estado realmente democrático» que haya tenido que prestar declaración, porque «en ningún país democrático se puede perseguir por la vía penal el debate de ideas en sede parlamentaria».

LOS ARGUMENTOS

Carmen Forcadell, presidenta del Parlamento catalán

«Si en la calle se puede hablar de independencia, ¿cómo no van a poder hacerlo los parlamentarios?»

«En ningún país democrático se puede perseguir por la vía penal el debate de ideas en sede parlamentaria»

«El poder ejecutivo está utilizando el poder judicial para coartar el derecho a debatir en el Parlamento de Cataluña»

Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat

«Es evidente que seguirá siendo la presidenta que ha escogido el pueblo de Cataluña»»

Íñigo Méndez de Vigo, portavoz del Gobierno

«Nadie puede tener carta blanca para desobedecer las leyes o para actuar con impunidad»

Albert Rivera, presidente de Ciudadanos

«Los cargos públicos son los primeros que deben cumplir y hacer cumplir la ley»

Antonio Hernando, portavoz del PSOE

«Las grandes manifestaciones a las puertas de los tribunales son poco respetuosas con la independencia judicial»

Pablo Iglesias, líder de Podemos

«Me avergüenza como español y demócrata que sea juzgada»

El Colegio de Abogados de Barcelona, obligado a dejar el Pacto por el Derecho a Decidir

El Tribunal Superior de Cataluña ha obligado al Colegio de la Abogacía de Barcelona a abandonar el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, al que se había adherido en octubre de 2013, por vulnerar «la libertad ideológica, de expresión y de asociación» de los colegiados, según la sentencia recogida por Europa Press. En la sentencia, que responde a un recurso presentado por tres abogados, se argumenta que el citado pacto tiene un marcado carácter político y por ello «se rompe con la neutralidad ideológica o política que se espera del colegio profesional». Destaca que como la colegiación es obligatoria , «no deja otra opción a los colegiados que alinearse con la opción ideológica o política que el colegio profesional ha asumido».

«Nadie puede tener carta blanca para desobedecer las leyes»

El Gobierno reclamó a la Generalitat de Cataluña y a las fuerzas independentistas que no hagan lecturas políticas de la investigación judicial a Carme Forcadell y que deslinde la actuación de los tribunales de la oferta de diálogo que tiene sobre la mesa.

El portavoz gubernamental apuntó tras el Consejo de Ministros que sería «falso e injusto» atribuir a la mano del Ejecutivo la decisión del Tribunal Superior de Cataluña de investigar a la presidenta del Parlamento catalán por una presunta desobediencia al Constitucional al permitir la votación de la hoja de ruta de la desconexión con España. «Nadie puede tener carta blanca para desobedecer las leyes o para actuar con impunidad, y menos aquellos que cumplimos una función pública, porque si desoímos lo que dice un tribunal es muy difícil que podamos pedirle a los ciudadanos que hagan lo propio», afirmó Íñigo Méndez de Vigo, que señaló que la Justicia es independiente y «no responde a ningún tipo de presión», pero no hay impunidad y, por lo tanto, todos están sometidos a la ley». «La señora Forcadell, como cualquier otra persona, tiene que responder ante la Justicia y respetar las resoluciones judiciales», dijo.

Sube la tensión

Desde la Moncloa reiteraron que Forcadell no está enjuiciada por permitir un debate sobre la independencia, como ella dice, sino por desobedecer una resolución del Constitucional. El Gobierno sabe que la tensión con la Generalitat ha subido unos cuantos grados con el interrogatorio a Forcadell y la decisión del Constitucional de suspender el referendo aunque no cree que sea la ruptura definitiva. La Moncloa, según dijo el portavoz, va a hacer lo que esté en su mano para que Carles Puigdemont «reconsidere» su ausencia de la Conferencia de Presidentes, y Mariano Rajoy reiteró el jueves por la noche su oferta al presidente catalán para reunirse y hablar sobre 45 de los 46 puntos que entregó en la Moncloa. De lo único que no se puede hablar es de la consulta, el plato principal para los soberanistas.

Colau se acerca a los independentistas y refuerza el desafío de Puigdemont

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asumido claramente las tesis soberanistas. Estará presente en la cumbre que se celebrará el próximo día 23 en el Parlamento catalán para preparar el referendo, lo que supone un refuerzo a los planes independentistas de Carles Puigdemont. Ayer mismo expresó todo su apoyo a Carme Forcadell, investigada por prevaricación y desobediencia por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, aunque no estuvo presente alegando problemas de agenda. Colau mantiene una posición ambigua respecto al secesionismo, que le ha permitido no mojarse. Está a favor del derecho a decidir, aunque sostiene que nunca ha sido nacionalista ni independentista. Sus contradicciones quedaron de manifiesto el 9N, ya que votó sí-sí a un Estado propio e independiente en la consulta. Colau no aclara qué haría en el caso de que se celebrara el referendo que Puigdemont plantea para septiembre del año que viene. La alcaldesa supuestamente de todos los barceloneses, que gobierna con el PSC, toma partido por una de las partes y deja en evidencia a su socio. Para Puigdemont, contar con Colau es muy importante, lo que explica sus esfuerzos por atraerla, al igual que a Catalunya sí que es Pot y a Podemos, partidarios del referendo.