La Eurocámara exige una nueva investigación del accidente de Angrois

La Comisión se inhibe de hacerla, pero intentará influir en el Gobierno español

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bruselas / corresponsal

La investigación del accidente de Angrois no fue independiente y debería repetirse. Más de tres años después de la tragedia en la que 80 personas perdieron la vida y otras 144 resultaron heridas, el Parlamento Europeo hizo ayer suyas las denuncias de la Plataforma de Víctimas del Alvia, que acusan al Estado español de haber incumplido la normativa europea de seguridad ferroviaria y de hacer publicidad engañosa con la línea Ourense-Santiago de alta velocidad. La Eurocámara exige la apertura de una nueva investigación. «Tiene que llevarse a cabo con la supervisión de la Comisión Europea. Vuelvan con resultados. Es su obligación tomarse en serio este tema», arengó la presidenta de la Comisión de Peticiones, Cecilia Wikström, tras escuchar perpleja, emocionada y sobrecogida a los afectados. La sueca pide a Bruselas que mueva ficha y obligue al Gobierno español a iniciar nuevas pesquisas. 

El de ayer es el segundo espaldarazo que reciben las víctimas este año tras la publicación del demoledor informe de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA) el pasado mes de julio, cuando el organismo sacó los colores al equipo de la exministra de Fomento Ana Pastor por el informe que llevó a cabo la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un cuerpo desacreditado a ojos de Bruselas, pues está integrado por miembros de las compañías implicadas en el siniestro (Renfe, ADIF e Ineco). 

Cuando el portavoz de las víctimas, Jesús Domínguez, tomó la palabra, la Cámara enmudeció. En escasos minutos resumió a los representantes europeos el extenso catálogo de irregularidades e incumplimientos en los que, en su opinión, incurrieron las autoridades españolas antes y después del accidente. Ausencia de una evaluación de los riesgos, falta de información a los afectados durante la investigación de la CIAF, la desconexión del sistema de frenado ERTMS y la publicidad engañosa de la línea de alta velocidad. «Si se hubiera cumplido la directiva de seguridad ferroviaria europea, el accidente no habría ocurrido [...]. Hemos sido víctimas de un accidente gravísimo por un incumplimiento del Estado español. Cuando nos falla nuestro Estado solo nos queda Europa», recordó Domínguez.

De igual modo se expresó Teresa Gómez-Limón, que acusó al exministro de Fomento José Blanco, eurodiputado ausente en la sala, de engañar a los ciudadanos: «Se presentó como el ministro de la alta velocidad. Anunció su llegada a Galicia cuando no tenía las prestaciones necesarias», indicó antes de señalar que el sistema de frenado automático ERTMS se desactivó «para evitar retrasos». También cargó contra la elección de peritos en el proceso judicial.

Ayuda de la Agencia Ferroviaria

El rostro del director general de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA), Joseff Doppelbauer, se tornó hacia las víctimas con mirada incrédula. Ofreció de nuevo su ayuda en la investigación judicial que está en marcha antes de volver a poner en evidencia al Gobierno español y la CIAF al recordar que su investigación «no cumplió con los requisitos exigidos». Y enumeró la ristra de anomalías detectadas: «No se investigaron las causas del problema, no se han dado respuestas, no hemos encontrado referencias a la evaluación de riesgos y no hay pruebas de la aplicación de la directiva de interoperabilidad. El accidente no ha sido objeto de una investigación a fondo, como exige la directiva», sentenció. 

Al otro lado de la Cámara, el representante de la Comisión Europea, Keir Fitch, aguantó el chaparrón. Bruselas ha tenido más de seis meses para exigir a España formalmente la apertura de una nueva investigación y no lo ha hecho. También retuvo el informe de la ERA durante meses por presiones del Gobierno. Fitch, sonrojado, trató de salir del atolladero: «Seguimos teniendo dudas sobre la independencia de la CIAF, estuvimos cerca de incoar un procedimiento de infracción y no prejuzgamos que en el futuro tengamos que abrirlo si no se refleja adecuadamente su independencia», aseguró. Fuentes de la institución insisten en que no disponen de competencias para forzar al Gobierno a iniciar una investigación propia, pero tratarán de presionar al equipo de Rajoy. 

Algunos eurodiputados calificaron de «vergonzosa» la actitud del Gobierno español, que, a día de hoy, se niega abrir una nueva investigación. «Las comisiones de investigación, además de enterrar muertos, entierran verdades», lamentó el diputado de Ciudadanos Javier Nart. «A día de hoxe non se depuraron responsabilidades políticas», denunció  la portavoz del BNG para Europa, Ana Miranda, quien acusa a populares y socialistas de haber obstaculizado todo el proceso.

Rosa Estarás (PP) manifestó sus condolencias a las víctimas, que arremetieron contra la negativa de su partido a seguir investigando: «No queremos condolencias ni dar pena. Ya lloramos nosotros a nuestros familiares. Queremos que se abra una investigación. Si se hubiesen cumplido las directivas no habría familias destrozadas», le espetó con vehemencia Domínguez. A pesar de la tensión, las víctimas salen con fuerzas renovadas: «Estamos satisfechos. Ha habido mucho apoyo».

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