Justicia prohibirá que los fiscales reciban órdenes verbales de sus superiores

Enrique Clemente Navarro
enrique clemente MADRID / LA VOZ

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Kiko Huesca | efe

Catalá niega la injerencia en el ministerio público que le atribuye la oposición

07 abr 2017 . Actualizado a las 01:27 h.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció este jueves que una de las novedades que incluirá la reforma del Estatuto Fiscal que presentará en breve para su tramitación parlamentaria será la prohibición de que los fiscales reciban órdenes verbales de sus superiores. Cuando se apruebe la reforma, tendrán que ser dadas por escrito y las de carácter general, publicadas oficialmente. Así lo dijo durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso para responder a catorce peticiones de la oposición sobre distintos asuntos. Catalá explicó que la reforma tiene como objetivo conciliar los principios de autonomía y de una unidad de acción del Ministerio Fiscal como garantía de la seguridad jurídica, remarcar su imparcialidad y facilitar, dentro del principio de jerarquía, la discrepancia jurídica mediante mecanismos transparentes.

Fiscal investigador

Catalá explicó que la próxima reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que incorporará la figura del fiscal investigador en sustitución del juez instructor, se realizará en paralelo a un nuevo Estatuto Fiscal.

Tras las polémicas suscitadas por los relevos en algunas Fiscalías, entre ellos el del fiscal de Murcia que investigaba al ya expresidente Pedro Antonio Sánchez, Catalá hizo una encendida defensa del ministerio público y negó cualquier injerencia del Gobierno en su labor. Aseguró que la Fiscalía «no admite ningún tipo de injerencia, no se deja intimidar por nada ni por nadie vengan de donde vengan las presiones» y es «cien por cien autónoma, libre para resolver lo que considere en derecho y así lo acredita el comportamiento profesional y ejemplar de 2.400 fiscales cada día». Sostuvo que «el Gobierno no puede darles ninguna instrucción, sencillamente porque no hay ningún amparo normativo». Y añadió de forma tajante que «el Gobierno al que yo pertenezco jamás ha dado órdenes ni instrucciones ni recomendaciones ni consignas ni ha impuesto ninguna exigencia de ninguna clase al Ministerio Fiscal». Señaló que no solo lo decía él, sino que lo han avalado, entre otros, el propio fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y los fiscales de La Rioja y Murcia, el entrante y el saliente, en una clara alusión, aunque sin citarlas, a las polémicas por la investigación en ambas comunidades autónomas de responsables del PP como es el caso de Pedro Antonio Sánchez.

El ministro pidió a los diputados de la oposición que no le atribuyan «irregularidades», que dijo no ha cometido «en absoluto», en alusión a la información reservada sobre el caso Púnica que pudo tener Sánchez. Lo hizo después de que algunos portavoces de los grupos cuestionaran el motivo del encuentro de Catalá con Pedro Antonio Sánchez en el Congreso Nacional del PP del pasado 12 de febrero. Dos días después del encuentro, el entonces expresidente murciano aseguró que cuatro fiscales de sala del Tribunal Supremo consideraban que no se le debía investigar, una conclusión que figuraba en un informe interno encargado por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

La oposición ve injerencias

Los grupos de la oposición parlamentaria le reprocharon su injerencia en el trabajo de la Fiscalía y le responsabilizaron de su descrédito. En concreto, se refirieron a que el Ministerio Fiscal se opuso a investigar a Sánchez en la trama Púnica.

El portavoz del PSOE Juan Carlos Campo le reprochó que, al hilo de las investigaciones a Sánchez, acusara a algunos fiscales de ser «indiscretos», y añadió que el Gobierno debe dejar «que las instituciones funcionen». El ministro calificó de «anómala» su postura y negó, como volvió a hacer ayer, presiones a la cúpula del Ministerio Fiscal. El portavoz de Unidos Podemos Jaume Moya aseguró que el ministerio público actúa «al dictado del Ejecutivo. El vicepresidente del Congreso, Ignacio Prendes, portavoz de Ciudadanos en la comisión, calificó de «imprudentes» las declaraciones del ministro Catalá sobre las dos fiscales del caso Púnica que sí veían indicios para investigar a Sánchez.