Tres gallegos fueron seguidos durante meses por la desaparición de Diana

Los investigadores no pudieron finalmente demostrar su relación con el caso

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Ribeira / LA VOZ

Tres hombres, uno de ellos vecino de la comarca de Barbanza y los otros de diferentes localidades de Galicia, y sin ninguna relación entre sí, arrastraron durante meses el cartel de sospechosos de la desaparición de Diana Quer, de la que mañana se cumplen ocho meses. La Guardia Civil puso en el punto de mira, por separado, a estos individuos a medida que la investigación avanzaba con seguimientos sobre el terreno para intentar demostrar que los indicios acumulados sobre su presunta culpabilidad podían transformarse en acusaciones formales que permitiesen, al menos, su imputación o, en el mejor de los casos, su detención.

El objetivo, finalmente, no se logró, tal y como se explica en el auto judicial hecho público el miércoles por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ribeira, en donde se reconoce que «no existen motivos suficientes para acusar a determinada o determinadas personas como autoras, cómplices o encubridoras, por lo que procede acordar el sobreseimiento provisional de las actuaciones». En el marco de estos seguimientos, que implicaron, además de los realizados sobre el terreno con unidades operativas, la intervención de teléfonos con autorización judicial, también se vigiló de cerca a otras personas del entorno de estos individuos.

Una de las líneas de la investigación llevó a la Guardia Civil a Boiro, en donde se puso el foco sobre un individuo que, a la vez, está vinculado con el municipio de A Coruña. Se trata de una persona que acumula antecedentes policiales por delitos contra la salud pública, pero a la que no se logró implicar de una manera lo suficientemente rotunda para, una vez iniciada la fase judicial, tener todas las garantías procesales posibles para demostrar su culpabilidad. En el caso de los otros dos sospechosos, se dio el mismo escenario, por lo que las líneas de investigación que protagonizaron en su día acabaron desechándose para iniciar otras nuevas.

Condicionante inicial

La Guardia Civil, en cualquiera de los estamentos consultados en los últimos ocho meses, sostiene con rotundidad que los recursos dedicados al caso Diana Quer son los mismos que en cualquier otra investigación motivada por la desaparición de una persona. Lo que no se esconde, atendiendo a lo dicho por las mismas fuentes, es que el inicio del caso fue complejo e, incluso, mejorable. Una vez que la madre, a la mañana siguiente de consumarse la desaparición, presentó la denuncia en el puesto de Boiro, y las primeras pesquisas evidenciaron que se trataba de un caso complejo, la responsabilidad de localizar a la joven madrileña recayó sobre el grupo de personas de la Policía Judicial de A Coruña, una unidad con experiencia y numerosos casos resueltos, como el de la niña Asunta.

Pasaron unos cuantos días hasta que entró en juego la Unidad Central Operativa (UCO) de Madrid, también especializada en delitos contra las personas. El motivo, según explican en la Guardia Civil, «no es que unos sean más listos que otros», la realidad es que la UCO cuenta con herramientas tecnológicas de las que carece la unidad coruñesa, y que posibilitan la obtención de información que, sin dichos artilugios, sería imposible conseguir. De no hacerlo, la búsqueda de la joven se hubiese basado principalmente en el trabajo hecho sobre el terreno.

Por otra parte, según indicaron en el entorno de cada uno de los padres de Diana Quer, no existe constancia de que los progenitores tengan previsto personarse en la causa judicial para tener acceso al sumario. En el caso de la madre, la decisión de su letrado, al menos hasta el día de ayer, se justificaba en que no dará el citado paso para evitar ponerse en el punto de mira por si se filtra el contenido de la investigación.

La investigación entra en una fase exclusivamente tecnológica

El levantamiento del secreto de sumario y el sobreseimiento de la causa iniciada por la desaparición de Diana Quer, todo ello decretado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ribeira, pone de manifiesto que la investigación entra en una fase basada únicamente en la parte tecnológica con el cotejo de un sinfín de datos obtenidos, principalmente, en teléfonos, repetidores de telefonía móvil y en cámaras de videovigilancia. Un trabajo, todo sea dicho, que ocupó, en los últimos ocho meses, una parte importantísima del tiempo dedicado a la localización de la joven, pero que todavía está lejos de completarse.

En el caso de que esa labor, aún por finalizar, cuaje en forma de líneas de investigación solventes, los agentes tendrán que dirigirse nuevamente al juzgado instructor para solicitar la suspensión del sobreseimiento provisional si entienden que hay motivaciones para practicar diligencias nuevas. La otra opción, apuntan fuentes judiciales, sería trasladar la petición al juzgado siempre que urja la adopción de medidas que ayuden a resolver el caso.

Dos semanas sin venir

El juez instructor trasladó a los agentes encargados del caso, antes de Semana Santa, su intención de levantar el secreto de sumario. La decisión no fue del agrado de los investigadores, que ni en la semana festiva, ni en la actual, han regresado de Madrid para retomar el trabajo. La presencia de estos agentes especializados de la UCO no pasa desapercibida en la Comandancia de A Coruña, en donde trabajan en un despacho de acceso limitado, de la misma manera que tampoco han sido vistos en los lugares que suelen frecuentar cuando se desplazaban a la comarca.

Lo cierto es que, en Madrid, la UCO está necesitando a todos los efectivos disponibles por la investigación iniciada por la presunta trama de corrupción en el Canal de Isabel II contra diferentes cargos públicos del PP y empresarios. Es más, la necesidad de refuerzos en la capital de España ha llegado a tal punto que se han trasladado varios agentes destinados en el ECO (unidad especializada en delitos contra el crimen organizado) de Galicia para colaborar en una investigación tan compleja y que acumula numerosos detenidos y registros en diferentes inmuebles de particulares y de empresas.

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